La creación de regiones y la implementación de los gobiernos regionales fueron claros avances dentro del proceso de descentralización política del Estado. Sin embargo, como lo ha probado la experiencia, se torna urgente hacer varios ajustes para garantizar la eficiencia, participación y legitimidad democrática de dichos gobiernos.
Tales son las coordenadas que debieran guiar el debate congresal de hoy, cuando se ha programado evaluar la incorporación de la segunda vuelta para elegir a los gobiernos regionales, así como el número y elección de los miembros del consejo regional. Eso, así como la inscripción de los movimientos, organizaciones y alianzas políticas, implica modificar la Ley Orgánica de Elecciones Regionales y otras normas vinculadas.
Para todo ello es necesario construir consensos políticos que deben partir de un debate objetivo, por encima de intereses politiqueros o electoreros. Enfatizar esto es pertinente dados los anuncios de eventuales alianzas con movimientos regionales, de cara a los próximos procesos regionales o nacionales.
¿Por qué es conveniente y necesaria una segunda vuelta en las elecciones regionales? Pues, antes que nada, para evitar que algunos candidatos resulten elegidos con apenas 18% de votos, lo que les resta legitimidad y capacidad de gestión. Es más, en los comicios del 2006 solo 12 de los 25 actuales presidentes regionales superaron el 30% de los votos.
Con una segunda vuelta, como sucede en otro tipo de comicios, se asegura que el contendor logre una mayoría simple pero significativa y representativa, que le dé autoridad democrática y moral para actuar sin temores ni suspicacias.
La otra cara de la moneda tiene que ver con los conflictos: un presidente regional (o un alcalde) con mayor legitimidad y respaldo democráticos estará en mejor posición de enfrentar los problemas y cuestionamientos que se le presenten.
Una de las principales causas de los conflictos, luego del cuidado medioambiental, es precisamente la figura de la vacancia, más recurrente y peligrosa cuando se usa como herramienta politiquera para expulsar a autoridades elegidas con baja votación.
Haber sido elegido legalmente por sustantiva mayoría popular sería un argumento fuerte contra estas maniobras, que asegura además la estabilidad política de las regiones y podría permitir que se aborde problemas con una perspectiva más amplia. Por ejemplo, sería más factible que presidentes regionales sólidamente legitimados se atrevan a poner en debate temas complejos como la fusión de regiones, así como otros proyectos de desarrollo que serían más rentables y provechosos si son abordados por dos o más regiones.
En suma, la segunda vuelta en las elecciones regionales tiene enormes ventajas y se torna absolutamente necesaria, sobre todo ahora que el Gobierno Central se ha propuesto seguir transfiriendo más competencias, funciones y presupuestos a los gobiernos regionales y locales. El Congreso no puede dejar pasar la oportunidad de fortalecerlos democráticamente, para que puedan consolidarse como instrumentos de descentralización y asumir su responsabilidad de promover el desarrollo productivo, la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
EL COMERCIO
Tales son las coordenadas que debieran guiar el debate congresal de hoy, cuando se ha programado evaluar la incorporación de la segunda vuelta para elegir a los gobiernos regionales, así como el número y elección de los miembros del consejo regional. Eso, así como la inscripción de los movimientos, organizaciones y alianzas políticas, implica modificar la Ley Orgánica de Elecciones Regionales y otras normas vinculadas.
Para todo ello es necesario construir consensos políticos que deben partir de un debate objetivo, por encima de intereses politiqueros o electoreros. Enfatizar esto es pertinente dados los anuncios de eventuales alianzas con movimientos regionales, de cara a los próximos procesos regionales o nacionales.
¿Por qué es conveniente y necesaria una segunda vuelta en las elecciones regionales? Pues, antes que nada, para evitar que algunos candidatos resulten elegidos con apenas 18% de votos, lo que les resta legitimidad y capacidad de gestión. Es más, en los comicios del 2006 solo 12 de los 25 actuales presidentes regionales superaron el 30% de los votos.
Con una segunda vuelta, como sucede en otro tipo de comicios, se asegura que el contendor logre una mayoría simple pero significativa y representativa, que le dé autoridad democrática y moral para actuar sin temores ni suspicacias.
La otra cara de la moneda tiene que ver con los conflictos: un presidente regional (o un alcalde) con mayor legitimidad y respaldo democráticos estará en mejor posición de enfrentar los problemas y cuestionamientos que se le presenten.
Una de las principales causas de los conflictos, luego del cuidado medioambiental, es precisamente la figura de la vacancia, más recurrente y peligrosa cuando se usa como herramienta politiquera para expulsar a autoridades elegidas con baja votación.
Haber sido elegido legalmente por sustantiva mayoría popular sería un argumento fuerte contra estas maniobras, que asegura además la estabilidad política de las regiones y podría permitir que se aborde problemas con una perspectiva más amplia. Por ejemplo, sería más factible que presidentes regionales sólidamente legitimados se atrevan a poner en debate temas complejos como la fusión de regiones, así como otros proyectos de desarrollo que serían más rentables y provechosos si son abordados por dos o más regiones.
En suma, la segunda vuelta en las elecciones regionales tiene enormes ventajas y se torna absolutamente necesaria, sobre todo ahora que el Gobierno Central se ha propuesto seguir transfiriendo más competencias, funciones y presupuestos a los gobiernos regionales y locales. El Congreso no puede dejar pasar la oportunidad de fortalecerlos democráticamente, para que puedan consolidarse como instrumentos de descentralización y asumir su responsabilidad de promover el desarrollo productivo, la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
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