Las últimas semanas han sido particularmente perturbadoras del orden y la tranquilidad social, lo que explica el clamoroso e indignante pedido de la ciudadanía, dentro y fuera de las encuestas, para poner fin a esta ola de violencia criminal.
No solo en Lima, sino en varias ciudades del país se han producido numerosos robos y atracos sangrientos, además de secuestros y balaceras a plena luz del día, que han puesto en serio riesgo la propiedad y el derecho a la integridad y la vida de los peruanos.
Al grave y creciente problema de las pandillas juveniles, que afecta grandes sectores urbanos, se agregan otras patologías sociales, como los recurrentes enfrentamientos entre mafias delictivas que a punta de pistola pugnan por controlar los sindicatos de construcción civil, con otro saldo de muertos y heridos.
Luego, sea en la avenida La Marina en Lima o en el hospital principal de Chiclayo, la percepción es que nadie está seguro en nuestro país, lo que incrementa la desconfianza y obliga a redoblar las medidas de protección. Si hasta al hijo del director general de la Policía Nacional le quisieron robar el carro, ¿qué podemos esperar el resto de los simples mortales?
Detrás de todo esto hay la constatación de que algo está fallando en la entraña misma del tejido social y en la acción gubernamental, lo que obliga a replantear la estrategia para enfrentar la rampante criminalidad. Según el ordenamiento constitucional corresponde al Estado garantizar derechos fundamentales a la vida, la integridad, la propiedad y el libre tránsito, entre otros.
¿Qué está pasando aquí? Si bien cabe responsabilidad primaria a los padres de familia, los maestros y al sistema educativo, que deben reflexionar seriamente sobre la manera de formar a los niños, es obvio que el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad en varios niveles.
Ante todo, ¿cómo es posible que, según las propias investigaciones policiales, la mayoría de asaltos, robos y secuestros sigan siendo planeados por mafias que operan desde las mismas cárceles? Esto es realmente intolerable y debe obligar al Ministerio de Justicia a revisar la política penitenciaria. ¿Dónde quedó la prohibición de usar celulares dentro de los penales? ¿Quiénes son los funcionarios responsables de conculcar esta norma quién sabe por qué oscuras razones? ¿Y dónde queda el objetivo rehabilitador, totalmente arrasado por el hacinamiento y la corrupción de los penales, convertidos en universidades y centros de planificación de crímenes?
En este problema de superpoblación el Poder Judicial no puede eludir su responsabilidad. Y el Congreso tendría que revisar las normas, para hacerlas más duras y ejemplares, sobre todo cuando está de por medio el ensañamiento y reincidencia. A las bandas hay que desbaratarlas, lo que debe ser entendido también por los fiscales que, por injustificables razones, a veces dejan sin piso la esforzada acción policial y liberan a los delincuentes.
En cuanto al Poder Ejecutivo, los últimos cambios en la cartera del Interior demuestran la improvisación y orfandad de un enfoque técnico para repotenciar la prevención, la inteligencia y las acciones operativas. No puede ser que, por cuestiones personales, cada ministro que llega cambie todo lo que hizo el anterior. El mejor homenaje a la Policía Nacional, que hoy celebra su día, debe ser devolverle su honor, su integridad y su eficiencia.
Se necesita un consejo de seguridad, multidisciplinario y con un enfoque integral que revise la política y cuente con asesoría técnica de alto nivel para evitar que nos volvamos una sociedad aún más violenta e insegura. Y la ineficiencia y la corrupción en los estamentos policiales debe ser denunciada y castigada tantas veces cuando sea necesario, para restaurar el principio de autoridad y devolver orden y tranquilidad a las calles. Es lo que, con pleno derecho, demandan los ciudadanos de todo el país.
EL COMERCIO
No solo en Lima, sino en varias ciudades del país se han producido numerosos robos y atracos sangrientos, además de secuestros y balaceras a plena luz del día, que han puesto en serio riesgo la propiedad y el derecho a la integridad y la vida de los peruanos.
Al grave y creciente problema de las pandillas juveniles, que afecta grandes sectores urbanos, se agregan otras patologías sociales, como los recurrentes enfrentamientos entre mafias delictivas que a punta de pistola pugnan por controlar los sindicatos de construcción civil, con otro saldo de muertos y heridos.
Luego, sea en la avenida La Marina en Lima o en el hospital principal de Chiclayo, la percepción es que nadie está seguro en nuestro país, lo que incrementa la desconfianza y obliga a redoblar las medidas de protección. Si hasta al hijo del director general de la Policía Nacional le quisieron robar el carro, ¿qué podemos esperar el resto de los simples mortales?
Detrás de todo esto hay la constatación de que algo está fallando en la entraña misma del tejido social y en la acción gubernamental, lo que obliga a replantear la estrategia para enfrentar la rampante criminalidad. Según el ordenamiento constitucional corresponde al Estado garantizar derechos fundamentales a la vida, la integridad, la propiedad y el libre tránsito, entre otros.
¿Qué está pasando aquí? Si bien cabe responsabilidad primaria a los padres de familia, los maestros y al sistema educativo, que deben reflexionar seriamente sobre la manera de formar a los niños, es obvio que el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad en varios niveles.
Ante todo, ¿cómo es posible que, según las propias investigaciones policiales, la mayoría de asaltos, robos y secuestros sigan siendo planeados por mafias que operan desde las mismas cárceles? Esto es realmente intolerable y debe obligar al Ministerio de Justicia a revisar la política penitenciaria. ¿Dónde quedó la prohibición de usar celulares dentro de los penales? ¿Quiénes son los funcionarios responsables de conculcar esta norma quién sabe por qué oscuras razones? ¿Y dónde queda el objetivo rehabilitador, totalmente arrasado por el hacinamiento y la corrupción de los penales, convertidos en universidades y centros de planificación de crímenes?
En este problema de superpoblación el Poder Judicial no puede eludir su responsabilidad. Y el Congreso tendría que revisar las normas, para hacerlas más duras y ejemplares, sobre todo cuando está de por medio el ensañamiento y reincidencia. A las bandas hay que desbaratarlas, lo que debe ser entendido también por los fiscales que, por injustificables razones, a veces dejan sin piso la esforzada acción policial y liberan a los delincuentes.
En cuanto al Poder Ejecutivo, los últimos cambios en la cartera del Interior demuestran la improvisación y orfandad de un enfoque técnico para repotenciar la prevención, la inteligencia y las acciones operativas. No puede ser que, por cuestiones personales, cada ministro que llega cambie todo lo que hizo el anterior. El mejor homenaje a la Policía Nacional, que hoy celebra su día, debe ser devolverle su honor, su integridad y su eficiencia.
Se necesita un consejo de seguridad, multidisciplinario y con un enfoque integral que revise la política y cuente con asesoría técnica de alto nivel para evitar que nos volvamos una sociedad aún más violenta e insegura. Y la ineficiencia y la corrupción en los estamentos policiales debe ser denunciada y castigada tantas veces cuando sea necesario, para restaurar el principio de autoridad y devolver orden y tranquilidad a las calles. Es lo que, con pleno derecho, demandan los ciudadanos de todo el país.
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