Hace cuatro años, aproximadamente, se demostró que por lo menos un millón de personas se beneficiaba ilegal e injustamente con el Vaso de Leche, el más antiguo de los programas sociales gubernamentales. Hoy, como ha dado a conocer El Comercio, estas irregularidades no solo se mantienen, sino que cientos de niños, madres gestantes, adultos mayores y enfermos de tuberculosis continúan sin recibir lo que puede ser un alimento básico dentro de su precario nivel nutricional.
Esto es imperdonable, sobre todo en un país que aún debe remontar sus índices de pobreza y de pobreza extrema, en especial, en la sierra rural, y donde los programas sociales constituyen una vía indispensable para atender las necesidades de los sectores más desprotegidos.
Como señalan los expertos, el programa que creó el ex alcalde Alfonso Barrantes no se puede suprimir de un día para el otro ni de manera radical, pero sí se puede mejorar su gestión de variadas maneras.
En primer lugar, el Gobierno no puede seguir postergando la reforma del Vaso de Leche ni la tarea de reimpulsar el resto de programas sociales, para que la población desvalida se inserte en el mercado laboral, por ejemplo a través de Pro Joven o A Trabajar Urbano y Rural.
Luego, para impedir la escandalosa infiltración, llama la atención que las autoridades no hayan logrado aún conciliar con las madres que se encargan de la repartición del producto para mejorar la focalización del programa y beneficiar a quienes realmente lo necesitan.
Ello no impide estudiar la aplicación de medidas más drásticas, como sancionar a las personas responsables de los comités comunales que incumplen sus obligaciones, que comercializan la leche entre terceros o simplemente la almacenan para favorecer a su entorno familiar, incurriendo en especulación y acaparamiento.
Recordemos que hace algunos años se comprobó que el 30% de los recursos destinados al programa no llegaban a su destino, una fuga terrible que lamentablemente se mantiene. También subsiste la falta de un registro eficiente de beneficiarios, una labor que las municipalidades distritales nunca cumplieron a cabalidad con las consecuencias que ello ha acarreado.
No olvidemos tampoco que, en los últimos cinco años, varias comunas han sido seriamente cuestionadas cuando se denunció que habían incurrido en actos de corrupción en la compra de la leche, por la cual pagaban más de lo que costaba en un supermercado. Hoy la Contraloría General de la República verifica cómo se ejecuta el presupuesto, pero no existe ninguna institución que se encargue de evaluar si el programa del Vaso de Leche está cumpliendo sus objetivos nutricionales.
Esto no puede continuar. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de terminar con la corrupción, la mala gestión y la pésima administración de los recursos que se ha detectado, no ahora sino hace varios años en este programa. Con cifras del 2005, por lo menos tres millones de peruanos no están recibiendo la leche, aunque sus niveles de pobreza y desnutrición los convierten en beneficiarios obligados.
EL COMERCIO
Esto es imperdonable, sobre todo en un país que aún debe remontar sus índices de pobreza y de pobreza extrema, en especial, en la sierra rural, y donde los programas sociales constituyen una vía indispensable para atender las necesidades de los sectores más desprotegidos.
Como señalan los expertos, el programa que creó el ex alcalde Alfonso Barrantes no se puede suprimir de un día para el otro ni de manera radical, pero sí se puede mejorar su gestión de variadas maneras.
En primer lugar, el Gobierno no puede seguir postergando la reforma del Vaso de Leche ni la tarea de reimpulsar el resto de programas sociales, para que la población desvalida se inserte en el mercado laboral, por ejemplo a través de Pro Joven o A Trabajar Urbano y Rural.
Luego, para impedir la escandalosa infiltración, llama la atención que las autoridades no hayan logrado aún conciliar con las madres que se encargan de la repartición del producto para mejorar la focalización del programa y beneficiar a quienes realmente lo necesitan.
Ello no impide estudiar la aplicación de medidas más drásticas, como sancionar a las personas responsables de los comités comunales que incumplen sus obligaciones, que comercializan la leche entre terceros o simplemente la almacenan para favorecer a su entorno familiar, incurriendo en especulación y acaparamiento.
Recordemos que hace algunos años se comprobó que el 30% de los recursos destinados al programa no llegaban a su destino, una fuga terrible que lamentablemente se mantiene. También subsiste la falta de un registro eficiente de beneficiarios, una labor que las municipalidades distritales nunca cumplieron a cabalidad con las consecuencias que ello ha acarreado.
No olvidemos tampoco que, en los últimos cinco años, varias comunas han sido seriamente cuestionadas cuando se denunció que habían incurrido en actos de corrupción en la compra de la leche, por la cual pagaban más de lo que costaba en un supermercado. Hoy la Contraloría General de la República verifica cómo se ejecuta el presupuesto, pero no existe ninguna institución que se encargue de evaluar si el programa del Vaso de Leche está cumpliendo sus objetivos nutricionales.
Esto no puede continuar. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de terminar con la corrupción, la mala gestión y la pésima administración de los recursos que se ha detectado, no ahora sino hace varios años en este programa. Con cifras del 2005, por lo menos tres millones de peruanos no están recibiendo la leche, aunque sus niveles de pobreza y desnutrición los convierten en beneficiarios obligados.
EL COMERCIO
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