La idea de modificar la Ley Orgánica de Municipalidades a fin de que los alcaldes no se hagan propaganda con las obras que con el dinero de los vecinos realizan me parece muy buena. Pero es insuficiente.
Todos los alcaldes del país, con excepción del de Lima, no gastan tanto como el presidente Alan García en hacerse propaganda con dinero público.
Lo grave no son sólo los carteles y las pintas callejeras, y las gigantografías con la imagen de García, sino la publicidad, evidentemente pagada, en prensa, radio y televisión. Aparte de que el diario oficial El Peruano es hoy melosa crónica personal del mandatario.
Tiempo atrás comentamos el libro El precio del silencio, publicado en el 2008 por el Open Society Institute (Instituto Sociedad Abierta) de Estados Unidos. Allí se analiza el papel de soborno que suele desempeñar la publicidad estatal en nuestros países.
El subtítulo del estudio es Abuso de publicidad estatal y otras formas de censura indirecta en América Latina.
Se trata de una vasta exploración de los desmanes que cometen los gobiernos latinoamericanos al emplear la publicidad para comprar línea editorial, captar adulación, difundir mentiras y, por supuesto, silencio para lo que quieren silenciar. El periodismo se ve así invadido por la prensa que calla, la prensa que miente.
El doctor García no queda muy bien parado en el informe. En el capítulo referente al Perú se historia cómo el gobierno de Alberto Fujimori “realizó grandes pagos a los medios de comunicación a cambio de que modificaran sus posturas editoriales”.
“Alan García”, expresa el texto, “prometió durante su campaña electoral disminuir los gastos públicos excesivos e innecesarios. Entre las medidas de austeridad, su gobierno propuso una ley que regulara los procedimientos de publicidad oficial a nivel local y nacional, que fue aprobada por el Congreso peruano el 14 de agosto del 2006, sin demasiado debate y con mínima repercusión en la prensa peruana”.
Agrega el estudio: “Varias de las disposiciones de la norma constituyen un paso en la dirección correcta. Por ejemplo, el texto contiene una prohibición expresa de que aparezcan funcionarios públicos en los avisos financiados por el Estado y veda la publicidad que beneficie a cualquier partido o candidato”.
Luego viene la crítica: “la ley carece de precisión. Por sobre todo, no especifica criterios cuantitativos u otros criterios objetivos para la asignación de publicidad, ni cómo medir factores como la audiencia a la que se apunta, rating o tirada y precio. Más aún, establece que los organismos públicos no deben privilegiar solamente a un medio de comunicación”.
Los gastos excesivos siguen allí, en carreteras, calles y televisores del país. El dinero para pagar calumnias circula en grandes y variadas cantidades.
LA PRIMERA
Todos los alcaldes del país, con excepción del de Lima, no gastan tanto como el presidente Alan García en hacerse propaganda con dinero público.
Lo grave no son sólo los carteles y las pintas callejeras, y las gigantografías con la imagen de García, sino la publicidad, evidentemente pagada, en prensa, radio y televisión. Aparte de que el diario oficial El Peruano es hoy melosa crónica personal del mandatario.
Tiempo atrás comentamos el libro El precio del silencio, publicado en el 2008 por el Open Society Institute (Instituto Sociedad Abierta) de Estados Unidos. Allí se analiza el papel de soborno que suele desempeñar la publicidad estatal en nuestros países.
El subtítulo del estudio es Abuso de publicidad estatal y otras formas de censura indirecta en América Latina.
Se trata de una vasta exploración de los desmanes que cometen los gobiernos latinoamericanos al emplear la publicidad para comprar línea editorial, captar adulación, difundir mentiras y, por supuesto, silencio para lo que quieren silenciar. El periodismo se ve así invadido por la prensa que calla, la prensa que miente.
El doctor García no queda muy bien parado en el informe. En el capítulo referente al Perú se historia cómo el gobierno de Alberto Fujimori “realizó grandes pagos a los medios de comunicación a cambio de que modificaran sus posturas editoriales”.
“Alan García”, expresa el texto, “prometió durante su campaña electoral disminuir los gastos públicos excesivos e innecesarios. Entre las medidas de austeridad, su gobierno propuso una ley que regulara los procedimientos de publicidad oficial a nivel local y nacional, que fue aprobada por el Congreso peruano el 14 de agosto del 2006, sin demasiado debate y con mínima repercusión en la prensa peruana”.
Agrega el estudio: “Varias de las disposiciones de la norma constituyen un paso en la dirección correcta. Por ejemplo, el texto contiene una prohibición expresa de que aparezcan funcionarios públicos en los avisos financiados por el Estado y veda la publicidad que beneficie a cualquier partido o candidato”.
Luego viene la crítica: “la ley carece de precisión. Por sobre todo, no especifica criterios cuantitativos u otros criterios objetivos para la asignación de publicidad, ni cómo medir factores como la audiencia a la que se apunta, rating o tirada y precio. Más aún, establece que los organismos públicos no deben privilegiar solamente a un medio de comunicación”.
Los gastos excesivos siguen allí, en carreteras, calles y televisores del país. El dinero para pagar calumnias circula en grandes y variadas cantidades.
LA PRIMERA
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