César Hildebrandt
Columnista
Es imposible no reconocer el gesto de Jorge del Castillo al presentar a la Fiscal de la Nación un pedido para que se le investigue en relación con el fallido proceso de los petroaudios.
Sólo desde la mezquindad cainita de un Alva Castro, amigote inexplicable de un dueño de periódico muy próximo, puede negársele a Del Castillo el valor que ha tenido para demandar que se le averigüe y se le espulgue en torno al asqueroso asunto del señor Químper y del señor León y del señor Canaán y de la novia del ya pringado señor Guitiérrez.
El juez Barreto se ha negado a considerar correos y audios de este proceso malnacido porque fueron dizque “ilegalmente obtenidos”.
El juez Barreto va a terminar mal. Porque hay jurisprudencia respecto de este tema, jurisprudencia que Jorge del Castillo cita en su escrito dirigido a la Fiscal de la Nación:
“La posibilidad de indagar sobre las comunicaciones (audios y correos electrónicos) obtenidas ilegalmente...se basa en la Teoría de Ponderación de Intereses, aceptada por el Plenario Jurisdiccional de Vocales Superiores del 11 de diciembre del 2004, que en su quinto punto establece: “un interés mayor prevalece sobre un interés menor. Y si bien toda violación de derechos fundamentales de por sí ya es grave y acarrea la ilicitud de la prueba, el asunto cambia si lo sometemos a la ponderación del interés de mayor intensidad, como el que hay que sopesar cuando de por medio están los bienes jurídicos concurrentes en la criminalidad organizada o en delitos de estructura compleja...”
Pocas veces se ha visto que alguien construya un argumento tan sólido para exigir una investigación sobre su conducta. Sobre todo si se tiene en cuenta que el parlamentario aprista está pidiendo ser incluido en el escrutinio fiscal de los llamados “petroaudios”, un asunto en el que no ha estado comprendido y del que ha salido políticamente librado en la comisión congresal presidida por Daniel Abugattás.
Y hay que recordar que Del Castillo sabe de qué habla cuando se refiere a intereses mayores y menores.
Hace años, en 1999, cuando Alan García mandaba a Mantilla a negociar en la salita del SIN y la mitad del Apra –incluidos Garrido Lecca y Cabanillas- hablaban pestes de su líder, Jorge del Castillo me entregó, en las modestísimas oficinas de “Liberación” y a cambio de un conmovido “gracias”, las primeras pruebas bancarias de la ilícita y descomunal fortuna de Vladimiro Montesinos, el subjefe de la banda del Chino y sus pistoleros.
Las pruebas habían sido obtenidas “ilegalmente” gracias a la cuñada de Del Castillo, trabajadora del banco preferido del mafioso, es decir el Wiese.
Esa formal “ilegalidad” fue esgrimida por el patético fiscal de la nación (así con minúsculas) de aquel entonces, el dos veces malogrado doctor Miguel Aljovín, el tío de ya saben quién.
Ese fue el comienzo de la gran batalla que terminó ganando la decencia. Y de esa época viene el odio que a Jorge del Castillo le profesan los fujimoristas, en general, y algunos aprofujimoristas, en particular.
Mi respeto por Jorge del Castillo se renovó en ese momento.
Es un respeto que, desde luego, terminará públicamente -y de modo definitivo- si la fiscal Gladys Echaíz, que ha acogido el planteamiento de empezar una investigación en regla, demuestra que las visitas que Del Castillo hizo a Canaán en el Country Club de Lima fueron algo más que impertinentes, desafortunadas, o lamentables. O que sus contactos con Rómulo León fueron algo más que repelentes concesiones a eso que algunos llaman, con harta huachafería y suma temeridad, “la incondicionalidad de la amistad”
Mientras tanto, sólo queda decir que Del Castillo ha dado un ejemplo. Un ejemplo que muy pocos podrían seguir. Ni Kouri ni Alva Castro, por ejemplo. Ni García, desde luego.
