Por: Jaime de Althaus Guarderas
La idea central detrás de la lucha de Aidesep y de los obispos de la Amazonía es que los decretos legislativos vienen a terminar de ejecutar lo que ha venido ocurriendo desde siempre: el despojo de las tierras de las comunidades nativas a manos de las grandes empresas capitalistas y transnacionales.
En realidad, no solo los decretos legislativos rechazados, sino las leyes y la institucionalidad que incluso en materia de inversión petrolera se ha ido dando en los últimos años y meses protegen más los bosques, su explotación sostenible y los propios derechos indígenas que las normas anteriores, y cuando se ha pedido que se indique qué artículos o disposiciones abren las puertas a la pérdida de tierras o derechos, las precisiones se refieren a interpretaciones aclarables o a objeciones perfectamente atendibles.
¿Por qué, entonces, la insistencia maximalista en derogar a ciegas todos los decretos? En parte por inmadurez democrática, pero sobre todo porque estos se han convertido en un mito, en el mito del mal. Un mito construido por un radicalismo indígena ideológico alimentado desde fuera, que ha logrado simbolizar en los decretos la historia de despojos y explotación que los nativos efectivamente han sufrido desde la época del caucho.
La distorsión ideológica está en señalar al Gobierno y a las empresas capitalistas como los grandes causantes, cuando el despojo y la explotación que han padecido en las últimas décadas han sido producto más bien de la pobreza y de la falta de ley, precisamente. En efecto, han sido y son las migraciones de campesinos pobres andinos a la selva las que han deforestado 10 millones de hectáreas y expulsado a los nativos selva adentro, y han sido y son la minería informal del oro, la tala ilegal y el narcotráfico los principales agentes tanto de la explotación laboral de mano de obra indígena vía el enganche y la semiesclavitud como de la contaminación de unos ríos que son vitales para la alimentación nativa.
Entonces el enemigo real está allí: en la pobreza, la informalidad, la ilegalidad, en la ausencia de Estado y de empresas formales capaces de llevar a cabo un desarrollo sostenible y fiscalizable junto con las comunidades. Por lo tanto, lo lógico sería, en lugar del enfrentamiento, formar una alianza entre las comunidades nativas, el Estado y las empresas, para controlar la minería y la tala ilegales, reducir el narcotráfico y reforestar la ceja de selva. El problema es que a las fuentes de financiamiento de Aidesep solo les interesa demonizar a las grandes empresas, que sin duda necesitan control para que respeten los derechos de los pueblos indígenas, pero no son ni por asomo el peligro principal.
EL COMERCIO
La idea central detrás de la lucha de Aidesep y de los obispos de la Amazonía es que los decretos legislativos vienen a terminar de ejecutar lo que ha venido ocurriendo desde siempre: el despojo de las tierras de las comunidades nativas a manos de las grandes empresas capitalistas y transnacionales.
En realidad, no solo los decretos legislativos rechazados, sino las leyes y la institucionalidad que incluso en materia de inversión petrolera se ha ido dando en los últimos años y meses protegen más los bosques, su explotación sostenible y los propios derechos indígenas que las normas anteriores, y cuando se ha pedido que se indique qué artículos o disposiciones abren las puertas a la pérdida de tierras o derechos, las precisiones se refieren a interpretaciones aclarables o a objeciones perfectamente atendibles.
¿Por qué, entonces, la insistencia maximalista en derogar a ciegas todos los decretos? En parte por inmadurez democrática, pero sobre todo porque estos se han convertido en un mito, en el mito del mal. Un mito construido por un radicalismo indígena ideológico alimentado desde fuera, que ha logrado simbolizar en los decretos la historia de despojos y explotación que los nativos efectivamente han sufrido desde la época del caucho.
La distorsión ideológica está en señalar al Gobierno y a las empresas capitalistas como los grandes causantes, cuando el despojo y la explotación que han padecido en las últimas décadas han sido producto más bien de la pobreza y de la falta de ley, precisamente. En efecto, han sido y son las migraciones de campesinos pobres andinos a la selva las que han deforestado 10 millones de hectáreas y expulsado a los nativos selva adentro, y han sido y son la minería informal del oro, la tala ilegal y el narcotráfico los principales agentes tanto de la explotación laboral de mano de obra indígena vía el enganche y la semiesclavitud como de la contaminación de unos ríos que son vitales para la alimentación nativa.
Entonces el enemigo real está allí: en la pobreza, la informalidad, la ilegalidad, en la ausencia de Estado y de empresas formales capaces de llevar a cabo un desarrollo sostenible y fiscalizable junto con las comunidades. Por lo tanto, lo lógico sería, en lugar del enfrentamiento, formar una alianza entre las comunidades nativas, el Estado y las empresas, para controlar la minería y la tala ilegales, reducir el narcotráfico y reforestar la ceja de selva. El problema es que a las fuentes de financiamiento de Aidesep solo les interesa demonizar a las grandes empresas, que sin duda necesitan control para que respeten los derechos de los pueblos indígenas, pero no son ni por asomo el peligro principal.
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