Por: Mariella Balbi
Cuando Sendero Luminoso inició sus sanguinarias acciones, tuvo a la comunidad de Putis —y a las aledañas— en la mira. En 1983 asesinó a su teniente gobernador dejando en el cuerpo ensangrentado el siguiente mensaje: “Si alguien se levanta en nuestra contra será exterminado”. Los subversivos sabían que se gestaban rondas campesinas para combatirlos. La zona era considerada roja por el desplazamiento de columnas senderistas; estaba bajo control militar y regía el estado de emergencia. Ese año la violencia impidió que se realizaran elecciones municipales en toda la provincia de Huanta. Eran peruanos, civiles, campesinos que se encontraban entre dos fuegos, una situación que caracterizó a nuestro conflicto interno. Tanto el terrorismo como las fuerzas del orden desconfiaban de la gente humilde que solo quería salvar su pellejo. Los de Putis no pudieron hacerlo.
Sendero continuó asesinando y amenazando a esas comunidades. Sus habitantes tuvieron que refugiarse en las alturas, por ello los militares (la Marina y el Ejército) los miraban como si fueran prosenderistas. No tomaron en cuenta las muertes ni su difícil situación. En noviembre de 1984 se instaló una base militar en Putis. En diciembre convencieron a la población de que dejaran los cerros y que volvieran a su comunidad; les dijeron que les darían protección. El 13 de diciembre los militares les hicieron cavar una fosa para hacer una piscigranja de truchas. Pero los asesinaron a punta de bala. Eran 123 pobladores, entre hombres, mujeres y niños. A estas las violaron y robaron el ganado. Los 123 eran demasiado sospechosos para los militares. Una matanza que aún produce escalofrío y lágrimas.
¡Recién en el 2009 se abrió la fosa de Putis! Han sido 25 años de silencio y de abuso. ¿Qué hacer como país? Así como los deudos de la tragedia de Utopía exigen justicia con razón, los andinos de Putis también. Desafortunadamente, ante estas violaciones de los derechos humanos se ha sembrado la discordia. El Ministerio de Defensa no da nombres de quienes estuvieron en la zona. Hay un jefe político-militar, el general Huamán, que debería responder. La obstrucción de la justicia es evidente, además del “otoronguismo”. Siempre hay que ponerse en la piel del otro, son 25 años de atropello que no pueden quedar impunes. Por exigir sanciones no se está en contra de los militares. Solo alguien muy perturbado pudo idear semejante vesania, si se analizan los hechos, no primó el comprensible miedo a la subversión sino el odio. Sería bueno que las autoridades militares asistieran al entierro cristiano de los de Putis. Nos reconciliaríamos de verdad.
EL COMERCIO
Cuando Sendero Luminoso inició sus sanguinarias acciones, tuvo a la comunidad de Putis —y a las aledañas— en la mira. En 1983 asesinó a su teniente gobernador dejando en el cuerpo ensangrentado el siguiente mensaje: “Si alguien se levanta en nuestra contra será exterminado”. Los subversivos sabían que se gestaban rondas campesinas para combatirlos. La zona era considerada roja por el desplazamiento de columnas senderistas; estaba bajo control militar y regía el estado de emergencia. Ese año la violencia impidió que se realizaran elecciones municipales en toda la provincia de Huanta. Eran peruanos, civiles, campesinos que se encontraban entre dos fuegos, una situación que caracterizó a nuestro conflicto interno. Tanto el terrorismo como las fuerzas del orden desconfiaban de la gente humilde que solo quería salvar su pellejo. Los de Putis no pudieron hacerlo.
Sendero continuó asesinando y amenazando a esas comunidades. Sus habitantes tuvieron que refugiarse en las alturas, por ello los militares (la Marina y el Ejército) los miraban como si fueran prosenderistas. No tomaron en cuenta las muertes ni su difícil situación. En noviembre de 1984 se instaló una base militar en Putis. En diciembre convencieron a la población de que dejaran los cerros y que volvieran a su comunidad; les dijeron que les darían protección. El 13 de diciembre los militares les hicieron cavar una fosa para hacer una piscigranja de truchas. Pero los asesinaron a punta de bala. Eran 123 pobladores, entre hombres, mujeres y niños. A estas las violaron y robaron el ganado. Los 123 eran demasiado sospechosos para los militares. Una matanza que aún produce escalofrío y lágrimas.
¡Recién en el 2009 se abrió la fosa de Putis! Han sido 25 años de silencio y de abuso. ¿Qué hacer como país? Así como los deudos de la tragedia de Utopía exigen justicia con razón, los andinos de Putis también. Desafortunadamente, ante estas violaciones de los derechos humanos se ha sembrado la discordia. El Ministerio de Defensa no da nombres de quienes estuvieron en la zona. Hay un jefe político-militar, el general Huamán, que debería responder. La obstrucción de la justicia es evidente, además del “otoronguismo”. Siempre hay que ponerse en la piel del otro, son 25 años de atropello que no pueden quedar impunes. Por exigir sanciones no se está en contra de los militares. Solo alguien muy perturbado pudo idear semejante vesania, si se analizan los hechos, no primó el comprensible miedo a la subversión sino el odio. Sería bueno que las autoridades militares asistieran al entierro cristiano de los de Putis. Nos reconciliaríamos de verdad.
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