No hace mucho fuimos una de las escasas voces editoriales que advertían del peligroso abandono del estado moral y del carácter disuasivo de las Fuerzas Armadas del Perú. También asegurábamos que no era aconsejable minimizar los desafíos y riesgos que la globalización suele disimular en relación con asuntos de la Defensa.
Tampoco olvidamos señalar que entre el 2000 y 2006 llegaron a conducir el país presidentes neófitos, improvisados –por no decir mal intencionados– que consideraron su deber organizar una vendetta contra los uniformados, ignorando lo que todo estadista hubiera hecho en su lugar: zanjar las cosas frente a la costra corrupta que anidó en los institutos castrenses entre los años 1992 y 2000, individualizando en concreto las responsabilidades de quienes robaron y traicionaron al Perú cuando se plegaron a los dictados de Vladimiro Montesinos.
Por fortuna, después del 28 de julio de 2006 hay claridad en torno a los objetivos nacionales de cara a las metas de nuestro futuro desarrollo político, social y económico y en especial en cuanto a los requerimientos que la seguridad nacional plantea. En ese sentido, una decisión importante para recuperar las cualidades disuasivas que toda nación debe poseer es que el Ejecutivo apruebe cuanto antes un presupuesto extraordinario por el equivalente de US$ 654 millones para ser gastados de aquí al 2011. Obviamente la cifra no cubrirá todas las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas pero sería una muestra de la buena voluntad política que existe por renovar los equipos bélicos, dada una realidad tan real como necesaria, tanto ante los enemigos internos como son el terrorismo y el narcotráfico, o las siempre vigentes amenazas externas.
Muy bien, en medio de esta coyuntura, en la que incluso el Consejo de Ministros aprueba partidas complementarias como la de S/. 371 millones destinada a la “repotenciación” de naves, aeronaves y blindados de nuestras Fuerzas Armadas, eso sí honradez y eficiencia en el gasto de esos fondos. Tomemos en cuenta que en ellos está el ahorro y el esfuerzo del país, del contribuyente, y de la gente trabajadora que a través de sus impuestos cumple con habilitar los presupuestos públicos. De manera que si esos recursos, dirigidos a un fin específico como es la Defensa, son desviados a otros menesteres, por ejemplo a la alta oficialidad en forma de premios o agasajos, o si son mal utilizados como lo hizo la cúpula montesinista en episodios de triste recordación, sencillamente se tendrá que sancionar a los responsables de coimas o corruptelas como traidores a la patria.
En esta hora en la cual son abismales y provocadoras las distancias en materia de tecnología y capacidad de equipos bélicos –frente a la de otros países vecinos–; en este momento en que todavía existe la incertidumbre si Chile acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia en relación con la demanda peruana respecto a la delimitación de las aguas adyacentes con el vecino del sur; en estos instantes cumbres, señores, nada sería más abominable y repudiable que malos funcionarios –con uniforme o sin él– malversen el dinero de todos los peruanos, recursos que bien invertidos podrían salvar el honor nacional y proteger millones de vidas –llegado el caso–, haciendo respetar mediante la fuerza a todo intruso que atente contra nuestra soberanía. Repasemos la historia y comprendamos la realidad. Reiteramos entonces, quienes obren mal en cuestión de adquisiciones militares tendrán que ser considerados traidores a la patria.
EXPRESO
Tampoco olvidamos señalar que entre el 2000 y 2006 llegaron a conducir el país presidentes neófitos, improvisados –por no decir mal intencionados– que consideraron su deber organizar una vendetta contra los uniformados, ignorando lo que todo estadista hubiera hecho en su lugar: zanjar las cosas frente a la costra corrupta que anidó en los institutos castrenses entre los años 1992 y 2000, individualizando en concreto las responsabilidades de quienes robaron y traicionaron al Perú cuando se plegaron a los dictados de Vladimiro Montesinos.
Por fortuna, después del 28 de julio de 2006 hay claridad en torno a los objetivos nacionales de cara a las metas de nuestro futuro desarrollo político, social y económico y en especial en cuanto a los requerimientos que la seguridad nacional plantea. En ese sentido, una decisión importante para recuperar las cualidades disuasivas que toda nación debe poseer es que el Ejecutivo apruebe cuanto antes un presupuesto extraordinario por el equivalente de US$ 654 millones para ser gastados de aquí al 2011. Obviamente la cifra no cubrirá todas las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas pero sería una muestra de la buena voluntad política que existe por renovar los equipos bélicos, dada una realidad tan real como necesaria, tanto ante los enemigos internos como son el terrorismo y el narcotráfico, o las siempre vigentes amenazas externas.
Muy bien, en medio de esta coyuntura, en la que incluso el Consejo de Ministros aprueba partidas complementarias como la de S/. 371 millones destinada a la “repotenciación” de naves, aeronaves y blindados de nuestras Fuerzas Armadas, eso sí honradez y eficiencia en el gasto de esos fondos. Tomemos en cuenta que en ellos está el ahorro y el esfuerzo del país, del contribuyente, y de la gente trabajadora que a través de sus impuestos cumple con habilitar los presupuestos públicos. De manera que si esos recursos, dirigidos a un fin específico como es la Defensa, son desviados a otros menesteres, por ejemplo a la alta oficialidad en forma de premios o agasajos, o si son mal utilizados como lo hizo la cúpula montesinista en episodios de triste recordación, sencillamente se tendrá que sancionar a los responsables de coimas o corruptelas como traidores a la patria.
En esta hora en la cual son abismales y provocadoras las distancias en materia de tecnología y capacidad de equipos bélicos –frente a la de otros países vecinos–; en este momento en que todavía existe la incertidumbre si Chile acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia en relación con la demanda peruana respecto a la delimitación de las aguas adyacentes con el vecino del sur; en estos instantes cumbres, señores, nada sería más abominable y repudiable que malos funcionarios –con uniforme o sin él– malversen el dinero de todos los peruanos, recursos que bien invertidos podrían salvar el honor nacional y proteger millones de vidas –llegado el caso–, haciendo respetar mediante la fuerza a todo intruso que atente contra nuestra soberanía. Repasemos la historia y comprendamos la realidad. Reiteramos entonces, quienes obren mal en cuestión de adquisiciones militares tendrán que ser considerados traidores a la patria.
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