El gobierno del Perú ha decidido convertir al Perú en refugio de delincuentes, y hasta de asesinos. Esa es la raíz del problema surgido en estos días con Bolivia.
El viernes último, el régimen concedió asilo a Jorge Torres Obleas, ex ministro de Hacienda del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El personaje está enjuiciado desde antes de que Evo Morales asumiera la presidencia de Bolivia. Su culpa es abominable: firmó con el “gringo” Sánchez de Lozada el decreto represivo que produjo la muerte de 67 ciudadanos, y centenares de heridos y mutilados.
Ese crimen de lesa humanidad indignó al pueblo boliviano. Fue, en verdad, el punto culminante de una movilización que se había iniciado el 8 de octubre del 2003 contra la intención del gobierno de construir un gasoducto para exportar el gas de Tarija a través de un puerto chileno. El país consideró que eso privaba a Bolivia de un arma decisiva en la lucha por una salida al mar soberana.
La protesta se dirigía también contra la política neoliberal hambreadora y contra las reiteradas represiones. El foco inicial se encendió en El Alto, población radical compuesta en buena parte por aymaras originarios de Puno.
La insurgencia abarcó todo el país. A las calles se lanzaron la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Campesinos, los cocaleros, los estudiantes universitarios. Todo el pueblo al final.
Sánchez de Lozada, proyanqui visceral, no encontró mejor arma que ordenar una matanza. Sus ministros, tres de ellos refugiados en el Perú, firmaron un decreto que ordenaba al Ejército reprimir a sangre y fuego la protesta.
Por eso están enjuiciados, conforme al Código Penal de Bolivia, por masacre sangrienta.
La insurgencia fue tan vasta, tan masiva, tan valiente, que el Ejército consideró que no podía seguir matando. La coalición que gobernaba el país se rompió. Los partidos tradicionales comenzaron a deshilacharse.
En vista de lo cual, el genocida mayor, Sánchez de Lozada, decidió, al caer la tarde del 17 de octubre, renunciar a la presidencia y huir. Como otros gobernantes sanguinarios y cobardes, renunció por carta a la presidencia.
A esos indeseables, repudiados en Bolivia, ofrece refugio el Perú, y, en el caso de Jorge Torres, asilo.
Es una muestra más de la línea antiboliviana de un régimen que parece empeñado en aislarnos en política exterior. El deber peruano es afirmar una amistad que tiene raíces ancestrales y reverberaciones geopolíticas.
En ese contexto surgen algunos términos agraviantes, de uno y otro lado. Opino que Bolivia no requiere recurrir a la injuria, aunque, como se sabe, fue el maleducado ministro José Antonio Chang quien hace poco llamó “chabacano” al mandatario boliviano.
Cuando hay razón sustantiva, los adjetivos sobran.
LA PRIMERA
El viernes último, el régimen concedió asilo a Jorge Torres Obleas, ex ministro de Hacienda del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El personaje está enjuiciado desde antes de que Evo Morales asumiera la presidencia de Bolivia. Su culpa es abominable: firmó con el “gringo” Sánchez de Lozada el decreto represivo que produjo la muerte de 67 ciudadanos, y centenares de heridos y mutilados.
Ese crimen de lesa humanidad indignó al pueblo boliviano. Fue, en verdad, el punto culminante de una movilización que se había iniciado el 8 de octubre del 2003 contra la intención del gobierno de construir un gasoducto para exportar el gas de Tarija a través de un puerto chileno. El país consideró que eso privaba a Bolivia de un arma decisiva en la lucha por una salida al mar soberana.
La protesta se dirigía también contra la política neoliberal hambreadora y contra las reiteradas represiones. El foco inicial se encendió en El Alto, población radical compuesta en buena parte por aymaras originarios de Puno.
La insurgencia abarcó todo el país. A las calles se lanzaron la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Campesinos, los cocaleros, los estudiantes universitarios. Todo el pueblo al final.
Sánchez de Lozada, proyanqui visceral, no encontró mejor arma que ordenar una matanza. Sus ministros, tres de ellos refugiados en el Perú, firmaron un decreto que ordenaba al Ejército reprimir a sangre y fuego la protesta.
Por eso están enjuiciados, conforme al Código Penal de Bolivia, por masacre sangrienta.
La insurgencia fue tan vasta, tan masiva, tan valiente, que el Ejército consideró que no podía seguir matando. La coalición que gobernaba el país se rompió. Los partidos tradicionales comenzaron a deshilacharse.
En vista de lo cual, el genocida mayor, Sánchez de Lozada, decidió, al caer la tarde del 17 de octubre, renunciar a la presidencia y huir. Como otros gobernantes sanguinarios y cobardes, renunció por carta a la presidencia.
A esos indeseables, repudiados en Bolivia, ofrece refugio el Perú, y, en el caso de Jorge Torres, asilo.
Es una muestra más de la línea antiboliviana de un régimen que parece empeñado en aislarnos en política exterior. El deber peruano es afirmar una amistad que tiene raíces ancestrales y reverberaciones geopolíticas.
En ese contexto surgen algunos términos agraviantes, de uno y otro lado. Opino que Bolivia no requiere recurrir a la injuria, aunque, como se sabe, fue el maleducado ministro José Antonio Chang quien hace poco llamó “chabacano” al mandatario boliviano.
Cuando hay razón sustantiva, los adjetivos sobran.
LA PRIMERA
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