Por Mirko Lauer
a irritado a algunos la idea de que la Amazonía es de todos los peruanos y no solo de los pueblos indígenas. Parte de la irritación tiene que ver con que sea Alan García quien la está planteando. ¿Irritaría igual si fueran los propios pueblos los promotores de algún negocio polémico en la selva (casinos por ejemplo, como sucede más al norte)?
El canon minero está diseñado en base a la idea de que los recursos pertenecen algo más a quienes estaban instalados encima de ellos. Por eso son ellos quienes lo reciben, y no sus hermanos de un poco más allá. Pero hay una idea más en esto: más conviene tranquilizar a quienes rodean una explotación que a los que están alejados de ella.
Sin embargo los recursos fiscales que permiten a las empresas y los pueblos expectantes transferir parte de sus costos operativos o vivenciales al Estado (carreteras, seguridad, salud, subsidio, educación) sí vienen de todos los peruanos que pagan sus impuestos. Así, unos se favorecen más que otros del pozo común.
En realidad el Estado no debería aceptar un beneficio de todos que afecte el bienestar de uno de los grupos que forman el país, ni un beneficio de grupo que afecte al conjunto nacional. Más aun, cuesta trabajo reconocer su existencia en un mundo donde todo está tan interconectado: uno puede no querer explotación petrolera pero sí combustible subsidiado.
El sentido del derecho territorial propio está muy asentado en el país, y puede llegar a extremos. Cada vez son más los incidentes por resistencias de una localidad a que se contrate trabajadores provenientes de otra localidad. Sin embargo nuestras cifras de emigración (un avance sobre el territorio y el empleo del otro) siguen robustas.
Para volver al tema inicial, la Amazonía en efecto es *de todos los peruanos, para usar una fórmula grata a García. Pero frente a ello el gobierno, el pueblo amazónico y la empresa petrolera tienen obligaciones. Ninguna de las tres partes puede practicar la autocracia política, antropológica o comercial al margen de elementales normas de convivencia.
Cada vez se pone más en evidencia que la famosa mesa de negociación en los conflictos regionales siempre aparece demasiado tarde, cuando ya se ha perdido numerosas oportunidades de arreglar las cosas en términos más modernos. Agarrarse a trompadas para luego terminar conversando es más bien básico y costoso como método de solución de conflictos.
Pero parece haber gente muy contenta con el método, quizás convencida de que un buen paro popular o una buena indiferencia gubernamental son prueba de que alguien se está preocupando por los intereses populares. Quizás sí, pero eso no lo obliga a asumir una defensa tan costosa como es forzar el impase para luego buscar la solución, de los dos lados de la ventanilla.
LA REPUBLICA
a irritado a algunos la idea de que la Amazonía es de todos los peruanos y no solo de los pueblos indígenas. Parte de la irritación tiene que ver con que sea Alan García quien la está planteando. ¿Irritaría igual si fueran los propios pueblos los promotores de algún negocio polémico en la selva (casinos por ejemplo, como sucede más al norte)?
El canon minero está diseñado en base a la idea de que los recursos pertenecen algo más a quienes estaban instalados encima de ellos. Por eso son ellos quienes lo reciben, y no sus hermanos de un poco más allá. Pero hay una idea más en esto: más conviene tranquilizar a quienes rodean una explotación que a los que están alejados de ella.
Sin embargo los recursos fiscales que permiten a las empresas y los pueblos expectantes transferir parte de sus costos operativos o vivenciales al Estado (carreteras, seguridad, salud, subsidio, educación) sí vienen de todos los peruanos que pagan sus impuestos. Así, unos se favorecen más que otros del pozo común.
En realidad el Estado no debería aceptar un beneficio de todos que afecte el bienestar de uno de los grupos que forman el país, ni un beneficio de grupo que afecte al conjunto nacional. Más aun, cuesta trabajo reconocer su existencia en un mundo donde todo está tan interconectado: uno puede no querer explotación petrolera pero sí combustible subsidiado.
El sentido del derecho territorial propio está muy asentado en el país, y puede llegar a extremos. Cada vez son más los incidentes por resistencias de una localidad a que se contrate trabajadores provenientes de otra localidad. Sin embargo nuestras cifras de emigración (un avance sobre el territorio y el empleo del otro) siguen robustas.
Para volver al tema inicial, la Amazonía en efecto es *de todos los peruanos, para usar una fórmula grata a García. Pero frente a ello el gobierno, el pueblo amazónico y la empresa petrolera tienen obligaciones. Ninguna de las tres partes puede practicar la autocracia política, antropológica o comercial al margen de elementales normas de convivencia.
Cada vez se pone más en evidencia que la famosa mesa de negociación en los conflictos regionales siempre aparece demasiado tarde, cuando ya se ha perdido numerosas oportunidades de arreglar las cosas en términos más modernos. Agarrarse a trompadas para luego terminar conversando es más bien básico y costoso como método de solución de conflictos.
Pero parece haber gente muy contenta con el método, quizás convencida de que un buen paro popular o una buena indiferencia gubernamental son prueba de que alguien se está preocupando por los intereses populares. Quizás sí, pero eso no lo obliga a asumir una defensa tan costosa como es forzar el impase para luego buscar la solución, de los dos lados de la ventanilla.
LA REPUBLICA
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