El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha vuelto a dar una muestra de su 'delicada diplomacia’ al llamar chabacano a su homólogo peruano. Recordemos que hace pocas semanas, luego de presentarse la demanda peruana en La Haya y en el marco de comentarios sobre el impacto que esta tendría en la aspiración marítima boliviana, cuestionó el juicio de nuestro mandatario diciendo que “su mucha gordura lo está afectando”.
Ahora nuevamente ha recurrido al insulto ante el pedido de asilo y refugio que han presentado tres ex ministros bolivianos, acusados por los lamentables sucesos de 2003 que ocasionaron 60 muertes y llevaron a la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La Cancillería ya otorgó asilo a uno de ellos y las otras dos solicitudes están siendo analizadas, aunque esperamos que también sean aprobadas.
A primera vista, en las actuales circunstancias de conflicto político en Bolivia, y luego del sometimiento de las instituciones judiciales por parte del gobierno, es muy poco probable que los ex ministros logren un proceso justo y objetivo. Por otro lado, ninguna de las tres carteras que dirigían en esos momentos –desarrollo económico, salud y participación popular–, estaban vinculadas con la acción represiva del gobierno, por lo que no eran responsables directos de los sucesos. Se les juzga solo por responsabilidad política, por haber sido ministros, lo cual fortalece su pedido de asilo.
Sin embargo, lo que más llama la atención es el doble estándar del mandatario boliviano. Hace un año, su gobierno rechazó el pedido de extradición del ciudadano peruano Walter Chávez, quien es acusado de extorsión y secuestro de empresarios actuando como miembro del MRTA. El Sr. Walter Chávez, incluso, llegó a ser alto funcionario del actual gobierno boliviano y todavía disfruta de su protección como refugiado.
En realidad es poco serio que Morales se refiera a una supuesta “ofensa” al pueblo boliviano o de que se estaría cometiendo “un grave delito” por darles asilo, cuando su gobierno abiertamente protege a un miembro de un grupo terrorista. Evidentemente, para el mandatario boliviano existe diferencia ideológica entre los casos, y eso justificaría el tratamiento diferenciado. Con ello confirma el sesgo político de la acusación a los ex ministros, obligando, por tanto, al Perú a conceder el asilo.
LA REPUBLICA
Ahora nuevamente ha recurrido al insulto ante el pedido de asilo y refugio que han presentado tres ex ministros bolivianos, acusados por los lamentables sucesos de 2003 que ocasionaron 60 muertes y llevaron a la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La Cancillería ya otorgó asilo a uno de ellos y las otras dos solicitudes están siendo analizadas, aunque esperamos que también sean aprobadas.
A primera vista, en las actuales circunstancias de conflicto político en Bolivia, y luego del sometimiento de las instituciones judiciales por parte del gobierno, es muy poco probable que los ex ministros logren un proceso justo y objetivo. Por otro lado, ninguna de las tres carteras que dirigían en esos momentos –desarrollo económico, salud y participación popular–, estaban vinculadas con la acción represiva del gobierno, por lo que no eran responsables directos de los sucesos. Se les juzga solo por responsabilidad política, por haber sido ministros, lo cual fortalece su pedido de asilo.
Sin embargo, lo que más llama la atención es el doble estándar del mandatario boliviano. Hace un año, su gobierno rechazó el pedido de extradición del ciudadano peruano Walter Chávez, quien es acusado de extorsión y secuestro de empresarios actuando como miembro del MRTA. El Sr. Walter Chávez, incluso, llegó a ser alto funcionario del actual gobierno boliviano y todavía disfruta de su protección como refugiado.
En realidad es poco serio que Morales se refiera a una supuesta “ofensa” al pueblo boliviano o de que se estaría cometiendo “un grave delito” por darles asilo, cuando su gobierno abiertamente protege a un miembro de un grupo terrorista. Evidentemente, para el mandatario boliviano existe diferencia ideológica entre los casos, y eso justificaría el tratamiento diferenciado. Con ello confirma el sesgo político de la acusación a los ex ministros, obligando, por tanto, al Perú a conceder el asilo.
LA REPUBLICA
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