Resulta absolutamente intolerable que, justo cuando se retoma de una manera más formal el diálogo del Gobierno con las comunidades indígenas, la vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata, amenace con “cosas peores a las ocurridas el 5 de junio” si no se llega a resultados.
¿Acaso no hemos aprendido la lección de Bagua? Ya las autoridades han asumido su responsabilidad histórica y actual en cuanto al olvido y atraso de los conciudadanos que pueblan esta gran parte del territorio. Y es evidente que, a pesar de los errores que llevaron a la violencia en Bagua, que causaron la muerte de 34 personas, entre policías y nativos, se da un nuevo contexto que reconoce los problemas y cambia la manera de afrontarlos.
Así, por ejemplo, se ha creado el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, para atender las demandas de las comunidades indígenas, y con una composición mucho más representativa y ejecutiva que los organismos o mesas previas. Ahora, como se pedía, participan ocho ministros, además de presidentes de un número ampliado de regiones.
Adicionalmente, se ha elaborado un cronograma de trabajo, que fija plazos, por ejemplo de 120 días para presentar un plan integral de desarrollo sostenible de los pueblos amazónicos; y se ha designado al ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, presidente del grupo de coordinación, quien debe reportar a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Todo esto, como queda dicho, evidencia la voluntad política de avanzar hacia la institucionalización del diálogo, de incorporar a las comunidades amazónicas en los planes de integración, inclusión y desarrollo del Perú, y de pasar de las declaraciones a medidas concretas sujetas a seguimiento y fiscalización.
Por supuesto que queda mucho por hacer, por ejemplo para darle más celeridad al proceso, bastante lento hasta ahora. También para mejorar los mecanismos de detección y prevención de conflictos —en lo que la Defensoría del Pueblo ha demostrado gran competencia— y resolverlos antes de que estallen. Igualmente, podría incorporarse a los alcaldes y otros representantes de la sociedad civil.
En esta delicada pero promisoria coyuntura, las declaraciones de Zapata son realmente sospechosas y provocadoras, lo que debe ser considerado seriamente por los otros miembros del consejo directivo de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y de las otras entidades que representan a las comunidades indígenas.
Ellos deben entender que para dialogar se necesita, además de interlocutores legítimos y legales, una actitud de apertura, transparencia y tolerancia. Si los voceros de los grupos no demuestran esto, pues se estaría condenando al fracaso cualquier intento serio de diálogo.
Aún hay tiempo para reflexionar y reconsiderar posiciones —y predisposiciones—, pero debemos estar advertidos. De lo que se trata, finalmente, es de evitar que se repitan gravísimas situaciones de oídos sordos, politiquería y pateo de tableros (como las que propició previamente el dirigente indígena Alberto Pizango), que llevaron a los aciagos sucesos de Bagua. El diálogo debe prevalecer y continuar.
EL COMERCIO
¿Acaso no hemos aprendido la lección de Bagua? Ya las autoridades han asumido su responsabilidad histórica y actual en cuanto al olvido y atraso de los conciudadanos que pueblan esta gran parte del territorio. Y es evidente que, a pesar de los errores que llevaron a la violencia en Bagua, que causaron la muerte de 34 personas, entre policías y nativos, se da un nuevo contexto que reconoce los problemas y cambia la manera de afrontarlos.
Así, por ejemplo, se ha creado el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, para atender las demandas de las comunidades indígenas, y con una composición mucho más representativa y ejecutiva que los organismos o mesas previas. Ahora, como se pedía, participan ocho ministros, además de presidentes de un número ampliado de regiones.
Adicionalmente, se ha elaborado un cronograma de trabajo, que fija plazos, por ejemplo de 120 días para presentar un plan integral de desarrollo sostenible de los pueblos amazónicos; y se ha designado al ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, presidente del grupo de coordinación, quien debe reportar a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Todo esto, como queda dicho, evidencia la voluntad política de avanzar hacia la institucionalización del diálogo, de incorporar a las comunidades amazónicas en los planes de integración, inclusión y desarrollo del Perú, y de pasar de las declaraciones a medidas concretas sujetas a seguimiento y fiscalización.
Por supuesto que queda mucho por hacer, por ejemplo para darle más celeridad al proceso, bastante lento hasta ahora. También para mejorar los mecanismos de detección y prevención de conflictos —en lo que la Defensoría del Pueblo ha demostrado gran competencia— y resolverlos antes de que estallen. Igualmente, podría incorporarse a los alcaldes y otros representantes de la sociedad civil.
En esta delicada pero promisoria coyuntura, las declaraciones de Zapata son realmente sospechosas y provocadoras, lo que debe ser considerado seriamente por los otros miembros del consejo directivo de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y de las otras entidades que representan a las comunidades indígenas.
Ellos deben entender que para dialogar se necesita, además de interlocutores legítimos y legales, una actitud de apertura, transparencia y tolerancia. Si los voceros de los grupos no demuestran esto, pues se estaría condenando al fracaso cualquier intento serio de diálogo.
Aún hay tiempo para reflexionar y reconsiderar posiciones —y predisposiciones—, pero debemos estar advertidos. De lo que se trata, finalmente, es de evitar que se repitan gravísimas situaciones de oídos sordos, politiquería y pateo de tableros (como las que propició previamente el dirigente indígena Alberto Pizango), que llevaron a los aciagos sucesos de Bagua. El diálogo debe prevalecer y continuar.
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