LOS VERDADEROS COMPROMISOS DEL CONGRESO
Por: Enrique Bernales B Politólogo
En las últimas semanas se han debatido propuestas de reforma política que atañen, especialmente, al ámbito electoral. Existe una corriente en el Congreso proclive a modificar las viejas reglas electorales. Es una reforma necesaria.
Asimismo, aparecen otras propuestas, como la reelección presidencial. Pero esa propuesta es, cuando menos, inoportuna y cortesana.
La reelección presidencial es una institución válida en sistemas institucionalizados, en los que difícilmente un presidente candidato puede hacer uso de recursos públicos para reelegirse. Desde una perspectiva constitucional, volveríamos al juego perverso del fujimorato y a seguir la cola de ejemplos perniciosos.
Hugo Chávez aspira a un mandato con perpetuidad en Venezuela. La vocación de continuidad en el cargo tiene expresiones en Bolivia y en el Ecuador. La lógica de quienes auspician la reelección es más cercana del autoritarismo que de la democracia. Pero este juicio no es porque la reelección sea en sí misma antidemocrática, sino porque las cosas hay que ubicarlas en sus antecedentes históricos y en su contexto. En el Perú las reelecciones siempre se han propiciado por áulicos que, de esta manera, se aúpan al poder y convierten a un presidente de pasado democrático en un vanidoso autoritario más.
Mal haríamos en vulnerar la seguridad jurídica modificando innecesariamente las leyes. La democracia requiere alternancia para institucionalizar sus procesos. Es ocioso alterar el debate público con propuestas que no llevarán a consensos sino a disensiones profundas. ¿Para qué polarizar un escenario ya complicado?
Tema interesante, en cambio, es el paquete de modificaciones puntuales a la legislación de partidos y reglas electorales. Por ejemplo, se plantea la incorporación de los movimientos regionales y locales a la regulación que tienen los partidos: es decir, se pretende exigirles elecciones internas, transparencia financiera, un determinado nivel de organización.
Como tesis de principio está bien, ¿pero es factible que en un escenario político como el peruano, de escasa institucionalización, los movimientos se desarrollen en el mismo nivel de los partidos de alcance nacional? Quizá, exigirles condiciones que ni los partidos pueden cumplir a cabalidad, sea ahogarlos. La libertad política en una democracia, sin llegar al caos del desborde, es la posibilidad que tienen los ciudadanos de organizarse políticamente. La reforma que se propone debería atender este criterio.
El mismo riesgo se cierne sobre los partidos si, descartado el voto preferencial que por cierto es una necesidad, se somete la prelación de las listas de candidatos a la voluntad de las bases partidarias; tal opción puede significar la injerencia de las cúpulas y la manipulación para impedir la elección de un candidato como opción legítima de cada militante.
El Perú es un país caudillista en esencia. ¡Cuidado! Tal propuesta, además, no viene sola, la ley pretende darle potestades de supervisión a la ONPE en las elecciones internas de los partidos; obligatoria por cierto. Pero la ONPE es el Estado, que suele ser en el Perú la expresión de voluntad de los gobiernos de turno.
Hay otros temas álgidos como el de las cuotas. Hay propuestas, en ese sentido, de alternancia hombre-mujer, que deben atenderse, pero buscando un equilibrio que respete la equidad y la justicia. Ese equilibrio atendería entonces a diversos sectores vulnerables que en un país tan lleno de exclusiones y discriminaciones, aspiran a tener un espacio de representación.
Que las reformas tengan como sustancia la libertad política y la participación de los ciudadanos y que no se conviertan en un fino corsé.
EL COMERCIO
Por: Enrique Bernales B Politólogo
En las últimas semanas se han debatido propuestas de reforma política que atañen, especialmente, al ámbito electoral. Existe una corriente en el Congreso proclive a modificar las viejas reglas electorales. Es una reforma necesaria.
Asimismo, aparecen otras propuestas, como la reelección presidencial. Pero esa propuesta es, cuando menos, inoportuna y cortesana.
La reelección presidencial es una institución válida en sistemas institucionalizados, en los que difícilmente un presidente candidato puede hacer uso de recursos públicos para reelegirse. Desde una perspectiva constitucional, volveríamos al juego perverso del fujimorato y a seguir la cola de ejemplos perniciosos.
Hugo Chávez aspira a un mandato con perpetuidad en Venezuela. La vocación de continuidad en el cargo tiene expresiones en Bolivia y en el Ecuador. La lógica de quienes auspician la reelección es más cercana del autoritarismo que de la democracia. Pero este juicio no es porque la reelección sea en sí misma antidemocrática, sino porque las cosas hay que ubicarlas en sus antecedentes históricos y en su contexto. En el Perú las reelecciones siempre se han propiciado por áulicos que, de esta manera, se aúpan al poder y convierten a un presidente de pasado democrático en un vanidoso autoritario más.
Mal haríamos en vulnerar la seguridad jurídica modificando innecesariamente las leyes. La democracia requiere alternancia para institucionalizar sus procesos. Es ocioso alterar el debate público con propuestas que no llevarán a consensos sino a disensiones profundas. ¿Para qué polarizar un escenario ya complicado?
Tema interesante, en cambio, es el paquete de modificaciones puntuales a la legislación de partidos y reglas electorales. Por ejemplo, se plantea la incorporación de los movimientos regionales y locales a la regulación que tienen los partidos: es decir, se pretende exigirles elecciones internas, transparencia financiera, un determinado nivel de organización.
Como tesis de principio está bien, ¿pero es factible que en un escenario político como el peruano, de escasa institucionalización, los movimientos se desarrollen en el mismo nivel de los partidos de alcance nacional? Quizá, exigirles condiciones que ni los partidos pueden cumplir a cabalidad, sea ahogarlos. La libertad política en una democracia, sin llegar al caos del desborde, es la posibilidad que tienen los ciudadanos de organizarse políticamente. La reforma que se propone debería atender este criterio.
El mismo riesgo se cierne sobre los partidos si, descartado el voto preferencial que por cierto es una necesidad, se somete la prelación de las listas de candidatos a la voluntad de las bases partidarias; tal opción puede significar la injerencia de las cúpulas y la manipulación para impedir la elección de un candidato como opción legítima de cada militante.
El Perú es un país caudillista en esencia. ¡Cuidado! Tal propuesta, además, no viene sola, la ley pretende darle potestades de supervisión a la ONPE en las elecciones internas de los partidos; obligatoria por cierto. Pero la ONPE es el Estado, que suele ser en el Perú la expresión de voluntad de los gobiernos de turno.
Hay otros temas álgidos como el de las cuotas. Hay propuestas, en ese sentido, de alternancia hombre-mujer, que deben atenderse, pero buscando un equilibrio que respete la equidad y la justicia. Ese equilibrio atendería entonces a diversos sectores vulnerables que en un país tan lleno de exclusiones y discriminaciones, aspiran a tener un espacio de representación.
Que las reformas tengan como sustancia la libertad política y la participación de los ciudadanos y que no se conviertan en un fino corsé.
EL COMERCIO
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