Al margen de la descaminada reacción de José Antonio García Belaunde, la verdad es que el canciller de Ecuador, Fander Falconí, sí se ha pronunciado a favor de la tesis chilena sobre los acuerdos tripartitos de 1952 y 1954.
Para salir de dudas, hemos escuchado en la página web del diario El Comercio de Quito la grabación de las declaraciones del ministro ecuatoriano publicadas ayer, 20 de mayo.
Falconí afirma, por supuesto, la independencia de su país respecto de la demanda presentada por el Perú frente a Chile ante la Corte de Justicia de La Haya.
Precisa luego que la postura ecuatoriana se funda en la afinidad ideológica y política entre los gobiernos de Chile y Ecuador.
Y entonces enuncia lo peor: “consideramos que los tratados son válidos. Para nosotros esos son tratados de límites”.
Por algo, en la misma ocasión, el canciller de Chile, de visita en Quito, había declarado, viento en popa: “La postura de Ecuador nos fortalece”.
Torre Tagle debe pedir aclaraciones al gobierno de Ecuador, y, al mismo tiempo, emprender una campaña en que se recuerde, con firmeza, que ni la Declaración de Santiago de 1952 (que fija un mar territorial de 200 millas para el Perú, extensión de la que Chile busca privar, y, de hecho, priva a gran parte del sur peruano); ni esa Declaración, repito, ni el Convenio de Zona Especial Fronterizo de 1954 son tratados de límites marítimos.
La coyuntura es grave, pero, más allá de ésta, hay una culpa histórica: En los últimos años, la política internacional del Perú ha sido una política presidencial arbitraria, encaminada a aislarnos de Bolivia y Ecuador.
García busca provocar la ira del régimen de La Paz, por ejemplo al conceder asilo a tres ex ministros genocidas repudiados por el pueblo boliviano. Su más cercana colaboradora, Mercedes Aráoz, ministra del Comercio Exterior, agravió al entonces recién elegido presidente de Ecuador, Rafael Correa (después se vio obligada a retractarse).
Quizás la definición del canciller ecuatoriano, sobre afinidad ideológica y política con el régimen de Santiago, traducido a un áspero lenguaje ajeno a la diplomacia, significa: estamos más cerca del gobierno de Michelle Bachelet que del neoliberal extremista de García.
Esta situación confirma que, ayer como hoy, la derecha peruana favorece el expansionismo de Chile.
El Congreso de la República debe, por eso, interpelar al canciller para exigirle una explicación de los hechos y para plantear un cambio de rumbos en nuestra política exterior.
La Constitución asigna, ciertamente, al presidente de la República la dirección de la política exterior. Pero ese papel ha conducido al desastre.
Lo que ocurre es demasiado importante para dejarlo a cargo de un mandatario dominado por su egolatría y sus afinidades arbitrarias.
Para salir de dudas, hemos escuchado en la página web del diario El Comercio de Quito la grabación de las declaraciones del ministro ecuatoriano publicadas ayer, 20 de mayo.
Falconí afirma, por supuesto, la independencia de su país respecto de la demanda presentada por el Perú frente a Chile ante la Corte de Justicia de La Haya.
Precisa luego que la postura ecuatoriana se funda en la afinidad ideológica y política entre los gobiernos de Chile y Ecuador.
Y entonces enuncia lo peor: “consideramos que los tratados son válidos. Para nosotros esos son tratados de límites”.
Por algo, en la misma ocasión, el canciller de Chile, de visita en Quito, había declarado, viento en popa: “La postura de Ecuador nos fortalece”.
Torre Tagle debe pedir aclaraciones al gobierno de Ecuador, y, al mismo tiempo, emprender una campaña en que se recuerde, con firmeza, que ni la Declaración de Santiago de 1952 (que fija un mar territorial de 200 millas para el Perú, extensión de la que Chile busca privar, y, de hecho, priva a gran parte del sur peruano); ni esa Declaración, repito, ni el Convenio de Zona Especial Fronterizo de 1954 son tratados de límites marítimos.
La coyuntura es grave, pero, más allá de ésta, hay una culpa histórica: En los últimos años, la política internacional del Perú ha sido una política presidencial arbitraria, encaminada a aislarnos de Bolivia y Ecuador.
García busca provocar la ira del régimen de La Paz, por ejemplo al conceder asilo a tres ex ministros genocidas repudiados por el pueblo boliviano. Su más cercana colaboradora, Mercedes Aráoz, ministra del Comercio Exterior, agravió al entonces recién elegido presidente de Ecuador, Rafael Correa (después se vio obligada a retractarse).
Quizás la definición del canciller ecuatoriano, sobre afinidad ideológica y política con el régimen de Santiago, traducido a un áspero lenguaje ajeno a la diplomacia, significa: estamos más cerca del gobierno de Michelle Bachelet que del neoliberal extremista de García.
Esta situación confirma que, ayer como hoy, la derecha peruana favorece el expansionismo de Chile.
El Congreso de la República debe, por eso, interpelar al canciller para exigirle una explicación de los hechos y para plantear un cambio de rumbos en nuestra política exterior.
La Constitución asigna, ciertamente, al presidente de la República la dirección de la política exterior. Pero ese papel ha conducido al desastre.
Lo que ocurre es demasiado importante para dejarlo a cargo de un mandatario dominado por su egolatría y sus afinidades arbitrarias.
la primera
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