En el accidentado trajinar congresal de estos días, hay una noticia que no debe pasar desapercibida: el rápido descarte del proyecto de ley que prohibía la reelección de los presidentes regionales y alcaldes, a través de una modificación a la Ley de Elecciones Regionales.
¿Qué hay detrás de esto? Pues un obsoleto y equivocado enfoque, que no es ajeno al cabildeo (“lobby”) de los propios alcaldes y presidentes regionales ni al espíritu de cuerpo parlamentario, pero que se opone a la esencia misma del sistema democrático.
Efectivamente, la democracia implica no solo el voto universal, el equilibrio, balance y separación de poderes, y el respeto tanto de mayorías y minorías. En su desarrollo, el sistema democrático incorporó también como uno de sus pilares la alternancia, es decir la exigencia de un cambio periódico de los gobernantes elegidos, precisamente para evitar los vicios del autoritarismo y las dictaduras, que con su atornillamiento en el poder terminan inevitablemente en abusos y escandalosa corrupción.
Es lo que, de modo firme y claro, ha explicado Mario Vargas Llosa al recusar el ansia reeleccionista no solo de presidentes polémicos y autoritarios como Hugo Chávez y Evo Morales, sino también de Álvaro Uribe, a pesar de su buena gestión, que quieren cambiar la Constitución para reelegirse indefinidamente.
Los peruanos hemos sufrido en carne propia estos excesos, cuando el régimen fujimontesinista pretendió implantar la re-reelección, con todas las nefastas consecuencias para el desarrollo y la salud democrática y moral de la nación.
Por todo ello es urgente y prioritario para nuestro país colocar en el debate público y congresal el tema de la no reelección para cualquier cargo público, dentro de las reformas constitucionales que el país necesita para consolidar la democracia.
La ciudadanía ya ha expresado su parecer, con sentido común y coherencia democrática, en recientes encuestas de Ipsos Apoyo para El Comercio. Pero no se trata solo de constreñirse al dato de quienes están en desacuerdo con la reelección inmediata de presidente (77%) como respuesta al globo de ensayo planteado por algunos apristas. Debe considerarse también que, dentro del mismo universo de encuestados, la mayoría (53%) no está de acuerdo con la reelección inmediata de alcaldes provinciales, ni con la de presidentes regionales (61 %), lo que es una señal de alerta que los parlamentarios no pueden desoír tan fácilmente.
La premisa básica es que la democracia necesita oxigenarse y protegerse a través de la renovación de sus autoridades. La Constitución de 1993 prohíbe la reelección presidencial inmediata, pero permite que los alcaldes, presidentes regionales y los propios congresistas se reelijan indefinidamente, lo que además de ser inequitativo genera muchos problemas adicionales.
Así, además de incentivar la corrupción, se crean parcelas de poder que no permiten ni eficiencia ni la correcta fiscalización y control por parte de la oposición, a lo que habría que agregar, en el caso de los parlamentarios, la misma obstaculización de las leyes que permitan la alternancia, como la revocatoria congresal o renovación por tercios o mitades. Cada vez que se ha mencionado el tema ha sido inevitablemente descartado, por conveniencia propia, en una expresión clarísima de lo que se ha dado en llamar “otoronguismo”.
Ahora bien, debemos hacer hincapié en que todas estas reformas exigen como contrapeso que los partidos políticos recobren su esencia y razón de ser, convirtiéndose ellos mismos en modelos de ejercicio democrático, que dejen atrás el caudillismo de las cúpulas y se organicen y renueven con elecciones internas y periódicas.
Solo así, recuperando organización y prestigio podrán aportar los profesionales con conocimiento, doctrina y ética que se necesitan para conducir el país y dar leyes como las que ahora solicita clamorosamente la ciudadanía para poner coto definitivo a la reelección de cualquier autoridad.
EL COMERCIO
¿Qué hay detrás de esto? Pues un obsoleto y equivocado enfoque, que no es ajeno al cabildeo (“lobby”) de los propios alcaldes y presidentes regionales ni al espíritu de cuerpo parlamentario, pero que se opone a la esencia misma del sistema democrático.
Efectivamente, la democracia implica no solo el voto universal, el equilibrio, balance y separación de poderes, y el respeto tanto de mayorías y minorías. En su desarrollo, el sistema democrático incorporó también como uno de sus pilares la alternancia, es decir la exigencia de un cambio periódico de los gobernantes elegidos, precisamente para evitar los vicios del autoritarismo y las dictaduras, que con su atornillamiento en el poder terminan inevitablemente en abusos y escandalosa corrupción.
Es lo que, de modo firme y claro, ha explicado Mario Vargas Llosa al recusar el ansia reeleccionista no solo de presidentes polémicos y autoritarios como Hugo Chávez y Evo Morales, sino también de Álvaro Uribe, a pesar de su buena gestión, que quieren cambiar la Constitución para reelegirse indefinidamente.
Los peruanos hemos sufrido en carne propia estos excesos, cuando el régimen fujimontesinista pretendió implantar la re-reelección, con todas las nefastas consecuencias para el desarrollo y la salud democrática y moral de la nación.
Por todo ello es urgente y prioritario para nuestro país colocar en el debate público y congresal el tema de la no reelección para cualquier cargo público, dentro de las reformas constitucionales que el país necesita para consolidar la democracia.
La ciudadanía ya ha expresado su parecer, con sentido común y coherencia democrática, en recientes encuestas de Ipsos Apoyo para El Comercio. Pero no se trata solo de constreñirse al dato de quienes están en desacuerdo con la reelección inmediata de presidente (77%) como respuesta al globo de ensayo planteado por algunos apristas. Debe considerarse también que, dentro del mismo universo de encuestados, la mayoría (53%) no está de acuerdo con la reelección inmediata de alcaldes provinciales, ni con la de presidentes regionales (61 %), lo que es una señal de alerta que los parlamentarios no pueden desoír tan fácilmente.
La premisa básica es que la democracia necesita oxigenarse y protegerse a través de la renovación de sus autoridades. La Constitución de 1993 prohíbe la reelección presidencial inmediata, pero permite que los alcaldes, presidentes regionales y los propios congresistas se reelijan indefinidamente, lo que además de ser inequitativo genera muchos problemas adicionales.
Así, además de incentivar la corrupción, se crean parcelas de poder que no permiten ni eficiencia ni la correcta fiscalización y control por parte de la oposición, a lo que habría que agregar, en el caso de los parlamentarios, la misma obstaculización de las leyes que permitan la alternancia, como la revocatoria congresal o renovación por tercios o mitades. Cada vez que se ha mencionado el tema ha sido inevitablemente descartado, por conveniencia propia, en una expresión clarísima de lo que se ha dado en llamar “otoronguismo”.
Ahora bien, debemos hacer hincapié en que todas estas reformas exigen como contrapeso que los partidos políticos recobren su esencia y razón de ser, convirtiéndose ellos mismos en modelos de ejercicio democrático, que dejen atrás el caudillismo de las cúpulas y se organicen y renueven con elecciones internas y periódicas.
Solo así, recuperando organización y prestigio podrán aportar los profesionales con conocimiento, doctrina y ética que se necesitan para conducir el país y dar leyes como las que ahora solicita clamorosamente la ciudadanía para poner coto definitivo a la reelección de cualquier autoridad.
EL COMERCIO
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