Mientras el Ejecutivo da un paso adelante para ordenar el caótico sistema de transporte terrestre, aprobando el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, el Congreso de la República –a través de un dictamen de la Comisión de Transportes– retrocede clamorosamente al prorrogar hasta el 2012 la importación de automóviles usados.
Esta medida es irresponsable, cuestionable e inaceptable. Y sobre tamaño despropósito, cabe preguntar: ¿Es que los integrantes de la Comisión de Transportes no leen los estudios e informes técnicos que dan cuenta que los vehículos importados de segunda, tercera y quinta mano son máquinas altamente contaminantes e inseguras porque, entre otras modificaciones, la mayoría de esas unidades está sometida al cambio improvisado de timón; y además porque saturan el parque automotor de las ciudades causando mayor informalidad y más accidentes de tránsito? Es lamentable que, ante la urgencia por acabar con este tipo de irresponsabilidades –la importación de vehículos usados para servicio público lleva muchos años practicándose, a pesar de que originalmente fue una disposición de carácter pasajero– un grupo de congresistas prolongue por cuatro años más la vigencia de este comercio que sólo fomenta desorden y muerte en las calles de nuestro país.
La decisión desacertada de estos parlamentarios da lugar a sospechas, pues se habrían movido poderosos intereses económicos para conseguir la prórroga esperada por el consorcio importador de chatarra con ruedas, lo que habría pesado más que los argumentos especializados que aconsejan acabar de una vez con este mercantilismo que atenta contra la vida y la salud de millones de peruanos. Para muestra cabe señalar que sólo Lima Metropolitana cuenta con comités de microbuses cuya frecuencia de salida de sus unidades es de casi una por minuto, y en cuanto al servicio de taxi nadie podrá negar que hace tiempo el número de éstos sobrepasó con creces al necesario. Precisamente la consecuencia de esta saturación es el embotellamiento a lo largo y ancho de la capital, la contaminación ambiental, el incumplimiento de las normas de tránsito, la informalidad y, ante todo, los accidentes fatales.
Pero adicionalmente al lobby sobre la referida comisión congresal, también existe la presión política y el chantaje de gente radical (dizque tacneños), que hace poco hizo alarde de fuerza al quemar locales públicos y raptar a policías. Es evidente que el dictamen de la Comisión de Transportes sólo sirve al millonario interés de los importadores de unidades usadas. La propuesta de la comisión no debe pasar y corresponde al Pleno rechazarla de inmediato. La calidad de vida está por encima de los cantos de sirena de demagogos que amenazan –a gritos– con medidas radicales, alegando que prohibiéndose la importación de basura industrial para transportar a los peruanos se dejará sin empleo a muchos paisanos.
Esta medida es irresponsable, cuestionable e inaceptable. Y sobre tamaño despropósito, cabe preguntar: ¿Es que los integrantes de la Comisión de Transportes no leen los estudios e informes técnicos que dan cuenta que los vehículos importados de segunda, tercera y quinta mano son máquinas altamente contaminantes e inseguras porque, entre otras modificaciones, la mayoría de esas unidades está sometida al cambio improvisado de timón; y además porque saturan el parque automotor de las ciudades causando mayor informalidad y más accidentes de tránsito? Es lamentable que, ante la urgencia por acabar con este tipo de irresponsabilidades –la importación de vehículos usados para servicio público lleva muchos años practicándose, a pesar de que originalmente fue una disposición de carácter pasajero– un grupo de congresistas prolongue por cuatro años más la vigencia de este comercio que sólo fomenta desorden y muerte en las calles de nuestro país.
La decisión desacertada de estos parlamentarios da lugar a sospechas, pues se habrían movido poderosos intereses económicos para conseguir la prórroga esperada por el consorcio importador de chatarra con ruedas, lo que habría pesado más que los argumentos especializados que aconsejan acabar de una vez con este mercantilismo que atenta contra la vida y la salud de millones de peruanos. Para muestra cabe señalar que sólo Lima Metropolitana cuenta con comités de microbuses cuya frecuencia de salida de sus unidades es de casi una por minuto, y en cuanto al servicio de taxi nadie podrá negar que hace tiempo el número de éstos sobrepasó con creces al necesario. Precisamente la consecuencia de esta saturación es el embotellamiento a lo largo y ancho de la capital, la contaminación ambiental, el incumplimiento de las normas de tránsito, la informalidad y, ante todo, los accidentes fatales.
Pero adicionalmente al lobby sobre la referida comisión congresal, también existe la presión política y el chantaje de gente radical (dizque tacneños), que hace poco hizo alarde de fuerza al quemar locales públicos y raptar a policías. Es evidente que el dictamen de la Comisión de Transportes sólo sirve al millonario interés de los importadores de unidades usadas. La propuesta de la comisión no debe pasar y corresponde al Pleno rechazarla de inmediato. La calidad de vida está por encima de los cantos de sirena de demagogos que amenazan –a gritos– con medidas radicales, alegando que prohibiéndose la importación de basura industrial para transportar a los peruanos se dejará sin empleo a muchos paisanos.
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