Los voceros de la Procuraduría Anticorrupción han informado en días recientes que el Estado Peruano ha recuperado S/.37 millones de cuentas bancarias que pertenecían a personajes de la red mafiosa del ex asesor Vladimiro Montesinos.
La noticia es positiva, pero necesita ser contextualizada y explicada en detalle, en vista de que previamente se refirió que el monto recuperado superaba los 100 millones de dólares. Más aun, la oportunidad debe ser aprovechada para informar al país cuánto es el monto exacto de lo recuperado, qué se ha hecho con ese dinero y cómo se piensa continuar la estrategia anticorrupción en dicho ámbito.
En todo momento, hemos apoyado las acciones del Estado en el juzgamiento de la mafia fujimontesinista, enfatizando en el fortalecimiento de las procuradurías y de las fiscalías y juzgados ad hoc, así como en el debido proceso.
Y en el caso específico de la recuperación de montos birlados por los mafiosos destacamos el papel protagónico que jugaron la fiscal suiza Cornelia Cova y las autoridades judiciales de ese país, durante la gestión de nuestro cónsul en Zurich, Ernesto Pinto. Igualmente, saludamos la creación en el 2001 del llamado Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente (Fedadói), principalmente para solventar el trabajo de las procuradurías e indemnizar a las víctimas de los delitos contra derechos humanos.
Sin embargo, con la misma firmeza, alertamos más de una vez sobre el mal uso que se pretendió hacer del fondo, al utilizarlo como una caja chica para atender otras urgencias, como compras de uniformes para la Policía Nacional, indemnizaciones a trabajadores despedidos por el fujimorismo, etcétera.
Hoy, cuando se hace ostensible el relanzamiento de la lucha anticorrupción con una estrategia integral que comprometa a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tiene que ponerse orden en las cuentas del Fedadói.
El tema es muy serio y delicado, pues pone a prueba la coherencia del Estado en la lucha anticorrupción. Si el Fedadói fue creado para determinados fines, pues no puede haber desvíos en ello, ya que eso aparte de contravenir la ley, resta autoridad moral al Gobierno y transmite una negativa señal a la ciudadanía respecto de la lucha anticorrupción.
Como lo advirtió en su momento la fiscal Cova, tiene que corregirse las fallas y debilidades del sistema anticorrupción. Y no solo para evitar que muchos corruptos puedan abandonar las cárceles adonde tanto trabajo costó llevarlos, sino también para recuperar todo el dinero que robaron y poner las bases de una nueva cultura de tolerancia cero contra la impunidad y el mal manejo de los recursos del Estado.
La noticia es positiva, pero necesita ser contextualizada y explicada en detalle, en vista de que previamente se refirió que el monto recuperado superaba los 100 millones de dólares. Más aun, la oportunidad debe ser aprovechada para informar al país cuánto es el monto exacto de lo recuperado, qué se ha hecho con ese dinero y cómo se piensa continuar la estrategia anticorrupción en dicho ámbito.
En todo momento, hemos apoyado las acciones del Estado en el juzgamiento de la mafia fujimontesinista, enfatizando en el fortalecimiento de las procuradurías y de las fiscalías y juzgados ad hoc, así como en el debido proceso.
Y en el caso específico de la recuperación de montos birlados por los mafiosos destacamos el papel protagónico que jugaron la fiscal suiza Cornelia Cova y las autoridades judiciales de ese país, durante la gestión de nuestro cónsul en Zurich, Ernesto Pinto. Igualmente, saludamos la creación en el 2001 del llamado Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente (Fedadói), principalmente para solventar el trabajo de las procuradurías e indemnizar a las víctimas de los delitos contra derechos humanos.
Sin embargo, con la misma firmeza, alertamos más de una vez sobre el mal uso que se pretendió hacer del fondo, al utilizarlo como una caja chica para atender otras urgencias, como compras de uniformes para la Policía Nacional, indemnizaciones a trabajadores despedidos por el fujimorismo, etcétera.
Hoy, cuando se hace ostensible el relanzamiento de la lucha anticorrupción con una estrategia integral que comprometa a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tiene que ponerse orden en las cuentas del Fedadói.
El tema es muy serio y delicado, pues pone a prueba la coherencia del Estado en la lucha anticorrupción. Si el Fedadói fue creado para determinados fines, pues no puede haber desvíos en ello, ya que eso aparte de contravenir la ley, resta autoridad moral al Gobierno y transmite una negativa señal a la ciudadanía respecto de la lucha anticorrupción.
Como lo advirtió en su momento la fiscal Cova, tiene que corregirse las fallas y debilidades del sistema anticorrupción. Y no solo para evitar que muchos corruptos puedan abandonar las cárceles adonde tanto trabajo costó llevarlos, sino también para recuperar todo el dinero que robaron y poner las bases de una nueva cultura de tolerancia cero contra la impunidad y el mal manejo de los recursos del Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario