Levantada la huelga de un sector de transportistas, deben los involucrados en esta gran problemática, con el gobierno y los gremios a la cabeza, reflexionar sobre su papel y liderazgo en la construcción de una verdadera política nacional en este campo.
Lo primero que salta a la vista es que se necesita un transporte mucho más organizado, pero ello depende, básicamente, de una efectiva coordinación así como de la definición precisa de las responsabilidades entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. Allí en donde esta articulación está mejor –como Lima, Callao y Arequipa– se nota un mayor avance, pese a que algunos problemas agudos aún subsisten.
Si bien en el año 2009 se ha expedido un conjunto de normas y se han impulsado algunos cambios, no hay todavía definida una política de mediano y largo plazo ni podemos hablar de un transporte seguro y ordenado, ni tampoco del rejuvenecimiento de nuestro parque automotor. Intereses creados de diverso tipo, malas prácticas, uso y abuso de licencias y una generalizada resistencia al cambio, impiden dar en este crítico sector el salto adelante que el país necesita.
Se requiere universalizar las revisiones técnicas pero haciéndolas más eficientes y expeditivas, pensando en el usuario y en la colectividad con criterio de equidad, sin proponer disposiciones que no se cumplen por su inviabilidad ni medidas de una laxitud que terminan estimulando todas las irregularidades.
En cuanto al bono del chatarreo, como fórmula para modernizar el parque automotor capitalino, debe buscarse esa coordinación a la que aludimos con los gobiernos regionales y locales que estén dispuestos a compartir la solución de esta colosal pero absolutamente necesaria empresa.
En cuanto a la normativa es menester insistir en aquellos dispositivos que sean fruto del consenso y que puedan efectivamente ser vigiladas. Nada se logra con normas severas pero inaplicables, ni tampoco con aquellas benignas que nadie, por lo mismo, les hace caso.
Finalmente, es clave la educación vial. En tal sentido saludamos la decisión de capacitar a siete mil profesores en la materia y de iniciar el entrante año escolar con un curso alusivo en colegios y escuelas. De la misma forma, es imprescindible promover las escuelas de conductores en el país y para ello debe aprovecharse el contingente de reservistas de las Fuerzas Armadas así como de los alumnos de la Policía Nacional.
La solución de la problemática del transporte compete a todos y debe darse en democracia y participación, lo que no significa hacerlo a como dé lugar sino con disciplina y eficacia. Parte importante de esta tarea es la relación que el gobierno debe mantener con los gremios. Una relación de respeto y de diálogo pero enmarcada en la ley y el bien común.
EXPRESO
Lo primero que salta a la vista es que se necesita un transporte mucho más organizado, pero ello depende, básicamente, de una efectiva coordinación así como de la definición precisa de las responsabilidades entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. Allí en donde esta articulación está mejor –como Lima, Callao y Arequipa– se nota un mayor avance, pese a que algunos problemas agudos aún subsisten.
Si bien en el año 2009 se ha expedido un conjunto de normas y se han impulsado algunos cambios, no hay todavía definida una política de mediano y largo plazo ni podemos hablar de un transporte seguro y ordenado, ni tampoco del rejuvenecimiento de nuestro parque automotor. Intereses creados de diverso tipo, malas prácticas, uso y abuso de licencias y una generalizada resistencia al cambio, impiden dar en este crítico sector el salto adelante que el país necesita.
Se requiere universalizar las revisiones técnicas pero haciéndolas más eficientes y expeditivas, pensando en el usuario y en la colectividad con criterio de equidad, sin proponer disposiciones que no se cumplen por su inviabilidad ni medidas de una laxitud que terminan estimulando todas las irregularidades.
En cuanto al bono del chatarreo, como fórmula para modernizar el parque automotor capitalino, debe buscarse esa coordinación a la que aludimos con los gobiernos regionales y locales que estén dispuestos a compartir la solución de esta colosal pero absolutamente necesaria empresa.
En cuanto a la normativa es menester insistir en aquellos dispositivos que sean fruto del consenso y que puedan efectivamente ser vigiladas. Nada se logra con normas severas pero inaplicables, ni tampoco con aquellas benignas que nadie, por lo mismo, les hace caso.
Finalmente, es clave la educación vial. En tal sentido saludamos la decisión de capacitar a siete mil profesores en la materia y de iniciar el entrante año escolar con un curso alusivo en colegios y escuelas. De la misma forma, es imprescindible promover las escuelas de conductores en el país y para ello debe aprovecharse el contingente de reservistas de las Fuerzas Armadas así como de los alumnos de la Policía Nacional.
La solución de la problemática del transporte compete a todos y debe darse en democracia y participación, lo que no significa hacerlo a como dé lugar sino con disciplina y eficacia. Parte importante de esta tarea es la relación que el gobierno debe mantener con los gremios. Una relación de respeto y de diálogo pero enmarcada en la ley y el bien común.
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