En este momento hay personas que cargan a cuesta una pesada cruz, pidiendo justicia al haber sido contagiadas con virus o bacterias en nosocomios del país. Sea la Maternidad de Lima, el Hospital del Niño, establecimientos de EsSalud o incluso algunas clínicas privadas, no faltan los casos de mal practice médica que con recurrencia han venido presentándose durante los últimos años.
Quizá el más conocido fue aquel donde el presidente de la República, Alan García Pérez, al enterarse que la ciudadana Judith Rivera Díaz resultó contagiada dentro de un hospital público con el virus del sida, la citó a Palacio de Gobierno, posó para las fotos de rigor y encomendó al sector Salud, vale decir al Estado peruano, que la indemnice con S/. 300 mil, además de garantizarle un tratamiento permanente para que reciba retrovirales y otros tratamientos clínicos para mejorar su calidad de vida. Pareció entonces una actitud positiva del primer mandatario y un oportuno reconocimiento del Estado por el grave error cometido contra una persona que se merece toda consideración y respeto.
Sin embargo, después de ese episodio se han presentado casos similares sin que el gobierno haya prestado la atención debida a otros seres humanos en la misma situación de Judith Rivera. Es decir, el Estado ha incumplido su obligación de reparar el daño causado por servidores públicos en locales públicos. Son varios sucesos, pero el más delicado quizá lo protagoniza la señora Carmen Guevara, cuyo hijo de cinco años de edad lleva más de cuatro años portando el virus VIH/Sida contagiado en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, tras haber recibido una transfusión con sangre contaminada. Sabemos que a igual razón, igual derecho, lamentablemente el tiempo transcurre sin que los responsables de aquel contagio a un menor de edad hayan sido sancionados ni que el niño y su madre hayan recibido la indemnización correspondiente como la obtuvo Judith Rivera, salvo la entrega –en todo caso obligatoria– de medicamentos genéricos.
Obviamente a las ONG políticas de derechos humanos no les interesan estos casos. Ni el de Judith Rivera ni el del infante de cinco años de edad que sufre no solo por su salud, sino por la discriminación de la que es objeto al haber sido rechazado de varios colegios por portar dicho virus. Lo que sucede es que esas ONG saben que en el tema no implica grandes ganancias como las que obtienen al perseguir judicialmente a policías y militares que lucharon y luchan contra el terrorismo. Pero al margen de lo anecdótico, el Congreso debería reconsiderar un proyecto de ley –ya aprobado– para remediar estos casos, proyecto que el Ejecutivo observó. Pensemos que ante la inoperancia del sistema administrativo o judicial, se impone una norma que contemple expresamente la reparación económica para hombres, mujeres o niños que son contagiados en hospitales públicos o privados con hepatitis B, sida u otras enfermedades incurables. Por lo menos dicha norma debería corregir los defectos que se dan en el plano de la administración pública o en el del proceso judicial civil sobre daños y perjuicios, porque éstos son lentos –cuando no eternos– e impiden que las víctimas de malas prácticas médicas encuentren justicia oportuna.
EXPRESO
Quizá el más conocido fue aquel donde el presidente de la República, Alan García Pérez, al enterarse que la ciudadana Judith Rivera Díaz resultó contagiada dentro de un hospital público con el virus del sida, la citó a Palacio de Gobierno, posó para las fotos de rigor y encomendó al sector Salud, vale decir al Estado peruano, que la indemnice con S/. 300 mil, además de garantizarle un tratamiento permanente para que reciba retrovirales y otros tratamientos clínicos para mejorar su calidad de vida. Pareció entonces una actitud positiva del primer mandatario y un oportuno reconocimiento del Estado por el grave error cometido contra una persona que se merece toda consideración y respeto.
Sin embargo, después de ese episodio se han presentado casos similares sin que el gobierno haya prestado la atención debida a otros seres humanos en la misma situación de Judith Rivera. Es decir, el Estado ha incumplido su obligación de reparar el daño causado por servidores públicos en locales públicos. Son varios sucesos, pero el más delicado quizá lo protagoniza la señora Carmen Guevara, cuyo hijo de cinco años de edad lleva más de cuatro años portando el virus VIH/Sida contagiado en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, tras haber recibido una transfusión con sangre contaminada. Sabemos que a igual razón, igual derecho, lamentablemente el tiempo transcurre sin que los responsables de aquel contagio a un menor de edad hayan sido sancionados ni que el niño y su madre hayan recibido la indemnización correspondiente como la obtuvo Judith Rivera, salvo la entrega –en todo caso obligatoria– de medicamentos genéricos.
Obviamente a las ONG políticas de derechos humanos no les interesan estos casos. Ni el de Judith Rivera ni el del infante de cinco años de edad que sufre no solo por su salud, sino por la discriminación de la que es objeto al haber sido rechazado de varios colegios por portar dicho virus. Lo que sucede es que esas ONG saben que en el tema no implica grandes ganancias como las que obtienen al perseguir judicialmente a policías y militares que lucharon y luchan contra el terrorismo. Pero al margen de lo anecdótico, el Congreso debería reconsiderar un proyecto de ley –ya aprobado– para remediar estos casos, proyecto que el Ejecutivo observó. Pensemos que ante la inoperancia del sistema administrativo o judicial, se impone una norma que contemple expresamente la reparación económica para hombres, mujeres o niños que son contagiados en hospitales públicos o privados con hepatitis B, sida u otras enfermedades incurables. Por lo menos dicha norma debería corregir los defectos que se dan en el plano de la administración pública o en el del proceso judicial civil sobre daños y perjuicios, porque éstos son lentos –cuando no eternos– e impiden que las víctimas de malas prácticas médicas encuentren justicia oportuna.
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