Es una buena noticia que, finalmente, y con acuerdo de las partes, se hayan empezado a renegociar varios aspectos controvertidos del contrato con el consorcio Camisea. La pregunta ahora es si, con lo anunciado, se podrá asegurar el abastecimiento del consumo interno.
Veamos. Según lo informado, no se podrá exportar gas del lote 88 entre los años 2010 y 2014, con lo cual se proyecta atender la nueva demanda nacional por 150 millones de pies cúbicos; y en ese período solo se podrán exportar las reservas del lote 56.
De acuerdo con las previsiones del Ministerio de Energía y Minas, se garantiza así el abastecimiento hasta el año 2018. Sin embargo, tal aseveración es cuestionada por varios especialistas, que señalan vacíos y puntos polémicos que tienen que ser esclarecidos a la brevedad posible.
Antes que nada, debemos considerar que la firma de los contratos, en las últimas décadas, se dio en un contexto diferente y con una demanda interna más discreta dentro de un mercado energético mundial con otras prioridades.
Quizá faltó visión de futuro, pero lo cierto es que los contratos se suscribieron a lo largo de varios gobiernos y con el aval congresal cuando ello fue necesario. Es más, muchos de los actuales parlamentarios aprobaron dichos convenios, por lo que no puede achacarse malamente a una sola persona o funcionario la responsabilidad por cualquier interpretación o error de cálculo.
Dicho esto, preocupa, en el ámbito técnico, que parte del consumo interno se vincule a reservas no probadas, que aún exigen un gran esfuerzo de exploración y por supuesto de explotación. El consorcio ha asegurado un nivel de inversiones, cuya ejecución tiene que ser materia de seguimiento. Otro problema adicional aquí es la reducida capacidad de transporte y el ancho del gasoducto hacia la costa.
Asimismo, el Gobierno debe mantener la iniciativa para evaluar todo este complejo proceso y examinar, por ejemplo, el porqué de las grandes diferencias de precios de gas, según el lote del que provengan o el destino interno o externo.
Aquí está en juego no solo el monto de las regalías que percibe el Estado, sino también grandes inversiones en plantas termoeléctricas, que reclaman ser abastecidas, así como las propias tarifas eléctricas que pagarán los consumidores. Especial atención deben merecer las condiciones en que se quiere potenciar la industria petroquímica y el modo como se abastecería el proyecto del gasoducto sureño.
En suma, resulta saludable que, en un nuevo contexto mundial, cuando la prioridad es la energía limpia e internamente se promueve el cambio de matriz energético (y el ciclo combinado), se replanteen algunos términos del contrato de modo bilateral.
Sin embargo, ya que se ha llegado a esta etapa, el Gobierno debe redoblar esfuerzos para compatibilizar estos cambios con las acuciantes necesidades presentes y las proyecciones de futuro, sin descuidar otras fuentes de energía ni dejar bombas de tiempo a próximos gobernantes.
EL COMERCIO
Veamos. Según lo informado, no se podrá exportar gas del lote 88 entre los años 2010 y 2014, con lo cual se proyecta atender la nueva demanda nacional por 150 millones de pies cúbicos; y en ese período solo se podrán exportar las reservas del lote 56.
De acuerdo con las previsiones del Ministerio de Energía y Minas, se garantiza así el abastecimiento hasta el año 2018. Sin embargo, tal aseveración es cuestionada por varios especialistas, que señalan vacíos y puntos polémicos que tienen que ser esclarecidos a la brevedad posible.
Antes que nada, debemos considerar que la firma de los contratos, en las últimas décadas, se dio en un contexto diferente y con una demanda interna más discreta dentro de un mercado energético mundial con otras prioridades.
Quizá faltó visión de futuro, pero lo cierto es que los contratos se suscribieron a lo largo de varios gobiernos y con el aval congresal cuando ello fue necesario. Es más, muchos de los actuales parlamentarios aprobaron dichos convenios, por lo que no puede achacarse malamente a una sola persona o funcionario la responsabilidad por cualquier interpretación o error de cálculo.
Dicho esto, preocupa, en el ámbito técnico, que parte del consumo interno se vincule a reservas no probadas, que aún exigen un gran esfuerzo de exploración y por supuesto de explotación. El consorcio ha asegurado un nivel de inversiones, cuya ejecución tiene que ser materia de seguimiento. Otro problema adicional aquí es la reducida capacidad de transporte y el ancho del gasoducto hacia la costa.
Asimismo, el Gobierno debe mantener la iniciativa para evaluar todo este complejo proceso y examinar, por ejemplo, el porqué de las grandes diferencias de precios de gas, según el lote del que provengan o el destino interno o externo.
Aquí está en juego no solo el monto de las regalías que percibe el Estado, sino también grandes inversiones en plantas termoeléctricas, que reclaman ser abastecidas, así como las propias tarifas eléctricas que pagarán los consumidores. Especial atención deben merecer las condiciones en que se quiere potenciar la industria petroquímica y el modo como se abastecería el proyecto del gasoducto sureño.
En suma, resulta saludable que, en un nuevo contexto mundial, cuando la prioridad es la energía limpia e internamente se promueve el cambio de matriz energético (y el ciclo combinado), se replanteen algunos términos del contrato de modo bilateral.
Sin embargo, ya que se ha llegado a esta etapa, el Gobierno debe redoblar esfuerzos para compatibilizar estos cambios con las acuciantes necesidades presentes y las proyecciones de futuro, sin descuidar otras fuentes de energía ni dejar bombas de tiempo a próximos gobernantes.
EL COMERCIO
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