21.5.09

Exigimos seriedad en el juicio de La Haya

Llama la atención la postura del Gobierno del Ecuador en relación con el diferendo marítimo que involucra al Perú y Chile. Inicialmente, según lo informó ayer El Comercio, Ecuador estaría dispuesto a testificar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que la Declaración sobre Zona Marítima, de 1952, así como el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, de 1954, suscritos por Ecuador, Chile y el Perú son “tratados de límites” y no simplemente acuerdos pesqueros, como sostiene nuestra cancillería ateniéndose al espíritu y la letra de esos documentos.

Sin embargo, horas más tarde, a través de un comunicado, la propia Cancillería Ecuatoriana hizo una precisión en el sentido de que Ecuador reafirma su posición de independencia frente a la demanda que presentó el Perú ante Chile, aunque insiste en la vigencia de los límites marítimos por los convenios mencionados. Todo ello pone en evidencia el sobredimensionamiento y la manipulación informativa, sobre todo de la prensa chilena, que Torre Tagle ha calificado de “juego mediático”.

En cuanto al tema de fondo, Ecuador, como lo ha expresado su canciller Fander Falconí, puede actuar con la mayor libertad en este asunto en pleno uso de su soberanía. Pero, ese presunto tratado tripartito no figura en el listado de “Tratados y convenciones multilaterales, firmados por diferentes grupos de estados americanos durante los siglos XIX y XX”, que recoge la “Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas”.

En la Declaración sobre Zona Marítima, de 1952, en el punto IV —referido al Archipiélago de las Galápagos, del Ecuador— se estableció el criterio que debería aplicarse para la delimitación de la zona marítima correspondiente a las mismas. Por esta razón el Perú tiene una delimitación marítima con el Ecuador, pues se puede aplicar el paralelo geográfico del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos. Así lo entiende también la Cancillería Ecuatoriana.

El Ecuador, en el pleno uso de su soberanía, puede intervenir en el proceso de La Haya, si la Corte Internacional de Justicia lo solicita. También podría abstenerse, posición que consideramos más razonable. Pero el vecino del norte advierte también que en caso de intervenir lo haría “en defensa de los intereses nacionales”. Aquí hay una evidente contradicción, pues si el largo contencioso limítrofe territorial y marítimo está concluido, si ambos pueblos tratan de implementar proyectos conjuntos, ¿cuáles serían los intereses nacionales del Ecuador para inclinarse a favor de la tesis chilena? Lo coherente es seguir cimentando unas relaciones cada vez más estrechas y tratar de recuperar el tiempo perdido en las continuas crispaciones y hasta conflictos que, por desgracia, signaron casi todo el siglo XX.

Chile, por la euforia de su canciller Mariano Fernández, da por descontado el respaldo ecuatoriano y, con poca seriedad, como si se tratase de un partido de fútbol, como ha dicho nuestro ministro de RR.EE., José Antonio García Belaunde, añade que el país sureño va ganando por 2 a 1. La corte de La Haya —ha dicho García Belaunde— no es un campo deportivo y “juzga como juzgan los jueces, a partir de la argumentación que señalan las partes”.

Nosotros debemos confiar en la profesionalidad y patriotismo de nuestra cancillería, de la delegación peruana ante la CIJ y de los grupos de trabajo inmersos en el contencioso, así como en la idoneidad de los especialistas contratados por el Estado Peruano. No nos impresionan las argucias mediáticas, ni el intento de Chile de armar un “cuadrillazo”, como se decía en el siglo XIX. El Perú ha presentado ante la CIJ “una memoria buena, un trabajo impecable elaborado por profesionales de altísima calidad, juristas peruanos y extranjeros”. Esa es nuestra arma, seria, maciza, que no cuenta goles, sino abrumadoras razones.

EL COMERCIO

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