Las ONG dedicadas al negocio de los derechos humanos, muy activas para procesar a militares y policías y así ganar jugosos honorarios de éxito cuando logran llevar esos casos a la Corte IDH, no han encontrado mejor fórmula para perseguir a los uniformados que su propia desesperación, abriendo como objetivo principal de su quehacer un felón frente judicial contra la lucha antiterrorista del Estado peruano.
Este frenesí ha hecho que las ONG politizadas usen su red tejida en el Ministerio Público para que la Primera Fiscalía Penal Supranacional de Ayacucho, sorprendentemente, denuncie a miembros del Ejército que hace poco tuvieron que combatir con la autoridad que le proporciona la democracia a las columnas narcoterroristas parapetadas en el VRAE y en particular en Vizcatán. Recordemos que en varias emboscadas murieron soldados y otros acabaron hospitalizados como consecuencia de sus heridas. Pero a todos ellos, incluyendo a los fallecidos, sencillamente se les ha abierto sendos procesos penales.
Por si esto fuera poco, en paralelo a este fantástico acto de judicialización promovido por las ONG izquierdistas, se suma lo ocurrido el miércoles pasado en Pumahuasi, distrito de Daniel Alomía Robles, Región Huánuco. Es decir, un cruento atentado en el que una columna senderista emboscó a una patrulla policial asesinando a cuatro custodios del orden e hiriendo a otros cinco. La verdad es que frente a la actitud de la Coordinadora Nacional de DD HH, no sorprendería si mañana o más tarde estos policías heridos son denunciados también por supuesta violación de dd hh de los senderistas. ¡De Ripley!, ¿no es verdad?
Es momento de decir basta a las siniestras ONG políticas. Por ello expresamos ante la sociedad nuestra más enérgica condena, tanto contra los atentados que violan los derechos humanos de humildes miembros de nuestras instituciones castrenses como contra ese terrorismo judicial en el que –a través de una fiscalía cercana a las ONG– se denuncia inclusive a sargentos muertos y a soldados heridos; es decir se acusa a las propias víctimas de un ataque senderista ocurrido en Vizcatán el pasado 14 de octubre, en vez de asistirlas jurídica y humanamente. Si a estas denuncias agregamos las que se encuentran en otras dependencias judiciales, sumaremos un total de 204 militares que por haber puesto el pecho en las zonas de emergencia hoy están procesados.
Queda entonces plenamente confirmada la existencia de una serie de denuncias sistemáticas contra militares y policías que ofrecen su vida en defensa del estado de derecho y las libertades democráticas, a pesar de contar con bajos sueldos y poca logística. Ellos cumplen con el preciso deber que les ordena la Constitución y la ley: defender el orden y la paz. Pero lamentablemente terminan siendo acusados injustamente por fiscales y jueces alineados –y alienados– en la vereda ideológica socialista.
Este frenesí ha hecho que las ONG politizadas usen su red tejida en el Ministerio Público para que la Primera Fiscalía Penal Supranacional de Ayacucho, sorprendentemente, denuncie a miembros del Ejército que hace poco tuvieron que combatir con la autoridad que le proporciona la democracia a las columnas narcoterroristas parapetadas en el VRAE y en particular en Vizcatán. Recordemos que en varias emboscadas murieron soldados y otros acabaron hospitalizados como consecuencia de sus heridas. Pero a todos ellos, incluyendo a los fallecidos, sencillamente se les ha abierto sendos procesos penales.
Por si esto fuera poco, en paralelo a este fantástico acto de judicialización promovido por las ONG izquierdistas, se suma lo ocurrido el miércoles pasado en Pumahuasi, distrito de Daniel Alomía Robles, Región Huánuco. Es decir, un cruento atentado en el que una columna senderista emboscó a una patrulla policial asesinando a cuatro custodios del orden e hiriendo a otros cinco. La verdad es que frente a la actitud de la Coordinadora Nacional de DD HH, no sorprendería si mañana o más tarde estos policías heridos son denunciados también por supuesta violación de dd hh de los senderistas. ¡De Ripley!, ¿no es verdad?
Es momento de decir basta a las siniestras ONG políticas. Por ello expresamos ante la sociedad nuestra más enérgica condena, tanto contra los atentados que violan los derechos humanos de humildes miembros de nuestras instituciones castrenses como contra ese terrorismo judicial en el que –a través de una fiscalía cercana a las ONG– se denuncia inclusive a sargentos muertos y a soldados heridos; es decir se acusa a las propias víctimas de un ataque senderista ocurrido en Vizcatán el pasado 14 de octubre, en vez de asistirlas jurídica y humanamente. Si a estas denuncias agregamos las que se encuentran en otras dependencias judiciales, sumaremos un total de 204 militares que por haber puesto el pecho en las zonas de emergencia hoy están procesados.
Queda entonces plenamente confirmada la existencia de una serie de denuncias sistemáticas contra militares y policías que ofrecen su vida en defensa del estado de derecho y las libertades democráticas, a pesar de contar con bajos sueldos y poca logística. Ellos cumplen con el preciso deber que les ordena la Constitución y la ley: defender el orden y la paz. Pero lamentablemente terminan siendo acusados injustamente por fiscales y jueces alineados –y alienados– en la vereda ideológica socialista.
expreso
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