El asesinato de un policía por un grupo de revoltosos en Casapalca no puede quedar impune. Luego de la investigación de lo sucedido, tiene que deslindarse responsabilidades y castigar a aquellos dirigentes e instigadores que desvirtúan de una manera tan violenta y criminal la protesta social, en este caso mucho más grave, pues la víctima era una autoridad.
Más aun, este asesinato --que eso ha sido-- debe llevarnos a evaluar la política gubernamental sobre el manejo de conflictos sociales, y no solo para reconocer que existen decenas de ellos que son legítimos y exigen la atención prioritaria de las autoridades.
Efectivamente, así como propugnamos la necesidad de las mesas de diálogo para resolver los conflictos, tenemos que recordar que la otra cara del derecho a la protesta, que tiene rango constitucional, es el derecho de todos a circular libremente por todo el país.
En tal contexto, tenemos que rechazar el que constantemente muchos manifestantes recurran al bloqueo de carreteras. Ello, aparte de causar confrontaciones violentas con las autoridades policiales, obligadas a restaurar el orden, conculca el derecho de cientos de inocentes pasajeros a desplazarse y genera enormes daños en la economía local y regional, peor aun cuando se corta la Carretera Central, vía principal para abastecer de alimentos básicos a la capital.
En el caso de Casapalca, el Ministerio de Trabajo ha intervenido varias veces para hacer cumplir una serie de convenios, lo que ha tenido ciertas dificultades y demoras. Sin embargo, ello no justifica, de ninguna manera, la actitud intransigente de ciertos dirigentes sindicales que propician la violencia o permiten que se infiltren grupos radicales o desestabilizadores. Si eso sucede, con los cruentos resultados que lamentamos ahora, pues tienen que atenerse a las consecuencias y asumir su responsabilidad.
No se trata, de ninguna manera, de promover el autoritarismo. Por el contrario, como lo hemos señalado previamente, el sistema democrático es el más noble de los sistemas de gobierno, pero ello no significa que sea débil, como algunos quisieran hacerlo aparecer. Para garantizar su vigencia y supervivencia cuenta con autoridades, instrumentos y normas que tienen que aplicarse de modo objetivo a quienes lo agreden de una manera tan absurda y violenta. No hacerlo significaría cobijar la impunidad y dar un negativo mensaje a los ciudadanos que exigen justicia, orden y paz social.
Así, pues, estamos de acuerdo con el fortalecimiento de la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, con las alertas y sugerencias de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos nuevos y antiguos, así como con las mesas de diálogo para analizarlos y buscar alternativas de solución. Pero, con la misma firmeza, tenemos que recordar que quienes actúan con violencia, bloquean vías o atacan a la autoridad policial, tienen que ser sancionados ejemplarmente con todo el peso de la ley.
Más aun, este asesinato --que eso ha sido-- debe llevarnos a evaluar la política gubernamental sobre el manejo de conflictos sociales, y no solo para reconocer que existen decenas de ellos que son legítimos y exigen la atención prioritaria de las autoridades.
Efectivamente, así como propugnamos la necesidad de las mesas de diálogo para resolver los conflictos, tenemos que recordar que la otra cara del derecho a la protesta, que tiene rango constitucional, es el derecho de todos a circular libremente por todo el país.
En tal contexto, tenemos que rechazar el que constantemente muchos manifestantes recurran al bloqueo de carreteras. Ello, aparte de causar confrontaciones violentas con las autoridades policiales, obligadas a restaurar el orden, conculca el derecho de cientos de inocentes pasajeros a desplazarse y genera enormes daños en la economía local y regional, peor aun cuando se corta la Carretera Central, vía principal para abastecer de alimentos básicos a la capital.
En el caso de Casapalca, el Ministerio de Trabajo ha intervenido varias veces para hacer cumplir una serie de convenios, lo que ha tenido ciertas dificultades y demoras. Sin embargo, ello no justifica, de ninguna manera, la actitud intransigente de ciertos dirigentes sindicales que propician la violencia o permiten que se infiltren grupos radicales o desestabilizadores. Si eso sucede, con los cruentos resultados que lamentamos ahora, pues tienen que atenerse a las consecuencias y asumir su responsabilidad.
No se trata, de ninguna manera, de promover el autoritarismo. Por el contrario, como lo hemos señalado previamente, el sistema democrático es el más noble de los sistemas de gobierno, pero ello no significa que sea débil, como algunos quisieran hacerlo aparecer. Para garantizar su vigencia y supervivencia cuenta con autoridades, instrumentos y normas que tienen que aplicarse de modo objetivo a quienes lo agreden de una manera tan absurda y violenta. No hacerlo significaría cobijar la impunidad y dar un negativo mensaje a los ciudadanos que exigen justicia, orden y paz social.
Así, pues, estamos de acuerdo con el fortalecimiento de la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, con las alertas y sugerencias de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos nuevos y antiguos, así como con las mesas de diálogo para analizarlos y buscar alternativas de solución. Pero, con la misma firmeza, tenemos que recordar que quienes actúan con violencia, bloquean vías o atacan a la autoridad policial, tienen que ser sancionados ejemplarmente con todo el peso de la ley.
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