Pese a que la mayoría de personas en el país, que es víctima de los antisociales bajo las más diversas modalidades delictivas, no denuncia ante la Policía a sus agresores, el trabajo de la Fiscalía es actualmente arduo y recargado. ¿Qué pasaría si todos los ciudadanos denunciaran a los malhechores, quienes muchas veces son plenamente identificados por los que sufrieron el robo de sus pertenencias, algún delito contra el pudor o lesiones? Sencillamente la labor de las Fiscalías colapsaría. Esta conclusión preliminar debería hacernos comprender que el Ministerio Público necesita de más apoyo por parte del Estado y la sociedad, a fin de que cuente con el personal idóneo en número y calidad profesional, o para que posea la infraestructura, logística y eficiencia que permita estar a tiempo al lado de la autoridad policial para investigar el delito y formular las acusaciones a que hubiere lugar.
Sin embargo, una de las áreas del Ministerio Público más importante, y que requiere mayor atención pues hasta ahora nadie se ha fijado en lo estratégico de su “repotenciación”, es la Fiscalía de Menores, ya que en ésta es donde se puede hacer mucho por la prevención del delito, por la rehabilitación del delincuente y la construcción –a futuro– de una sociedad segura, pacífica y saludable. No olvidemos que la mayor cantidad de ilícitos que se comete a diario en el país está constituida por los delitos contra el patrimonio, y quienes los perpetran son menores (muchachos de 15, 16 o 17 años de edad), pero que actúan como adultos avezados desde el momento que portan armas de fuego, cuchillos y machetes. Y si se encuentran con los efectos de alucinógenos son muy peligrosos para la vida humana.
Lamentablemente, cuando una persona es asaltada por esos malhechores juveniles, la condición de menor de edad les facilita casi siempre la impunidad. La Policía no puede actuar directamente contra ellos y tiene que citar a sus progenitores o tutores una, dos o tres veces a las investigaciones de rigor y en presencia del fiscal de menores. Y si no concurren esos adolescentes ni sus progenitores, en la práctica no pasará nada, materializándose así una total injusticia. Es decir los días, las semanas transcurrirán y todo quedará en el olvido, ni la Policía ni la Fiscalía se interesará en resolver el caso, salvo que el propio denunciante ponga todo de su parte y de su tiempo.
Cambiemos esta pésima fotografía que existe en las comisarías y fiscalías del país. Para ello hay que dotar de mística y recursos materiales a los agentes policiales y a los fiscales. No queremos tampoco que recurran al pretexto de no contar con las herramientas necesarias a su alcance para justificar su “pachocha”. Pero proponemos ir más allá, pues así se les entregara todas las facilidades, no podrían hacer mucho desde el momento mismo que no existen en el Perú programas bien administrados para la rehabilitación de los adolescentes acostumbrados al hurto o al pandillaje, quienes roban generalmente motivados por el consumo de drogas. Es más, el país no cuenta aún con una verdadera red de reformatorios para menores, por lo que muchos, pese a haber sido denunciados por la Fiscalía, terminan con sus expedientes en el olvido burocrático y con las víctimas (incluso las fatales) sin haber sido resarcidas ni por el delincuente ni por el Estado.
EXPRESO
Sin embargo, una de las áreas del Ministerio Público más importante, y que requiere mayor atención pues hasta ahora nadie se ha fijado en lo estratégico de su “repotenciación”, es la Fiscalía de Menores, ya que en ésta es donde se puede hacer mucho por la prevención del delito, por la rehabilitación del delincuente y la construcción –a futuro– de una sociedad segura, pacífica y saludable. No olvidemos que la mayor cantidad de ilícitos que se comete a diario en el país está constituida por los delitos contra el patrimonio, y quienes los perpetran son menores (muchachos de 15, 16 o 17 años de edad), pero que actúan como adultos avezados desde el momento que portan armas de fuego, cuchillos y machetes. Y si se encuentran con los efectos de alucinógenos son muy peligrosos para la vida humana.
Lamentablemente, cuando una persona es asaltada por esos malhechores juveniles, la condición de menor de edad les facilita casi siempre la impunidad. La Policía no puede actuar directamente contra ellos y tiene que citar a sus progenitores o tutores una, dos o tres veces a las investigaciones de rigor y en presencia del fiscal de menores. Y si no concurren esos adolescentes ni sus progenitores, en la práctica no pasará nada, materializándose así una total injusticia. Es decir los días, las semanas transcurrirán y todo quedará en el olvido, ni la Policía ni la Fiscalía se interesará en resolver el caso, salvo que el propio denunciante ponga todo de su parte y de su tiempo.
Cambiemos esta pésima fotografía que existe en las comisarías y fiscalías del país. Para ello hay que dotar de mística y recursos materiales a los agentes policiales y a los fiscales. No queremos tampoco que recurran al pretexto de no contar con las herramientas necesarias a su alcance para justificar su “pachocha”. Pero proponemos ir más allá, pues así se les entregara todas las facilidades, no podrían hacer mucho desde el momento mismo que no existen en el Perú programas bien administrados para la rehabilitación de los adolescentes acostumbrados al hurto o al pandillaje, quienes roban generalmente motivados por el consumo de drogas. Es más, el país no cuenta aún con una verdadera red de reformatorios para menores, por lo que muchos, pese a haber sido denunciados por la Fiscalía, terminan con sus expedientes en el olvido burocrático y con las víctimas (incluso las fatales) sin haber sido resarcidas ni por el delincuente ni por el Estado.
EXPRESO
No hay comentarios:
Publicar un comentario