Finalmente, la Corte Suprema aprobó el traslado a Lima del juicio contra el ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera, perpetrado por sicarios que hoy purgan condena.
Se trata de una buena noticia sí, pero que nos debe hacer reflexionar sobre lo que nos está costando hacer justicia en un caso emblemático para el respeto de los derechos fundamentales. Y es que el crimen del periodista, odioso y repudiable, es también una afrenta a la ciudadanía y sus derechos inalienables a informarse y opinar.
Efectivamente, tras el asesinato, ocurrido hace cinco años, el proceso ha estado salpicado de sospechosas irregularidades. Si ha llegado al estadio actual ha sido no solo por la tenacidad de la parte civil, fiscales y procuradores, sino también por la saludable presión de la opinión pública y de la prensa, a más de firmes pronunciamientos de entidades como el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Interamericana de Prensa.
El traslado del juicio a Lima, como reconoce la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, se justifica principalmente porque “se ha venido conculcando diversas garantías fundamentales correspondientes a un normal desarrollo” de un proceso, en el que “no existen las condiciones institucionales de independencia e imparcialidad que garanticen a los familiares del periodista la realización de un juicio justo”.
Por si fuera poco, Valdez afronta otros procesos por lavado de activos y tráfico de drogas, que tienen relación con el crimen de Rivera, quien denunció valientemente esos vínculos delictivos, lo cual habría sido el móvil del crimen.
Como es público, el procesado amasó inmensas fortunas de dudoso origen y escaló a importantes cargos públicos, en los que ejercía enorme poder económico y político. Con ello pudo amedrentar a algunos magistrados que, salvo honrosas excepciones, incurrieron en maniobras de postergación y otras irregularidades. La última fue el intento de la Corte Superior de Ucayali de continuar el juicio allí, desconociendo la autoridad de la Sala Penal Suprema, cuyo pronunciamiento era inminente. Antes fue escandalosa la manera como se lo absolvió de todo cargo, lo que llevó a la Corte Suprema a anular dicho fallo.
¡No debe haber lugar para más artilugios ni dilaciones! El Poder Judicial tiene ahora la oportunidad de reivindicarse y de demostrar, ponderando las evidencias de modo imparcial, que aplica la ley y cierra las puertas a la impunidad, en un caso tan trascendental para la defensa de los derechos ciudadanos, que la prensa local y mundial siguen con interés y preocupación.
EL COMERCIO
Se trata de una buena noticia sí, pero que nos debe hacer reflexionar sobre lo que nos está costando hacer justicia en un caso emblemático para el respeto de los derechos fundamentales. Y es que el crimen del periodista, odioso y repudiable, es también una afrenta a la ciudadanía y sus derechos inalienables a informarse y opinar.
Efectivamente, tras el asesinato, ocurrido hace cinco años, el proceso ha estado salpicado de sospechosas irregularidades. Si ha llegado al estadio actual ha sido no solo por la tenacidad de la parte civil, fiscales y procuradores, sino también por la saludable presión de la opinión pública y de la prensa, a más de firmes pronunciamientos de entidades como el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Interamericana de Prensa.
El traslado del juicio a Lima, como reconoce la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, se justifica principalmente porque “se ha venido conculcando diversas garantías fundamentales correspondientes a un normal desarrollo” de un proceso, en el que “no existen las condiciones institucionales de independencia e imparcialidad que garanticen a los familiares del periodista la realización de un juicio justo”.
Por si fuera poco, Valdez afronta otros procesos por lavado de activos y tráfico de drogas, que tienen relación con el crimen de Rivera, quien denunció valientemente esos vínculos delictivos, lo cual habría sido el móvil del crimen.
Como es público, el procesado amasó inmensas fortunas de dudoso origen y escaló a importantes cargos públicos, en los que ejercía enorme poder económico y político. Con ello pudo amedrentar a algunos magistrados que, salvo honrosas excepciones, incurrieron en maniobras de postergación y otras irregularidades. La última fue el intento de la Corte Superior de Ucayali de continuar el juicio allí, desconociendo la autoridad de la Sala Penal Suprema, cuyo pronunciamiento era inminente. Antes fue escandalosa la manera como se lo absolvió de todo cargo, lo que llevó a la Corte Suprema a anular dicho fallo.
¡No debe haber lugar para más artilugios ni dilaciones! El Poder Judicial tiene ahora la oportunidad de reivindicarse y de demostrar, ponderando las evidencias de modo imparcial, que aplica la ley y cierra las puertas a la impunidad, en un caso tan trascendental para la defensa de los derechos ciudadanos, que la prensa local y mundial siguen con interés y preocupación.
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