Cuando hace dos años el Arzobispado de Lima quiso defender la voluntad y el legado de un católico acendrado y rico como Don José de la Riva-Agüero, a través del nombramiento del señor Walter Muñoz Chu en la Junta de Administración de los bienes donados por tal insigne peruano a la Pontificia Universidad Católica del Perú–PUC, lamentablemente esa casa superior de estudios –cuyas principales instancias administrativas han sido tomadas por ex velasquistas y representantes de la izquierda caviar– reaccionó destempladamente, interponiendo una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra la referida designación –legítima y jurídica– hecha por la autoridad eclesiástica. Desde ese momento no dudamos un instante de que el derecho y la razón estaban del lado de la máxima autoridad eclesiástica limeña. Pensamos también que las diferencias debían tratarse solo en el foro judicial. Sin embargo la pelea que encausó la elite zurda, enquistada en la UC desde los años setenta, procedió a lanzar una agresiva campaña mediática contra el Cardenal Juan Luis Cipriani y una andanada de libelos contra el Arzobispado de Lima, sin medir el grado de engaño e intemperancia al que sometieron a su comunidad universitaria. En particular nos sorprendió que muchos de esos supuestos académicos, catedráticos que se supone trabajan junto a los estudiantes para ponderar el conocimiento jurídico y científico en la búsqueda de la verdad, tergiversaran de la manera más burda los conceptos y desconocieran al mismo tiempo el real significado de la voluntad y designio de Riva-Agüero, benefactor de la UC.
Por fortuna para la justicia, el 22 de octubre del 2007, el 51° Juzgado Civil de Lima declaró improcedente el recurso de amparo de la PUC, aunque ésta apeló a los pocos días aquella decisión, pasando el caso a la competencia de la Octava Sala Civil de Lima. Ahora ésta acaba de notificar a las partes su decisión en segunda y definitiva instancia, confirmando la improcedencia de la demanda de dicha universidad que se opone a que el representante del Arzobispado de Lima participe en la Junta de Administración de los bienes legados por Riva-Agüero al claustro universitario. Si bien el tema puede ir al Tribunal Constitucional, lo cierto es que en buena lid el Arzobispado de Lima ganó y así lo ha reconocido la judicatura.
Seamos claros. Aquí nunca estuvo en juego ni la autonomía universitaria ni el derecho de propiedad, como falsamente lo quiso presentar la autoridad universitaria, la que dicho sea de paso se ha ido alejando e incumpliendo el espíritu y las formas que la presentan como “Pontificia” y a la vez “Católica”, términos estos que dan prestigio y que son utilizados para justificar los elevados precios de las pensiones de diversas carreras que se imparten en esa institución de educación superior.
En esta casa periodística somos defensores de que los testamentos se respetan, y al haberlo reconocido así el PJ, congratulamos a los magistrados y a la defensa del Arzobispado, que han fallado porque se reconozca el derecho de la Iglesia a mantener un representante de manera “perpetua” en la Junta que administra los bienes donados por Riva-Agüero. Los universitarios comprenderán, además, que algunas de sus autoridades (procedentes de la izquierda política e ideológica) faltaron a sus deberes al haberles dicho cínicamente que el Arzobispado estaba violando los derechos constitucionales de la PUC.
Por fortuna para la justicia, el 22 de octubre del 2007, el 51° Juzgado Civil de Lima declaró improcedente el recurso de amparo de la PUC, aunque ésta apeló a los pocos días aquella decisión, pasando el caso a la competencia de la Octava Sala Civil de Lima. Ahora ésta acaba de notificar a las partes su decisión en segunda y definitiva instancia, confirmando la improcedencia de la demanda de dicha universidad que se opone a que el representante del Arzobispado de Lima participe en la Junta de Administración de los bienes legados por Riva-Agüero al claustro universitario. Si bien el tema puede ir al Tribunal Constitucional, lo cierto es que en buena lid el Arzobispado de Lima ganó y así lo ha reconocido la judicatura.
Seamos claros. Aquí nunca estuvo en juego ni la autonomía universitaria ni el derecho de propiedad, como falsamente lo quiso presentar la autoridad universitaria, la que dicho sea de paso se ha ido alejando e incumpliendo el espíritu y las formas que la presentan como “Pontificia” y a la vez “Católica”, términos estos que dan prestigio y que son utilizados para justificar los elevados precios de las pensiones de diversas carreras que se imparten en esa institución de educación superior.
En esta casa periodística somos defensores de que los testamentos se respetan, y al haberlo reconocido así el PJ, congratulamos a los magistrados y a la defensa del Arzobispado, que han fallado porque se reconozca el derecho de la Iglesia a mantener un representante de manera “perpetua” en la Junta que administra los bienes donados por Riva-Agüero. Los universitarios comprenderán, además, que algunas de sus autoridades (procedentes de la izquierda política e ideológica) faltaron a sus deberes al haberles dicho cínicamente que el Arzobispado estaba violando los derechos constitucionales de la PUC.
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