La violencia desatada en torno a los comicios internos en el Partido Aprista no solo ha empañado ese acto electoral cumplido en 1.100 centros de votación en el país. También ha puesto en evidencia un problema compartido por todos los partidos y movimientos políticos: el incumplimiento de las normas electorales vigentes y su renuencia de democratizarse hacia dentro, es decir, de someterse a primarias internas transparentes.
No puede obviarse que todo esto sucede porque la Ley de Partidos vigente sigue coja: es decir, si bien instaura las elecciones primarias para garantizar la transparencia en la alternancia de poder dentro de las estructuras políticas, al mismo tiempo permite que esta exigencia pueda ser resuelta por los congresos o asambleas partidarias. En otras palabras, crea un mecanismo de control político, pero alienta la manipulación y el caudillismo.
Por eso, resulta desalentador y grave que el Congreso de la República, cuyos miembros son actores directos en este proceso, se haya negado de manera convenida a corregir el carácter mediatizado de la ley vigente y los vacíos que acaban de patentizarse incluso en las elecciones internas del partido más institucionalizado del país.
Si esto ha pasado en el Apra, qué se puede esperar del resto de agrupaciones, sobre todo de aquellas que históricamente se han creado de manera coyuntural ad portas de cada proceso electoral, y en las cuales suele predominar la decisión del caudillo para decidir: uno, qué lugar ocupa tal o cual miembro de partido en la lista al Parlamento, y dos si se busca candidatos fuera de las organizaciones como si fueran “atrapalotodo”. Hoy la Ley de Partidos Políticos alienta esta práctica cuando autoriza que pueden tener un 20% de invitados en sus listas parlamentarias.
Ante este panorama, la única esperanza es que todas las agrupaciones —tradicionales o nuevas— decidan hacer política con reglas claras; esto es, que adhieran a las primarias internas supervisadas técnicamente. Y para esto se requiere dar luz verde al debate de los dos proyectos que existen en el Congreso para instaurar la participación obligatoria de la ONPE.
Esto es más urgente aun cuando la mayoría de las bancadas votó la semana pasada en contra de la suspensión del voto preferencial, manteniendo una figura que si bien permite que los ciudadanos elijan a los candidatos de su predilección, garantiza el efecto arrastre o el ingreso al Congreso de los primeros lugares en las listas partidarias, puestos allí no necesariamente en virtud de la excelencia de sus hojas de vida.
Los partidos deberían entender que no recobrarán la confianza del electorado si no se someten al escrutinio de las elecciones internas (tampoco alentarán la renovación de cuadros o el ingreso de jóvenes valores que podrían mejorar la calidad de la democracia representativa, hoy sinónimo de componenda o arreglo medroso). Es más, los que no se sometieron a las primarias tampoco deberían tentar la Presidencia de la República o una curul en el Congreso. Dentro de la Ciencia Política moderna, esta es la diferencia entre un partido maduro y un “outsider”.
Lamentablemente, como lo prueban las accidentadas elecciones apristas, las instituciones partidarias todavía se resisten a aceptar que deben fortalecerse y modernizarse, y que un camino para ello es alentar la democracia interna a fin de poner coto a retrógrados caudillismos.
EL COMERCIO
No puede obviarse que todo esto sucede porque la Ley de Partidos vigente sigue coja: es decir, si bien instaura las elecciones primarias para garantizar la transparencia en la alternancia de poder dentro de las estructuras políticas, al mismo tiempo permite que esta exigencia pueda ser resuelta por los congresos o asambleas partidarias. En otras palabras, crea un mecanismo de control político, pero alienta la manipulación y el caudillismo.
Por eso, resulta desalentador y grave que el Congreso de la República, cuyos miembros son actores directos en este proceso, se haya negado de manera convenida a corregir el carácter mediatizado de la ley vigente y los vacíos que acaban de patentizarse incluso en las elecciones internas del partido más institucionalizado del país.
Si esto ha pasado en el Apra, qué se puede esperar del resto de agrupaciones, sobre todo de aquellas que históricamente se han creado de manera coyuntural ad portas de cada proceso electoral, y en las cuales suele predominar la decisión del caudillo para decidir: uno, qué lugar ocupa tal o cual miembro de partido en la lista al Parlamento, y dos si se busca candidatos fuera de las organizaciones como si fueran “atrapalotodo”. Hoy la Ley de Partidos Políticos alienta esta práctica cuando autoriza que pueden tener un 20% de invitados en sus listas parlamentarias.
Ante este panorama, la única esperanza es que todas las agrupaciones —tradicionales o nuevas— decidan hacer política con reglas claras; esto es, que adhieran a las primarias internas supervisadas técnicamente. Y para esto se requiere dar luz verde al debate de los dos proyectos que existen en el Congreso para instaurar la participación obligatoria de la ONPE.
Esto es más urgente aun cuando la mayoría de las bancadas votó la semana pasada en contra de la suspensión del voto preferencial, manteniendo una figura que si bien permite que los ciudadanos elijan a los candidatos de su predilección, garantiza el efecto arrastre o el ingreso al Congreso de los primeros lugares en las listas partidarias, puestos allí no necesariamente en virtud de la excelencia de sus hojas de vida.
Los partidos deberían entender que no recobrarán la confianza del electorado si no se someten al escrutinio de las elecciones internas (tampoco alentarán la renovación de cuadros o el ingreso de jóvenes valores que podrían mejorar la calidad de la democracia representativa, hoy sinónimo de componenda o arreglo medroso). Es más, los que no se sometieron a las primarias tampoco deberían tentar la Presidencia de la República o una curul en el Congreso. Dentro de la Ciencia Política moderna, esta es la diferencia entre un partido maduro y un “outsider”.
Lamentablemente, como lo prueban las accidentadas elecciones apristas, las instituciones partidarias todavía se resisten a aceptar que deben fortalecerse y modernizarse, y que un camino para ello es alentar la democracia interna a fin de poner coto a retrógrados caudillismos.
EL COMERCIO
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