Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El plan del Ceriajus cumplió cinco años.
Alentados por sus amigos que les dijeron que fue un error no haber recusado a los vocales que condenaron a 25 años a su líder, los fujimoristas han lanzado una andanada de ataques contra el tribunal presidido por Duberlí Rodríguez, el cual revisará la sentencia –en instancia definitiva– a Alberto Fujimori.
En ese terreno, el de la zancadilla, el agravio artero y la demolición, el fujimorismo se mueve con facilidad y el congresista –pero mejor publicista– Carlos Raffo sabe lo que tiene que hacer, para lo cual ya no solo cuenta con La Razón como vocero sino con varios diarios igual de entusiastas.
Esto ocurre cuando el Poder Judicial peruano ha mejorado su reputación por la condena aplicada a Fujimori por violación de derechos humanos y secuestro, pasando su aprobación –según Ipsos-Apoyo– de 21 a 27% en el último mes, mientras que la actuación de César San Martín la aprobó el 50%.
A pesar de ello, es previsible que la andanada fujimorista contra la justicia va a tener efectos negativos pues caerá en un Poder Judicial que arrastra graves problemas de imagen que, con frecuencia, son justificados. Por cada desempeño justo y recto como el del tribunal de San Martín, hay muchos casos lamentables que se traen abajo la reputación de la justicia.
Por ejemplo, lo que está sucediendo en el proceso de los ‘petroaudios’, el cual parece haberse organizado con el fin de asegurar que esos audios se queden mudos y no molesten nunca más a las autoridades del gobierno actual.
O, también, lo que estaba sucediendo en el juicio por asesinato al ex alcalde de Pucallpa Luis Valdez Villacorta, donde los jueces de la Corte Superior de Ucayali quisieron favorecer al acusado con total desparpajo.
Algo parecido a lo que está ocurriendo en el juicio a la ex congresista Tula Benites por el caso del empleado fantasma que tenía en la planilla de su despacho, y en el que parece que las cosas van rumbo a dejarla sin responsabilidad.
Todo esto para no hablar de los escándalos que ocurren en la Corte Superior de Lima, donde el ‘compañero’ César Vega Vega hace lo que le da la gana.
En este contexto, ha hecho bien el Colegio de Abogados de Lima al recordar ayer que se acaban de cumplir cinco años de la aprobación del plan nacional de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) sin que en ese lapso haya ocurrido nada relevante para tener una justicia digna en el país, lo que no impide reconocer que, a pesar de todo, se han podido concretar juicios impecables e históricos como el de Alberto Fujimori.
la republica
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El plan del Ceriajus cumplió cinco años.
Alentados por sus amigos que les dijeron que fue un error no haber recusado a los vocales que condenaron a 25 años a su líder, los fujimoristas han lanzado una andanada de ataques contra el tribunal presidido por Duberlí Rodríguez, el cual revisará la sentencia –en instancia definitiva– a Alberto Fujimori.
En ese terreno, el de la zancadilla, el agravio artero y la demolición, el fujimorismo se mueve con facilidad y el congresista –pero mejor publicista– Carlos Raffo sabe lo que tiene que hacer, para lo cual ya no solo cuenta con La Razón como vocero sino con varios diarios igual de entusiastas.
Esto ocurre cuando el Poder Judicial peruano ha mejorado su reputación por la condena aplicada a Fujimori por violación de derechos humanos y secuestro, pasando su aprobación –según Ipsos-Apoyo– de 21 a 27% en el último mes, mientras que la actuación de César San Martín la aprobó el 50%.
A pesar de ello, es previsible que la andanada fujimorista contra la justicia va a tener efectos negativos pues caerá en un Poder Judicial que arrastra graves problemas de imagen que, con frecuencia, son justificados. Por cada desempeño justo y recto como el del tribunal de San Martín, hay muchos casos lamentables que se traen abajo la reputación de la justicia.
Por ejemplo, lo que está sucediendo en el proceso de los ‘petroaudios’, el cual parece haberse organizado con el fin de asegurar que esos audios se queden mudos y no molesten nunca más a las autoridades del gobierno actual.
O, también, lo que estaba sucediendo en el juicio por asesinato al ex alcalde de Pucallpa Luis Valdez Villacorta, donde los jueces de la Corte Superior de Ucayali quisieron favorecer al acusado con total desparpajo.
Algo parecido a lo que está ocurriendo en el juicio a la ex congresista Tula Benites por el caso del empleado fantasma que tenía en la planilla de su despacho, y en el que parece que las cosas van rumbo a dejarla sin responsabilidad.
Todo esto para no hablar de los escándalos que ocurren en la Corte Superior de Lima, donde el ‘compañero’ César Vega Vega hace lo que le da la gana.
En este contexto, ha hecho bien el Colegio de Abogados de Lima al recordar ayer que se acaban de cumplir cinco años de la aprobación del plan nacional de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) sin que en ese lapso haya ocurrido nada relevante para tener una justicia digna en el país, lo que no impide reconocer que, a pesar de todo, se han podido concretar juicios impecables e históricos como el de Alberto Fujimori.
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