Nunca el movimiento cocalero peruano estuvo más débil y fragmentado como ahora y en una coyuntura en la que ni siquiera han dejado escuchar su voz ante los trágicos sucesos de Sanabamba, Ayacucho.
A diferencia de lo que ocurrió en Colombia donde el movimiento cocalero fue tempranamente fagocitado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el Perú los cocaleros mantuvieron una relativa autonomía de los grupos armados y violentistas.
Pero tampoco en nuestro país la organización cocalera tuvo la unidad, cohesión, liderazgo y estrategia de construcción de poder que ha tenido y sigue teniendo en Bolivia donde han llegado al gobierno, “pero todavía no al poder” que deben conquistar, según Evo Morales, con la nueva Constitución.
En el curso de los años 1999 al 2003, los cocaleros alcanzaron su mayor fuerza llegando a cocalizar la agenda agraria, al mismo tiempo que Estados Unidos narcotizaba nuestra agenda política.
¿Por qué el movimiento cocalero peruano está tan fragmentado y débil en un momento en que deberían estar luchando para que la coca sea liberada de la condena impuesta por el Convención Única de Viena que en su Apéndice 1 califica a la hoja de coca de estupefaciente y al picchado de toxicomanía?
Algunas de las causas de esta grave crisis -hay coincidencias en estas hipótesis con Hugo Cabieses y Ricardo Soberón- son la negativa a diversificar su producción monocultura y su renuencia al articularse al movimiento agrario; su indecisión para zanjar radicalmente con el narcotráfico y los grupos armados; la disputa caníbal del liderazgo entre Iburcio Morales, Nelson Palomino La Serna, Elsa Malpartida y Nancy Obregón, estas dos últimas congresistas y, por tanto, cada día más desarraigadas de sus bases.
Aunque los radicales partidarios de la erradicación total de la hoja de coca y de sus sembradores estarán batiendo palmas por esta crisis, es preciso señalar que la debilidad y fragmentación del movimiento cocalero no sólo facilita y abre más las puertas del narcotráfico y la violencia armada, sino también se fragiliza la democracia que se sostiene en un tejido social y organizacional sólido y sano.
Porque allí donde prevalecieron el sindicato, los frentes de defensa y demás organizaciones sociales, el narcotráfico y el terrorismo encontraron mayor resistencia y nunca lograron destruir totalmente el tejido social y la estructura productiva. Los casos de San Martín y el Valle de La Convención y Lares son dos casos emblemáticos.
Quienes buscan que el movimiento cocalero y las organizaciones sociales ahora criminalizadas desaparezcan son, qué duda cabe, enemigos solapados de la democracia.
LA PRIMERA
A diferencia de lo que ocurrió en Colombia donde el movimiento cocalero fue tempranamente fagocitado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el Perú los cocaleros mantuvieron una relativa autonomía de los grupos armados y violentistas.
Pero tampoco en nuestro país la organización cocalera tuvo la unidad, cohesión, liderazgo y estrategia de construcción de poder que ha tenido y sigue teniendo en Bolivia donde han llegado al gobierno, “pero todavía no al poder” que deben conquistar, según Evo Morales, con la nueva Constitución.
En el curso de los años 1999 al 2003, los cocaleros alcanzaron su mayor fuerza llegando a cocalizar la agenda agraria, al mismo tiempo que Estados Unidos narcotizaba nuestra agenda política.
¿Por qué el movimiento cocalero peruano está tan fragmentado y débil en un momento en que deberían estar luchando para que la coca sea liberada de la condena impuesta por el Convención Única de Viena que en su Apéndice 1 califica a la hoja de coca de estupefaciente y al picchado de toxicomanía?
Algunas de las causas de esta grave crisis -hay coincidencias en estas hipótesis con Hugo Cabieses y Ricardo Soberón- son la negativa a diversificar su producción monocultura y su renuencia al articularse al movimiento agrario; su indecisión para zanjar radicalmente con el narcotráfico y los grupos armados; la disputa caníbal del liderazgo entre Iburcio Morales, Nelson Palomino La Serna, Elsa Malpartida y Nancy Obregón, estas dos últimas congresistas y, por tanto, cada día más desarraigadas de sus bases.
Aunque los radicales partidarios de la erradicación total de la hoja de coca y de sus sembradores estarán batiendo palmas por esta crisis, es preciso señalar que la debilidad y fragmentación del movimiento cocalero no sólo facilita y abre más las puertas del narcotráfico y la violencia armada, sino también se fragiliza la democracia que se sostiene en un tejido social y organizacional sólido y sano.
Porque allí donde prevalecieron el sindicato, los frentes de defensa y demás organizaciones sociales, el narcotráfico y el terrorismo encontraron mayor resistencia y nunca lograron destruir totalmente el tejido social y la estructura productiva. Los casos de San Martín y el Valle de La Convención y Lares son dos casos emblemáticos.
Quienes buscan que el movimiento cocalero y las organizaciones sociales ahora criminalizadas desaparezcan son, qué duda cabe, enemigos solapados de la democracia.
LA PRIMERA
No hay comentarios:
Publicar un comentario