No es la primera vez que los dirigentes radicales de las comunidades nativas deciden interrumpir el funcionamiento del oleoducto norperuano, tubería que transporta desde la selva el petróleo que requiere el país. Lamentablemente, por cualquier motivo y prácticamente al antojo de una cúpula extremista enquistada entre los indígenas, se ha configurado una mala costumbre: bloquear las carreteras y ese canal destinado al paso del crudo, que es de todos los peruanos y que tiene un rol estratégico en el desarrollo de la nación. Quienes recurren a este tipo de acciones de fuerza, deberían recibir la condena más enérgica de la ciudadanía porque materializan actos propios de un pérfido boicot contra el Perú.
Las zonas que acusan más vulnerabilidad –ante este tipo de incursiones– están ubicadas en las regiones de Amazonas y Loreto. Por ejemplo la estación N° 6 del oleoducto norperuano no funciona desde el pasado 23 de abril. Es decir, la referida instalación está paralizada hace más de un mes. Pronto las reservas de las refinerías, que están en Piura y Lima, se agotarán y se sentirá, de persistir el bloqueo, una escasez de proporciones. Por eso es menester que el Estado adopte las medidas pertinentes a fin de que este desenlace peligroso no se genere y, peor aún, se complique con serias consecuencias para el país.
No hay justificación alguna para una protesta como la que están realizando los sectores indígenas ligados a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). El principal responsable es Alberto Pizango, quien comprende que cualquier radicalismo le puede facilitar mayor legitimidad ante las comunidades. Por eso suele usar un discurso confrontacional y a veces ambiguo. De manera que en la actual coyuntura no está exento en los temas selváticos en debate, el cálculo político de personajes como Pizango. Pero, ¿dónde están los fiscales, quienes son las autoridades más llamadas a invocar al orden, junto a la Policía Nacional, mucho más cuando hay leyes penales expresas que sancionan el bloqueo de carreteras o la toma de la infraestructura básica para el funcionamiento de las actividades públicas o privadas?
La ley tiene que aplicarse para todos. Nadie puede apelar al desconocimiento de la norma penal para buscar impunidad. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad a nadie, así sean éstos miembros de comunidades nativas. En una democracia, los reclamos tienen que canalizarse a través del diálogo y la tolerancia. Por eso antes de que las pérdidas sigan aumentando a consecuencia del bloqueo del oleoducto norperuano, por ejemplo para empresas como Petroperu, invocamos a la dirigencia que ha organizado esas acciones de fuerza a deponerlas y a informarse mejor pues se están dejando manipular por algunos izquierdismos rebeldes que suelen propalar mensajes demagógicos desde algunas emisoras instaladas en provincias, las que quieren pescar a río revuelto en beneficio de sus intereses ideológicos y de grupo.
EXPRESO
Las zonas que acusan más vulnerabilidad –ante este tipo de incursiones– están ubicadas en las regiones de Amazonas y Loreto. Por ejemplo la estación N° 6 del oleoducto norperuano no funciona desde el pasado 23 de abril. Es decir, la referida instalación está paralizada hace más de un mes. Pronto las reservas de las refinerías, que están en Piura y Lima, se agotarán y se sentirá, de persistir el bloqueo, una escasez de proporciones. Por eso es menester que el Estado adopte las medidas pertinentes a fin de que este desenlace peligroso no se genere y, peor aún, se complique con serias consecuencias para el país.
No hay justificación alguna para una protesta como la que están realizando los sectores indígenas ligados a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). El principal responsable es Alberto Pizango, quien comprende que cualquier radicalismo le puede facilitar mayor legitimidad ante las comunidades. Por eso suele usar un discurso confrontacional y a veces ambiguo. De manera que en la actual coyuntura no está exento en los temas selváticos en debate, el cálculo político de personajes como Pizango. Pero, ¿dónde están los fiscales, quienes son las autoridades más llamadas a invocar al orden, junto a la Policía Nacional, mucho más cuando hay leyes penales expresas que sancionan el bloqueo de carreteras o la toma de la infraestructura básica para el funcionamiento de las actividades públicas o privadas?
La ley tiene que aplicarse para todos. Nadie puede apelar al desconocimiento de la norma penal para buscar impunidad. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad a nadie, así sean éstos miembros de comunidades nativas. En una democracia, los reclamos tienen que canalizarse a través del diálogo y la tolerancia. Por eso antes de que las pérdidas sigan aumentando a consecuencia del bloqueo del oleoducto norperuano, por ejemplo para empresas como Petroperu, invocamos a la dirigencia que ha organizado esas acciones de fuerza a deponerlas y a informarse mejor pues se están dejando manipular por algunos izquierdismos rebeldes que suelen propalar mensajes demagógicos desde algunas emisoras instaladas en provincias, las que quieren pescar a río revuelto en beneficio de sus intereses ideológicos y de grupo.
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