Hace solo dos días me referí a una creciente sensación de malos manejos y de favoritismo en las empresas del Estado. Hoy, a riesgo de parecer monotemático, me veo obligado a volver a tratarlo ante una nueva denuncia de copamiento partidario.
En esta ocasión se trata del Banco de la Nación, brazo financiero del Tesoro Público y entidad que en los últimos años se ha dedicado crecientemente al negocio bancario, aunque sin la debida supervisión ni estando completamente regulado. Incluso lo hace a pesar de existir serias dudas sobre su eficiencia, demostradas en la equivocada transferencia de 533 millones de soles a la cuenta de ahorros de doña Julia en Bagua.
Si bien estamos seguros de que la Contraloría investigará la denuncia, creemos que sería recomendable, para ganar tiempo, que de una vez revise el ingreso del personal en todas las empresas públicas, pues es muy probable que en varias encuentre situaciones similares.
En realidad, los antecedentes empresariales que tienen los miembros del partido no son nada alentadores; mejor dicho, son aterradores. Durante el anterior gobierno de Alan García, las empresas del Estado perdieron US$1,700 millones en solo cinco años. Sin embargo, aumentaron el personal, en 67%, a 44 mil 'compañeros’. Por ello, la enorme preocupación ante las crecientes señales de partidarios ingresando a la planilla.
Por otro lado, el gobierno ha ofrecido, en diversas oportunidades, llevar a las empresas públicas a ser cotizadas en la Bolsa de Valores a fin de obligarlas a que sean correctamente auditadas, a que cuenten con directores independientes y con representantes de minoritarios. Con la venta de parte del accionariado, al margen de si es no mayoritario, no solo se recaudarían fondos que hoy son muy necesarios, sino que las empresas del Estado tendrían que adoptar las mismas prácticas corporativas que están obligados a seguir las del sector privado.
Incluso se aprobó –en el marco de las facultades delegadas para el TLC con Estados Unidos– un decreto legislativo para facilitar esta conversión. Sin embargo, ya lleva un año de promulgado y ni siquiera ha sido reglamentado. Esta demora indicaría que su aprobación fue un gesto para desviar la atención, ya que no existiría voluntad alguna en desprenderse de las empresas y, menos aún, en transparentar su gestión.
PERU21
En esta ocasión se trata del Banco de la Nación, brazo financiero del Tesoro Público y entidad que en los últimos años se ha dedicado crecientemente al negocio bancario, aunque sin la debida supervisión ni estando completamente regulado. Incluso lo hace a pesar de existir serias dudas sobre su eficiencia, demostradas en la equivocada transferencia de 533 millones de soles a la cuenta de ahorros de doña Julia en Bagua.
Si bien estamos seguros de que la Contraloría investigará la denuncia, creemos que sería recomendable, para ganar tiempo, que de una vez revise el ingreso del personal en todas las empresas públicas, pues es muy probable que en varias encuentre situaciones similares.
En realidad, los antecedentes empresariales que tienen los miembros del partido no son nada alentadores; mejor dicho, son aterradores. Durante el anterior gobierno de Alan García, las empresas del Estado perdieron US$1,700 millones en solo cinco años. Sin embargo, aumentaron el personal, en 67%, a 44 mil 'compañeros’. Por ello, la enorme preocupación ante las crecientes señales de partidarios ingresando a la planilla.
Por otro lado, el gobierno ha ofrecido, en diversas oportunidades, llevar a las empresas públicas a ser cotizadas en la Bolsa de Valores a fin de obligarlas a que sean correctamente auditadas, a que cuenten con directores independientes y con representantes de minoritarios. Con la venta de parte del accionariado, al margen de si es no mayoritario, no solo se recaudarían fondos que hoy son muy necesarios, sino que las empresas del Estado tendrían que adoptar las mismas prácticas corporativas que están obligados a seguir las del sector privado.
Incluso se aprobó –en el marco de las facultades delegadas para el TLC con Estados Unidos– un decreto legislativo para facilitar esta conversión. Sin embargo, ya lleva un año de promulgado y ni siquiera ha sido reglamentado. Esta demora indicaría que su aprobación fue un gesto para desviar la atención, ya que no existiría voluntad alguna en desprenderse de las empresas y, menos aún, en transparentar su gestión.
PERU21
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