Nos parece que es un buen paso en el camino a que se evite la utilización de recursos públicos con fines partidarios el proyecto aprobado en la última sesión del Congreso. Esta norma prohibiría la colocación de símbolos políticos o del nombre de los alcaldes cuando, a través de letreros o paneles, estos den cuenta a la ciudadanía de las obras efectuadas por cada alcaldía.
Sin embargo, la norma tiene un fuerte olor discriminatorio, ya que se aplica a un solo nivel de gobierno. Con ella continúan libres, para seguir beneficiándose de la publicidad estatal que pagamos todos los peruanos, tanto los gobiernos regionales como el central, para promover la imagen de algún ministro o gobernante.
En realidad, lo que debería ser una necesaria comunicación del Estado a sus ciudadanos, para mantenerlos informados del buen uso que se les da a sus tributos, siempre termina reflejando, de alguna manera, publicidad partidaria con fines electorales. En nuestro país, lograr separar al Estado del gobierno de turno, y a este del partido a cargo, nunca se ha logrado.
Para ello se requeriría de una madurez política y de un grado de institucionalidad que no hemos alcanzado. Por lo tanto, es un esquema práctico –al ser sencillo de implementar y de fiscalizar– el, simplemente, prohibir cualquier mención personal o partidaria en la publicidad estatal.
Incluso el actual presidente, cuando era candidato, ante el evidente abuso que hizo el gobierno anterior de la publicidad, ofreció limitar significativamente su utilización. Lamentablemente, habiendo pasado más de la mitad de su mandato, ese ofrecimiento ya ha sido claramente olvidado, como lo demuestra el considerable aumento en la publicidad gubernamental, que parece diseñada con un claro objetivo electoral.
Por tanto, la norma no será un avance en nuestro desarrollo como sociedad o en la búsqueda de mayor transparencia en el uso de fondos públicos si no se incluye en sus alcances al Ejecutivo y a los gobiernos regionales. Caso contrario, quedará como una muestra más de legislación dirigida solo para perjudicar a potenciales rivales electorales, modalidad que es utilizada con frecuencia por nuestros congresistas. Así que es difícil creer que el Parlamento quiera realmente impedir el uso indebido que hacen los gobiernos del dinero de los peruanos para promover su imagen partidaria con fines electorales.
PERU 21
Sin embargo, la norma tiene un fuerte olor discriminatorio, ya que se aplica a un solo nivel de gobierno. Con ella continúan libres, para seguir beneficiándose de la publicidad estatal que pagamos todos los peruanos, tanto los gobiernos regionales como el central, para promover la imagen de algún ministro o gobernante.
En realidad, lo que debería ser una necesaria comunicación del Estado a sus ciudadanos, para mantenerlos informados del buen uso que se les da a sus tributos, siempre termina reflejando, de alguna manera, publicidad partidaria con fines electorales. En nuestro país, lograr separar al Estado del gobierno de turno, y a este del partido a cargo, nunca se ha logrado.
Para ello se requeriría de una madurez política y de un grado de institucionalidad que no hemos alcanzado. Por lo tanto, es un esquema práctico –al ser sencillo de implementar y de fiscalizar– el, simplemente, prohibir cualquier mención personal o partidaria en la publicidad estatal.
Incluso el actual presidente, cuando era candidato, ante el evidente abuso que hizo el gobierno anterior de la publicidad, ofreció limitar significativamente su utilización. Lamentablemente, habiendo pasado más de la mitad de su mandato, ese ofrecimiento ya ha sido claramente olvidado, como lo demuestra el considerable aumento en la publicidad gubernamental, que parece diseñada con un claro objetivo electoral.
Por tanto, la norma no será un avance en nuestro desarrollo como sociedad o en la búsqueda de mayor transparencia en el uso de fondos públicos si no se incluye en sus alcances al Ejecutivo y a los gobiernos regionales. Caso contrario, quedará como una muestra más de legislación dirigida solo para perjudicar a potenciales rivales electorales, modalidad que es utilizada con frecuencia por nuestros congresistas. Así que es difícil creer que el Parlamento quiera realmente impedir el uso indebido que hacen los gobiernos del dinero de los peruanos para promover su imagen partidaria con fines electorales.
PERU 21
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