Terminada la prioridad dirigida al buen desenvolvimiento de la Cumbre APEC, naturalmente tenemos que volver la mirada con más atención a la agenda interna. En tal sentido, entre muchos temas pendientes que quedaron de alguna forma estancados por el inicio del Foro Económico Asia-Pacífico, está la urgente fiscalización al Ministerio de Educación (Minedu) y a las relaciones que mantiene con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Contrariamente a lo que muchos políticos piensen, lo que suceda en el Minedu es de especial trascendencia toda vez que el mundo actual exige mejores programas pedagógicos a fin de que coadyuven a la ejecución de los procesos de calidad en la enseñanza pública, o que sienten la base de la investigación científica en los jóvenes, propendan a la innovación tecnológica y promuevan valores éticos en las relaciones humanas. Asimismo, en contraposición a lo que piensen algunos políticos poco avisados o pedagogos ingenuos, para fiscalizar no basta que se configuren delitos sino que es suficiente que exista falta de transparencia y sospechas de posibles componendas, tal como ha ocurrido en las conversaciones telefónicas hechas públicas en las cuales aparecen extraños tratos protagonizados por el presidente de OEI, José López Soria, Rómulo León Alegría, Abel Salinas (hijo) y Fortunato Canaán. Diálogos estos en los que queda en evidencia una inmoral forma de conseguir y suscribir contratos millonarios con el Estado (ministerios, gobiernos regiones y locales), pasando por alto adrede al Consejo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode).
No olvidemos que los convenios entre el Minedu y la OEI vienen desde el año 2001 –son los de más antigua data en el país– y es a partir de esta experiencia como el presidente de la OEI se relaciona con León Alegría a fin de ramificar a su entidad con otras instancias estatales como la región Áncash y dos ministros de Salud, entre otros contactos. Además, llama la atención que a pesar de contar el Minedu con funcionarios capacitados en llevar a cabo licitaciones, se haya puesto de lado a tan importante recurso humano con el objeto subalterno de negociar abultados presupuestos a favor de la OEI y de la convocatoria de esta entidad para organizar la adquisición de bienes y servicios, vale decir renunciando el referido ministerio a una función básica y esencial.
Pero lo grave es que detrás de esa mecánica peligrosa para entregar a la OEI la voz contante y sonante para escoger a las empresas que serían las encargadas de editar libros, catálogos y fichas educativas, entre otros contratos como la capacitación docente, se habría promovido sistemáticamente la inoperancia de los procesos de evaluación de textos escolares (durante diez meses del año) dejando malos funcionarios que el plazo transcurra y luego cuando faltaba dos meses para que acabe el año –y cuando estaba a punto de retornarse los recursos destinados a la edición de libros al MEF–, recurrían a su socia OEI, facilitándoles la transferencia del dinero a esta entidad de cooperación. Urge pues una investigación seria sobre lo que ha venido ocurriendo en este campo en el Minedu desde el año 2001.
Contrariamente a lo que muchos políticos piensen, lo que suceda en el Minedu es de especial trascendencia toda vez que el mundo actual exige mejores programas pedagógicos a fin de que coadyuven a la ejecución de los procesos de calidad en la enseñanza pública, o que sienten la base de la investigación científica en los jóvenes, propendan a la innovación tecnológica y promuevan valores éticos en las relaciones humanas. Asimismo, en contraposición a lo que piensen algunos políticos poco avisados o pedagogos ingenuos, para fiscalizar no basta que se configuren delitos sino que es suficiente que exista falta de transparencia y sospechas de posibles componendas, tal como ha ocurrido en las conversaciones telefónicas hechas públicas en las cuales aparecen extraños tratos protagonizados por el presidente de OEI, José López Soria, Rómulo León Alegría, Abel Salinas (hijo) y Fortunato Canaán. Diálogos estos en los que queda en evidencia una inmoral forma de conseguir y suscribir contratos millonarios con el Estado (ministerios, gobiernos regiones y locales), pasando por alto adrede al Consejo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode).
No olvidemos que los convenios entre el Minedu y la OEI vienen desde el año 2001 –son los de más antigua data en el país– y es a partir de esta experiencia como el presidente de la OEI se relaciona con León Alegría a fin de ramificar a su entidad con otras instancias estatales como la región Áncash y dos ministros de Salud, entre otros contactos. Además, llama la atención que a pesar de contar el Minedu con funcionarios capacitados en llevar a cabo licitaciones, se haya puesto de lado a tan importante recurso humano con el objeto subalterno de negociar abultados presupuestos a favor de la OEI y de la convocatoria de esta entidad para organizar la adquisición de bienes y servicios, vale decir renunciando el referido ministerio a una función básica y esencial.
Pero lo grave es que detrás de esa mecánica peligrosa para entregar a la OEI la voz contante y sonante para escoger a las empresas que serían las encargadas de editar libros, catálogos y fichas educativas, entre otros contratos como la capacitación docente, se habría promovido sistemáticamente la inoperancia de los procesos de evaluación de textos escolares (durante diez meses del año) dejando malos funcionarios que el plazo transcurra y luego cuando faltaba dos meses para que acabe el año –y cuando estaba a punto de retornarse los recursos destinados a la edición de libros al MEF–, recurrían a su socia OEI, facilitándoles la transferencia del dinero a esta entidad de cooperación. Urge pues una investigación seria sobre lo que ha venido ocurriendo en este campo en el Minedu desde el año 2001.
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