El traslado de la sede del Tribunal Constitucional a Arequipa se ha convertido en un dolor de cabeza para la máxima instancia de la juridicidad, que debe ser afrontado con realismo y también con gradualidad.
Por un lado, es evidente que el TC tiene que cumplir su ley orgánica, la que se ajusta a un mandato de la Constitución de 1979 (art. 304). Este indica que la sede del Tribunal de Garantías Constitucionales, como se llamó inicialmente, es la Ciudad Blanca, y solo “excepcionalmente, y con acuerdo de la mayoría de sus miembros, puede sesionar en cualquier otro lugar de la República”.
Eso es lo que ha recordado ahora al Undécimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, luego de acoger una denuncia del Colegio de Abogados y ordenar que se respete el marco legal.
Por otro lado, es evidente el cúmulo de problemas que genera este traslado, desde la carencia de instalaciones adecuadas en número, espacio y comodidades, hasta el movimiento de personal, desde los propios magistrados hasta sus asesores, administrativos y otros.
Sin embargo, dicho esto, los cálculos preliminares del presidente del TC para solventar el traslado suenan, a primera vista, exagerados o, por decir lo menos, improvisados.
El doctor Juan Vergara ha pedido un presupuesto de 21 millones de soles (que septuplica el actual) para construir un edificio de 7 pisos, además de habilitar 200 casas para su personal, etc.
¿Qué hacer? Está fuera de duda que el TC, el máximo intérprete de la Constitución, tiene que ser el primer cumplidor de la ley. Lo contrario sería una terrible e inaceptable paradoja, que afectaría no solo su prestigio sino también la estructura legal de la nación.
No obstante, en vista de los problemas presupuestales y logísticos que implica el inevitable traslado, hay que actuar con sensatez y gradualismo. Por ejemplo, la oportunidad se presenta sumamente propicia para hacer una reingeniería total y una revisión de su estructura funcional, con lo que se pueda hacer sinergias, mejorar procesos y lograr ahorros significativos.
Avanzar en todo esto es imprescindible para cualquier entidad y más todavía para una que debe empezar a mudarse con su personal básico. Claro está que esto tiene que afrontarse con una estrategia de traslado gradual y de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
Lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es seguir incumpliendo la ley, y menos dejar de analizar los cientos y miles de casos que llegan a su seno a la espera de una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad o no.
Hay que recordar aquí que el TC se ha convertido en el último repositorio de la legalidad y muchas de sus sentencias han sentado cátedra o jurisprudencia. Así lo demuestran sus trascendentales pronunciamientos para acabar con la inequitativa y onerosa Ley 20530, limitar el fuero militar a delitos funcionales, confirmar la atribución del Gobierno nacional sobre la hoja de coca, y otros asuntos realmente importantes que no pueden extraviarse del camino constitucional.
el comercio
Por un lado, es evidente que el TC tiene que cumplir su ley orgánica, la que se ajusta a un mandato de la Constitución de 1979 (art. 304). Este indica que la sede del Tribunal de Garantías Constitucionales, como se llamó inicialmente, es la Ciudad Blanca, y solo “excepcionalmente, y con acuerdo de la mayoría de sus miembros, puede sesionar en cualquier otro lugar de la República”.
Eso es lo que ha recordado ahora al Undécimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, luego de acoger una denuncia del Colegio de Abogados y ordenar que se respete el marco legal.
Por otro lado, es evidente el cúmulo de problemas que genera este traslado, desde la carencia de instalaciones adecuadas en número, espacio y comodidades, hasta el movimiento de personal, desde los propios magistrados hasta sus asesores, administrativos y otros.
Sin embargo, dicho esto, los cálculos preliminares del presidente del TC para solventar el traslado suenan, a primera vista, exagerados o, por decir lo menos, improvisados.
El doctor Juan Vergara ha pedido un presupuesto de 21 millones de soles (que septuplica el actual) para construir un edificio de 7 pisos, además de habilitar 200 casas para su personal, etc.
¿Qué hacer? Está fuera de duda que el TC, el máximo intérprete de la Constitución, tiene que ser el primer cumplidor de la ley. Lo contrario sería una terrible e inaceptable paradoja, que afectaría no solo su prestigio sino también la estructura legal de la nación.
No obstante, en vista de los problemas presupuestales y logísticos que implica el inevitable traslado, hay que actuar con sensatez y gradualismo. Por ejemplo, la oportunidad se presenta sumamente propicia para hacer una reingeniería total y una revisión de su estructura funcional, con lo que se pueda hacer sinergias, mejorar procesos y lograr ahorros significativos.
Avanzar en todo esto es imprescindible para cualquier entidad y más todavía para una que debe empezar a mudarse con su personal básico. Claro está que esto tiene que afrontarse con una estrategia de traslado gradual y de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
Lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es seguir incumpliendo la ley, y menos dejar de analizar los cientos y miles de casos que llegan a su seno a la espera de una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad o no.
Hay que recordar aquí que el TC se ha convertido en el último repositorio de la legalidad y muchas de sus sentencias han sentado cátedra o jurisprudencia. Así lo demuestran sus trascendentales pronunciamientos para acabar con la inequitativa y onerosa Ley 20530, limitar el fuero militar a delitos funcionales, confirmar la atribución del Gobierno nacional sobre la hoja de coca, y otros asuntos realmente importantes que no pueden extraviarse del camino constitucional.
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