El grave escándalo de los 'petroaudios' fue el hilo que jaló la madeja más reciente de la corrupción y no terminan de sorprendernos los avances de las investigaciones fiscales y parlamentarias, que ahora han puesto en entredicho las modalidades y procesos de los servicios de inteligencia.
Lo último en esto es tan absurdo como intolerable: ¿Cómo es posible que, según se ha conocido en el Congreso, los servicios de inteligencia de las FF.AA. y de la Policía Nacional encarguen a terceros el rastreo de llamadas telefónicas que, por autorización judicial, se realiza a diversas personas por supuestamente pertenecer a bandas de narcotraficantes y secuestradores?
Esta revelación es grave, pues implica una aparente 'legalización' de dichas operaciones dolosas y, peor aun, revela una riesgosísima debilidad estructural, operativa e institucional de los servicios de inteligencia, lo que finalmente explicaría su ineficiencia y la indefensión en que colocan al país.
Veamos. Por principio, los servicios de inteligencia deben abocarse de modo prioritario, exclusivo y excluyente, a acopiar y procesar información concerniente a la seguridad nacional. Para ello actúan con criterios de altísima reserva y confidencialidad, por lo que nada resulta más extraño y contrario a su naturaleza que depender de terceros para cumplir su labor.
En tal sentido, el prospecto de 'privatizar' la seguridad nacional es simplemente aterrador, por lo que esta denuncia no puede quedar así. Se exige un pronunciamiento inmediato y al más alto nivel político, por parte del presidente del Consejo de Ministros, a quien reportan estos servicios. Y no solo para suspender ese tipo de contratos tan absurdos y peligrosos, sino también para deslindar las responsabilidades que correspondan en todo nivel.
Por una cuestión de legalidad, transparencia y hasta de supervivencia, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué empresas están supuestamente autorizadas a realizar ese tipo de interceptaciones, desde cuándo y en qué condiciones legales y técnicas. Asimismo, debe investigarse con qué equipos cuentan, quiénes son sus clientes y qué tipo de servicios han venido prestando a terceros, en lo que parece ser una maraña delictiva que, de modo indignante y asaz ilegal y anticonstitucional, hace escarnio y tabla rasa del derecho a la privacidad de las comunicaciones, hasta ahora impunemente.
Es preciso recordar que hace unos años se sancionó a algunos oficiales de las FF.AA. que prestaban servicios de espionaje a algunas empresas privadas. El caso presente es mucho más grave. Hoy el esquema es similar, pero en sentido contrario, en que empresas privadas proveen a los servicios de inteligencia, por lo que la sanción debe ser equivalente o mayor.
La lucha contra la corrupción exige que se esclarezca plenamente el Caso León-Quimper, pero también que se arranque de raíz los esquemas ilegales y corruptores del 'chuponeo' telefónico, que operan caótica e impunemente al mejor postor.
Y si ello demanda que se revise las normas de los servicios de inteligencia, así como su reglamento tan postergado, pues el Congreso debiera asumir su responsabilidad para que el Perú deje de ser un mar de conjeturas y sospechas en torno a quién 'chuponea' a quién y con qué perversos y delictivos fines.
Lo último en esto es tan absurdo como intolerable: ¿Cómo es posible que, según se ha conocido en el Congreso, los servicios de inteligencia de las FF.AA. y de la Policía Nacional encarguen a terceros el rastreo de llamadas telefónicas que, por autorización judicial, se realiza a diversas personas por supuestamente pertenecer a bandas de narcotraficantes y secuestradores?
Esta revelación es grave, pues implica una aparente 'legalización' de dichas operaciones dolosas y, peor aun, revela una riesgosísima debilidad estructural, operativa e institucional de los servicios de inteligencia, lo que finalmente explicaría su ineficiencia y la indefensión en que colocan al país.
Veamos. Por principio, los servicios de inteligencia deben abocarse de modo prioritario, exclusivo y excluyente, a acopiar y procesar información concerniente a la seguridad nacional. Para ello actúan con criterios de altísima reserva y confidencialidad, por lo que nada resulta más extraño y contrario a su naturaleza que depender de terceros para cumplir su labor.
En tal sentido, el prospecto de 'privatizar' la seguridad nacional es simplemente aterrador, por lo que esta denuncia no puede quedar así. Se exige un pronunciamiento inmediato y al más alto nivel político, por parte del presidente del Consejo de Ministros, a quien reportan estos servicios. Y no solo para suspender ese tipo de contratos tan absurdos y peligrosos, sino también para deslindar las responsabilidades que correspondan en todo nivel.
Por una cuestión de legalidad, transparencia y hasta de supervivencia, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué empresas están supuestamente autorizadas a realizar ese tipo de interceptaciones, desde cuándo y en qué condiciones legales y técnicas. Asimismo, debe investigarse con qué equipos cuentan, quiénes son sus clientes y qué tipo de servicios han venido prestando a terceros, en lo que parece ser una maraña delictiva que, de modo indignante y asaz ilegal y anticonstitucional, hace escarnio y tabla rasa del derecho a la privacidad de las comunicaciones, hasta ahora impunemente.
Es preciso recordar que hace unos años se sancionó a algunos oficiales de las FF.AA. que prestaban servicios de espionaje a algunas empresas privadas. El caso presente es mucho más grave. Hoy el esquema es similar, pero en sentido contrario, en que empresas privadas proveen a los servicios de inteligencia, por lo que la sanción debe ser equivalente o mayor.
La lucha contra la corrupción exige que se esclarezca plenamente el Caso León-Quimper, pero también que se arranque de raíz los esquemas ilegales y corruptores del 'chuponeo' telefónico, que operan caótica e impunemente al mejor postor.
Y si ello demanda que se revise las normas de los servicios de inteligencia, así como su reglamento tan postergado, pues el Congreso debiera asumir su responsabilidad para que el Perú deje de ser un mar de conjeturas y sospechas en torno a quién 'chuponea' a quién y con qué perversos y delictivos fines.
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