Ollanta Humala ha propuesto adelantar las elecciones en caso se demuestre participación del Presidente en el escándalo de los petroaudios. La propuesta es ilegal e inconveniente.
Hasta el momento el presidente García ha salido librado de una vinculación directa con los protagonistas de esta historia. Las movidas llegaron hasta Palacio de Gobierno, pero se detuvieron, hasta donde se sabe, en el escritorio de la secretaria.
La Constitución contempla la vacancia de la Presidencia. El Presidente puede renunciar ante el Congreso. Si este fuera el caso, sin embargo, no corresponde convocar a nuevas elecciones.
Así falte una semana para la culminación del mandato gubernamental, si hay impedimento del Presidente, asume el mando el Vicepresidente.
Sorprende que Ollanta Humala no se pronuncie a favor de una solución constitucional frente a una hipotética participación delictiva del Presidente. Sorprende, porque un militar de formación debe saber lo que es una línea de sucesión.
No es distinto en los asuntos del gobierno nacional. Si cae el general al mando, asume el coronel.
Convocar a elecciones es plantear un nuevo mandato. Pero el mandato no se limita a la Presidencia. Por eso, el destino del Presidente no debe ser amarrado al destino del gobierno.
Es importante mantener el respeto a las instituciones. Resolver un mismo problema de una manera un día y, otro, de otra, solo causa confusión, inestabilidad y desorientación. El gobierno no existe para eso, sino para todo lo contrario.
En el hipotético caso de que el presidente García estuviera implicado en la escandalosa adjudicación de lotes petroleros, tendría que aplicarse la ley y la Constitución. Ninguna propuesta fuera de ese ámbito nos mantiene en la civilización.
Si Ollanta Humala quiere liderar la oposición seriamente, tiene que empezar por plantear opciones viables, convenientes y legítimas. No se puede arreglar una acción ilegítima con otra acción ilegítima.
La investigación sobre la adjudicación de los lotes petroleros debe continuar y no detenerse ante nada ni nadie. Caiga quien caiga, el Perú cuenta con suficiente madurez en sus instituciones como para que algo así no interrumpa el curso constitucional.
Hasta el momento el presidente García ha salido librado de una vinculación directa con los protagonistas de esta historia. Las movidas llegaron hasta Palacio de Gobierno, pero se detuvieron, hasta donde se sabe, en el escritorio de la secretaria.
La Constitución contempla la vacancia de la Presidencia. El Presidente puede renunciar ante el Congreso. Si este fuera el caso, sin embargo, no corresponde convocar a nuevas elecciones.
Así falte una semana para la culminación del mandato gubernamental, si hay impedimento del Presidente, asume el mando el Vicepresidente.
Sorprende que Ollanta Humala no se pronuncie a favor de una solución constitucional frente a una hipotética participación delictiva del Presidente. Sorprende, porque un militar de formación debe saber lo que es una línea de sucesión.
No es distinto en los asuntos del gobierno nacional. Si cae el general al mando, asume el coronel.
Convocar a elecciones es plantear un nuevo mandato. Pero el mandato no se limita a la Presidencia. Por eso, el destino del Presidente no debe ser amarrado al destino del gobierno.
Es importante mantener el respeto a las instituciones. Resolver un mismo problema de una manera un día y, otro, de otra, solo causa confusión, inestabilidad y desorientación. El gobierno no existe para eso, sino para todo lo contrario.
En el hipotético caso de que el presidente García estuviera implicado en la escandalosa adjudicación de lotes petroleros, tendría que aplicarse la ley y la Constitución. Ninguna propuesta fuera de ese ámbito nos mantiene en la civilización.
Si Ollanta Humala quiere liderar la oposición seriamente, tiene que empezar por plantear opciones viables, convenientes y legítimas. No se puede arreglar una acción ilegítima con otra acción ilegítima.
La investigación sobre la adjudicación de los lotes petroleros debe continuar y no detenerse ante nada ni nadie. Caiga quien caiga, el Perú cuenta con suficiente madurez en sus instituciones como para que algo así no interrumpa el curso constitucional.
No se puede usar el pretexto de la "corrupción" para tirar por la borda la Constitución. Tampoco puede usarse el pretexto de la "estabilidad" para tapar, desinformar o ignorar. No hay nada peor contra la estabilidad que la complicidad con cualquier tipo de ilegitimidad.
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