Sí es posible lograr un entendimiento permanente y sólido entre todos los peruanos, los que habitan en la costa, sierra y selva. No olvidemos que nuestra República es unitaria y democrática, y por más que las comunidades nativas tengan regímenes especiales, esto no implica carta blanca para entorpecer la buena marcha del conjunto nacional.
Esta falsa percepción de las cosas hizo que el dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, cometiera un improntus al convocar a una “insurgencia”, como si el actual gobierno fuera uno usurpador y dictatorial. Nada más alejado de la realidad.
Por eso no le quedó más remedio al proponente de esa acción de lucha que retroceder en el intento por radicalizar las protestas de algunos sectores del oriente peruano. Haber dado marcha atrás es un triunfo del diálogo y la tolerancia pues nos parece ilegítimo sostener que existen decretos legislativos que atentan contra los derechos de los pueblos amazónicos cuando la mayoría de dirigentes no conoce ni el fondo de las normas ni el articulado que pasó por el estudio de equipos técnicos especializados del Ejecutivo y del Parlamento. En otros términos, Pizango al ver que perdía convocatoria dio marcha atrás en sus amenazas contra el Perú, pues sus ataques en realidad no son sólo contra el gobierno sino contra todo el país. No obstante esa reconsideración de Pizango, lamentamos que permanezcan otras medidas de protesta.
Para evaluar esa situación el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quequén, ha dicho que la Comisón de Constitución, presidida por el parlamentario José Vargas, analizará mañana martes los decretos legislativos motivo de la protesta, no tanto para derogarlos sino para verificar si se vulneran o no aspectos de la vida de las comunidades indígenas, así como para abrir un canal de diálogo y coordinación. Ahora bien, cabe preguntarnos por qué hemos llegado a estos extremos. ¿Es que detrás de Aidesep hay otros protagonistas insuflados de un cálculo político electorero que incluye también al “nacionalismo” humalista?
En relación a estas preguntas, el premier Yehude Simon ha indicado que las acciones de fuerza de algunas comunidades selváticas responderían a una estrategia para desestabilizar la democracia, con nexos en el extranjero y dirigida a movilizar las protestas hacia Lima. “Creo que hay alguien detrás del señor Pizango que no cree en la democracia. Aquí hay un complot contra la democracia”, dijo en conferencia de prensa realizada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sus razones tendrá y hay que tomar en cuenta esas afirmaciones. Pero, sobre el particular y en lo inmediato, será la Comisión de Constitución del Congreso la que este martes podría ayudar mucho a hacer entrar en razón a los dirigentes radicales que siempre bloquean la carretera Fernando Belaunde o toman el oleoducto nororiental, así como para que entiendan que actúan bajo clisés preconcebidos que les impiden mirar los beneficios que traen esos decretos tales como la Ley Forestal y de Fauna Silvestre o la Ley de Recursos Hídricos para las propias comunidades.
Esta falsa percepción de las cosas hizo que el dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, cometiera un improntus al convocar a una “insurgencia”, como si el actual gobierno fuera uno usurpador y dictatorial. Nada más alejado de la realidad.
Por eso no le quedó más remedio al proponente de esa acción de lucha que retroceder en el intento por radicalizar las protestas de algunos sectores del oriente peruano. Haber dado marcha atrás es un triunfo del diálogo y la tolerancia pues nos parece ilegítimo sostener que existen decretos legislativos que atentan contra los derechos de los pueblos amazónicos cuando la mayoría de dirigentes no conoce ni el fondo de las normas ni el articulado que pasó por el estudio de equipos técnicos especializados del Ejecutivo y del Parlamento. En otros términos, Pizango al ver que perdía convocatoria dio marcha atrás en sus amenazas contra el Perú, pues sus ataques en realidad no son sólo contra el gobierno sino contra todo el país. No obstante esa reconsideración de Pizango, lamentamos que permanezcan otras medidas de protesta.
Para evaluar esa situación el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quequén, ha dicho que la Comisón de Constitución, presidida por el parlamentario José Vargas, analizará mañana martes los decretos legislativos motivo de la protesta, no tanto para derogarlos sino para verificar si se vulneran o no aspectos de la vida de las comunidades indígenas, así como para abrir un canal de diálogo y coordinación. Ahora bien, cabe preguntarnos por qué hemos llegado a estos extremos. ¿Es que detrás de Aidesep hay otros protagonistas insuflados de un cálculo político electorero que incluye también al “nacionalismo” humalista?
En relación a estas preguntas, el premier Yehude Simon ha indicado que las acciones de fuerza de algunas comunidades selváticas responderían a una estrategia para desestabilizar la democracia, con nexos en el extranjero y dirigida a movilizar las protestas hacia Lima. “Creo que hay alguien detrás del señor Pizango que no cree en la democracia. Aquí hay un complot contra la democracia”, dijo en conferencia de prensa realizada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sus razones tendrá y hay que tomar en cuenta esas afirmaciones. Pero, sobre el particular y en lo inmediato, será la Comisión de Constitución del Congreso la que este martes podría ayudar mucho a hacer entrar en razón a los dirigentes radicales que siempre bloquean la carretera Fernando Belaunde o toman el oleoducto nororiental, así como para que entiendan que actúan bajo clisés preconcebidos que les impiden mirar los beneficios que traen esos decretos tales como la Ley Forestal y de Fauna Silvestre o la Ley de Recursos Hídricos para las propias comunidades.
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