LA PRIMERA
Columnista
Es imposible no reconocer el gesto de Jorge del Castillo al presentar a la Fiscal de la Nación un pedido para que se le investigue en relación con el fallido proceso de los petroaudios.
Sólo desde la mezquindad cainita de un Alva Castro, amigote inexplicable de un dueño de periódico muy próximo, puede negársele a Del Castillo el valor que ha tenido para demandar que se le averigüe y se le espulgue en torno al asqueroso asunto del señor Químper y del señor León y del señor Canaán y de la novia del ya pringado señor Guitiérrez.
El juez Barreto se ha negado a considerar correos y audios de este proceso malnacido porque fueron dizque “ilegalmente obtenidos”.
El juez Barreto va a terminar mal. Porque hay jurisprudencia respecto de este tema, jurisprudencia que Jorge del Castillo cita en su escrito dirigido a la Fiscal de la Nación:
“La posibilidad de indagar sobre las comunicaciones (audios y correos electrónicos) obtenidas ilegalmente...se basa en la Teoría de Ponderación de Intereses, aceptada por el Plenario Jurisdiccional de Vocales Superiores del 11 de diciembre del 2004, que en su quinto punto establece: “un interés mayor prevalece sobre un interés menor. Y si bien toda violación de derechos fundamentales de por sí ya es grave y acarrea la ilicitud de la prueba, el asunto cambia si lo sometemos a la ponderación del interés de mayor intensidad, como el que hay que sopesar cuando de por medio están los bienes jurídicos concurrentes en la criminalidad organizada o en delitos de estructura compleja...”
Pocas veces se ha visto que alguien construya un argumento tan sólido para exigir una investigación sobre su conducta. Sobre todo si se tiene en cuenta que el parlamentario aprista está pidiendo ser incluido en el escrutinio fiscal de los llamados “petroaudios”, un asunto en el que no ha estado comprendido y del que ha salido políticamente librado en la comisión congresal presidida por Daniel Abugattás.
Y hay que recordar que Del Castillo sabe de qué habla cuando se refiere a intereses mayores y menores.
Hace años, en 1999, cuando Alan García mandaba a Mantilla a negociar en la salita del SIN y la mitad del Apra –incluidos Garrido Lecca y Cabanillas- hablaban pestes de su líder, Jorge del Castillo me entregó, en las modestísimas oficinas de “Liberación” y a cambio de un conmovido “gracias”, las primeras pruebas bancarias de la ilícita y descomunal fortuna de Vladimiro Montesinos, el subjefe de la banda del Chino y sus pistoleros.
Las pruebas habían sido obtenidas “ilegalmente” gracias a la cuñada de Del Castillo, trabajadora del banco preferido del mafioso, es decir el Wiese.
Esa formal “ilegalidad” fue esgrimida por el patético fiscal de la nación (así con minúsculas) de aquel entonces, el dos veces malogrado doctor Miguel Aljovín, el tío de ya saben quién.
Ese fue el comienzo de la gran batalla que terminó ganando la decencia. Y de esa época viene el odio que a Jorge del Castillo le profesan los fujimoristas, en general, y algunos aprofujimoristas, en particular.
Mi respeto por Jorge del Castillo se renovó en ese momento.
Es un respeto que, desde luego, terminará públicamente -y de modo definitivo- si la fiscal Gladys Echaíz, que ha acogido el planteamiento de empezar una investigación en regla, demuestra que las visitas que Del Castillo hizo a Canaán en el Country Club de Lima fueron algo más que impertinentes, desafortunadas, o lamentables. O que sus contactos con Rómulo León fueron algo más que repelentes concesiones a eso que algunos llaman, con harta huachafería y suma temeridad, “la incondicionalidad de la amistad”
Mientras tanto, sólo queda decir que Del Castillo ha dado un ejemplo. Un ejemplo que muy pocos podrían seguir. Ni Kouri ni Alva Castro, por ejemplo. Ni García, desde luego.
LA PRIMERA
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