Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Ponerse atractivo con la plata de todos.
La norma parece hecha a la medida del inmenso ‘ego céntrico’ que impulsa a Luis Castañeda a llenar la ciudad –especialmente el centro de la misma– con carteles que lo asocian a cuanta obra pueda –grande o chica–, pero la verdad es que el proyecto de ley que prohíbe la colocación de anuncios con los nombres de los alcaldes va a afectar los sueños de grandeza de los burgomaestres provinciales y distritales de todo el país.
Y está muy bien que sea así, pues resulta toda una impertinencia que las autoridades municipales se dediquen, con la mayor frescura y desparpajo, a promover su imagen personal, mejorar su popularidad y fortalecer su próxima candidatura con los recursos públicos de su administración.
Hay algunas obras, sin embargo, que están tan mal hechas o cuyo avance es tan lento, en las que no sería una mala idea obligar a poner el nombre y foto del alcalde responsable del proyecto que está causando a los vecinos molestias que van mucho más allá de lo razonable.
La iniciativa fue de Rosa Florián, presidenta de la Comisión de Descentralización, y luego el pleno del Congreso la aprobó como una modificación de la ley orgánica de municipalidades. De acuerdo con la misma, la publicidad sobre obras públicas no podrá contener el nombre del burgomaestre ni los colores o signos distintivos de alguna organización política de tal forma que la ciudadanía lo relacione, directa o indirectamente, con esta o con el gobierno local de turno. En realidad, la medida ya estaba en la legislación vigente, pero no era acatada.
Ahora se espera que el presidente Alan García promulgue la ley que les impedirá a las autoridades ediles utilizar avisos públicos para publicitarse ellas mismas. Pero el jefe de Estado debiera ir más allá y extender la prohibición a los presidentes regionales y, por qué no, también a los ministros e, incluso, a él mismo en su condición de presidente de la República.
Ello evitará que se piense que esta norma, que está dirigida a restringir el uso abusivo del nombre de los alcaldes en las obras públicas, tiene nombre propio o que está vinculada a las próximas elecciones municipales y regionales de 2010, ni a las presidenciales y parlamentarias de abril de 2011.
Esta ley puede parecer anecdótica, pero en realidad su importancia puede ser mayor de lo que se cree pues apunta a corregir un problema de fondo: el uso indecente de los recursos públicos para fines particulares. Como es evidente, poner un cartel con el nombre de la autoridad en una obra no es la única forma de usar el poder para beneficio individual de la autoridad, sino que existen muchas maneras de utilización corrupta de los dineros públicos para mejorar una imagen política.
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Ponerse atractivo con la plata de todos.
La norma parece hecha a la medida del inmenso ‘ego céntrico’ que impulsa a Luis Castañeda a llenar la ciudad –especialmente el centro de la misma– con carteles que lo asocian a cuanta obra pueda –grande o chica–, pero la verdad es que el proyecto de ley que prohíbe la colocación de anuncios con los nombres de los alcaldes va a afectar los sueños de grandeza de los burgomaestres provinciales y distritales de todo el país.
Y está muy bien que sea así, pues resulta toda una impertinencia que las autoridades municipales se dediquen, con la mayor frescura y desparpajo, a promover su imagen personal, mejorar su popularidad y fortalecer su próxima candidatura con los recursos públicos de su administración.
Hay algunas obras, sin embargo, que están tan mal hechas o cuyo avance es tan lento, en las que no sería una mala idea obligar a poner el nombre y foto del alcalde responsable del proyecto que está causando a los vecinos molestias que van mucho más allá de lo razonable.
La iniciativa fue de Rosa Florián, presidenta de la Comisión de Descentralización, y luego el pleno del Congreso la aprobó como una modificación de la ley orgánica de municipalidades. De acuerdo con la misma, la publicidad sobre obras públicas no podrá contener el nombre del burgomaestre ni los colores o signos distintivos de alguna organización política de tal forma que la ciudadanía lo relacione, directa o indirectamente, con esta o con el gobierno local de turno. En realidad, la medida ya estaba en la legislación vigente, pero no era acatada.
Ahora se espera que el presidente Alan García promulgue la ley que les impedirá a las autoridades ediles utilizar avisos públicos para publicitarse ellas mismas. Pero el jefe de Estado debiera ir más allá y extender la prohibición a los presidentes regionales y, por qué no, también a los ministros e, incluso, a él mismo en su condición de presidente de la República.
Ello evitará que se piense que esta norma, que está dirigida a restringir el uso abusivo del nombre de los alcaldes en las obras públicas, tiene nombre propio o que está vinculada a las próximas elecciones municipales y regionales de 2010, ni a las presidenciales y parlamentarias de abril de 2011.
Esta ley puede parecer anecdótica, pero en realidad su importancia puede ser mayor de lo que se cree pues apunta a corregir un problema de fondo: el uso indecente de los recursos públicos para fines particulares. Como es evidente, poner un cartel con el nombre de la autoridad en una obra no es la única forma de usar el poder para beneficio individual de la autoridad, sino que existen muchas maneras de utilización corrupta de los dineros públicos para mejorar una imagen política.
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