26.4.09

Ama Sarunchawaychu

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

No me menosprecies, no me discrimines, no me pisotees.

La congresista Hilaria Supa me hizo acordar esta semana el primer semestre de mi maestría en la Universidad de Harvard, cuando hace veinticinco años no saben cómo pataleaba para redactar mis informes y monografías académicas en inglés.

Pero yo tuve más suerte que ella pues nadie se burló de mí por la manera como hablaba y escribía en inglés. Al contrario, tuve la comprensión y ayuda de compañeros y profesores –varios candidatos al Nobel– que se fijaban más en el fondo que en la forma de mis intervenciones, como expresión de tolerancia propia de un lugar que rechaza el racismo y valora la diversidad cultural que, gracias a la participación de gente de todo el mundo, beneficia a todos los miembros de la comunidad.

Supa –cuya lengua materna es el quechua– no tiene que ser una mala congresista porque escribe horriblemente en español. Sostenerlo implica una actitud racista, discriminatoria y que no comprende el beneficio de la diversidad cultural, especialmente en una sociedad donde 3.3 millones son quechuahablantes y –aunque a algunos les moleste– ciudadanos.

Su integración a la sociedad es difícil por el racismo que impera en el país, y por la pésima calidad de la educación pública que también afecta a las comunidades indígenas y especialmente a las mujeres de las zonas rurales, que son el segmento poblacional más postergado. Por ello, más que la mala ortografía de Supa, me preocupa la página en blanco del ministro de Educación en este incidente. Su silencio es penoso.

Para el ejercicio de la función de representación política de esos peruanos, es crucial la participación en el Congreso de personas como Supa. Las minorías deben estar representadas. Aunque no hablen ni escriban bien en español.

En ese contexto, la preocupación por la calidad del Congreso peruano es, sin duda, legítima. Este periodista se ha pasado los últimos años haciendo notar sus problemas y obtuvo, por ello, en el año 2004, una ‘censura’ del Parlamento. Pero cuando decía que el Congreso se comportaba como una institución mediocre y corrupta no me refería a la manera como escriben sus miembros sino, por ejemplo, a conductas delictivas. Al margen de cómo hablan o escriben en español.

A pesar de todo, ante opiniones e informaciones que promueven el racismo no cabe –como ha planteado la parlamentaria Supa– una acción legal. El Congreso es un lugar público, sí es un recurso periodístico válido fotografiar documentos como el cuaderno de un parlamentario, y no se puede enjuiciar a nadie por sus ideas, por más equivocadas, disparatadas o agraviantes que sean. Este no es un asunto jurídico sino principalmente de ética y de decencia.

EL COMERCIO

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