21.11.08

Habla la computadora

Ahora todos dicen que su relación con Canaán era distante, pero ¿por qué Canaán vino 14 veces al Perú en el curso de un año? ¿Tanto le gustaba la comida peruana?

La computadora de Rómulo León Alegría está empezando a hablar. Hasta ahora se han filtrado a la prensa unos pocos correos electrónicos del prófugo ex ministro aprista, pero el contenido completo parece que ayudará de manera muy importante a poner al descubierto una alta y encumbrada red de corrupción.

¿QUIÉN NO LOS CONOCE? El viernes pasado, por ejemplo, se supo que la ex ministra de Justicia y actual embajadora en la OEA, María Zavala, había recibido a la ya popular pareja de negociantes, Rómulo León y el dominicano Fortunato Canaán.

De inmediato, Zavala admitió la reunión, pero dijo que no habían concretado ninguna transacción. Habría que preguntar si su sucesora también recibió a León y/o Canaán y qué ofertas escuchó de ellos.

Ayer Perú.21 informó que el ex ministro Luis Alva Castro se reunió tres veces con el ubicuo Canaán, una de ellas en su concurrida suite del hotel Country.

En realidad, a estas alturas más bien cabe preguntar quién no recibió a este dúo.

Naturalmente, haberse juntado con ellos no significa que se haya cometido algún acto inmoral o ilícito. Pero, dadas las evidencias que hay en el caso de la petrolera Discover, donde existen suficientes pruebas para presumir un delito, es necesario que las autoridades investiguen los casos en los que, además de reuniones, hubo negocios que se efectivizaron.

Ahora todos dicen que su relación con Canaán era distante, pero ¿por qué esa familiaridad de visitarlo en su suite? Y ¿por qué Canaán vino 14 veces al Perú en el curso de un año? ¿Tanto le gustaba la comida peruana?

CUNDE EL PÁNICO. El Poder Judicial ha entregado materiales de la computadora de Rómulo León a la comisión investigadora del Congreso que preside Daniel Abugattás. Algunos miembros de ese organismo han adelantado que esos documentos indican que la red de corrupción es extensa y que involucra a altos cargos.

Sin duda, eso ha provocado alarma en aquellos que hicieron negocios con León y/o Canaán. En su desesperación, están invirtiendo mucho en desarrollar campañas de desinformación para crear un ambiente contrario a la investigación de la red de corrupción.

En esas campañas arrastran a algunos ingenuos bien intencionados. Pero los más parecen moverse por motivos deleznables.

MANIOBRAS. Aunque desde el inicio del escándalo hubo el intento de minimizarlo, los esfuerzos en ese campo fueron vanos. No se puede tapar el sol con un dedo.

Otra manera de desviar la atención de la opinión pública sobre el tema ha sido la fuerte campaña para pretender negar validez a los audios con los que se inició la denuncia, centrando el problema en la interceptación telefónica.

La interceptación es, sin duda, un delito. Y es obvio que quienes la practicaron en este caso, lo hicieron por una pugna de poder, o económica o política, o todas ellas, y no con propósitos altruistas. Pero eso no cambia en absoluto la importancia de los audios para desenmascarar la red de corrupción.

Poner la interceptación ilegal como el problema más grave del país, por encima de la pobreza, el narcotráfico o la corrupción, y dedicarle más espacio que cualquiera de esos temas, llama a sospecha. Tanto nerviosismo no parece motivado por los principios o la ideología. El último número de la revista Caretas trae interesantes apreciaciones sobre el tema.

INDISCRECIONES. Otra vertiente diversionista es la que ha practicado, casi desde el comienzo, Cecilia Valenzuela, en La ventana indiscreta. Empezó con una absurda acusación a la fenecida ONA (Oficina Nacional Anticorrupción), organismo que nunca tuvo importancia alguna, a pesar de que allí participaron personas honestas y capaces. Acusó a gente de la ONA, organismo que desapareció meses antes de que se concretara el negocio petrolero, de ocultar pruebas, cosa que los involucrados negaron.

Cualquiera puede darse cuenta de que, ante el más grande caso de corrupción descubierto y judicializado en un gobierno democrático, perderse en esos vericuetos extravagantes solo puede tener un objetivo diversionista.
Pero después las cosas han ido mucho más lejos. Valenzuela ha realizado una campaña de blanqueo del ex ministro Hernán Garrido Lecca.

Garrido Lecca es un personaje ampliamente conocido en el mundo empresarial y periodístico. Por supuesto, Valenzuela puede usar su programa para intentar lavarle la cara. La libertad de prensa debe ser irrestricta.

Pero no tiene derecho a mentir para lograr ese propósito. Ella ha sostenido que unos correos electrónicos que presuntamente fueron entregados a un congresista, luego trasladados a la comisión del Congreso y, por último, proporcionados a la Fiscalía también me llegaron a mí y a Cuarto poder, de América TV. Valenzuela sostiene que esos correos son trucados y nos acusa ¡por no difundir materiales falsos!

El hecho es que esos correos jamás me llegaron a mí ni a Cuarto poder, y ella lo sabe. Miente deliberadamente con el propósito de confundir. Sus razones tendrá.

¿EL PERÚ AVANZA? El asunto es que, a pesar de la intensidad de las campañas diversionistas, la opinión pública no ha sido desorientada. Las últimas encuestas de la Universidad de Lima y de Ipsos-Apoyo muestran que los ciudadanos manifiestan indignación y repudio a la corrupción.

La computadora de León Alegría probablemente proporcionará nuevas evidencias y más pistas para identificar a la red de corrupción. En ese entendido es que en la denuncia que presentamos con José Ugaz ante la Fiscalía, el lunes 6 de octubre, a las 8 de la mañana, insistimos en la necesidad de incautar la máquina, así como la de capturar a Rómulo León. Hay que destacar que el fiscal ”scar Zevallos y la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, actuaron con una rapidez merecedora de elogio y la computadora que había sido removida de la oficina de León fue recuperada.

Por supuesto, los materiales de la computadora por sí solos no constituyen pruebas definitivas. Pero si se le suman los audios, declaraciones de los testigos y otras evidencias a las que las autoridades judiciales pueden acceder, como cuentas bancarias, documentos de entidades públicas, etc., se pueden establecer responsabilidades y sancionar a los corruptos.

Eso significaría un importantísimo paso adelante en la lucha contra la corrupción en el país, uno de los males endémicos que frena el desarrollo, debilita el sistema político y socava la democracia.

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