Finalmente, y luego de muchos años, el Estado, al más alto nivel, empieza a reaccionar ante la grave denuncia propalada por nuestro Diario sobre el caos e impunidad con que se desenvuelve la minería informal, sobre todo en ciertas zonas de la selva de Madre de Dios.
Ante las contundentes evidencias del informe periodístico, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, ha calificado de “monstruoso” el daño ecológico que se está produciendo en esa zona del territorio nacional.
Y, pasando a los hechos, ha anunciado la elaboración de una estrategia integral para buscar soluciones, la misma que empezará por evaluar el impacto de la minería informal e incluirá a siete ministerios, lo que evidencia la complejidad del problema.
Lo importante ahora es el cambio de actitud, es decir que el Estado haya dejado atrás la inacción de antaño. Pero estos anuncios y acciones no pueden ser flor de un día, sino que deben responder a la firme y permanente voluntad de desterrar esta lacra que envenena el ecosistema con total impunidad, y a veces con la complicidad o lenidad de las autoridades locales.
Se da la absurda y enervante circunstancia de que el mismo presidente regional de Madre de Dios, Santos Kaway, ha llegado a declarar que nada puede hacer para contener a las miles de personas que buscan oro y destruyen bosques a punta de motosierras y mercurio, lo que sería un abdicación de la autoridad.
A esta falta de voluntad política se agrega la escasa capacidad técnica, logística y presupuestal para afrontar el tema de la pequeña minería y la minería informal, lo que hace aún más exigible la intervención del Poder Ejecutivo al más alto nivel.
No se puede esperar más. Como reseña el informe periodístico, en esta región de la Amazonía se han destruido alrededor de 150 mil hectáreas de bosques debido a la actividad minera informal. Según la Dirección Regional de Energía y Minas, de las 2.800 concesiones mineras registradas solo 16 cuentan con sus respectivos estudios de impacto ambiental y el resto se desenvuelve en un mar de desorden.
En las localidades de Delta 1, Huepetuhe y Guacamayo hay ciertamente más movimiento económico, pero la otra cara de la medalla es la destrucción irreversible de suelos y ríos y humedales (convertidos en relaves mineros o desagües), así como la contaminación y el deterioro de los bosques, ya que se utilizan entre 40 y 70 toneladas de mercurio al año para extraer el oro.
Adicionalmente, hay graves problemas sociales conexos a la minería informal, como la prostitución, el alcoholismo, la tugurización y la explotación infantil y otros, que deben ser atendidos urgentemente en la estrategia por trazar.
El problema es antiguo, complejo y amplio y muy arraigado, por lo que no será fácil erradicarlo. Pero no valen pretextos cuando se envenenan ríos y se pone en serio peligro el ecosistema y la vida y salud de cientos de miles de compatriotas.
Llegó la hora de actuar. Saludamos, en tal contexto, la determinación del ministro Brack para empezar esta lucha contra la venenosa minería informal, en lo que debe contar con el respaldo político del presidente Alan García y el apoyo de todas las instancias del Gobierno, para lograr resultados concretos y pronto.
EL COMERCIO
Ante las contundentes evidencias del informe periodístico, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, ha calificado de “monstruoso” el daño ecológico que se está produciendo en esa zona del territorio nacional.
Y, pasando a los hechos, ha anunciado la elaboración de una estrategia integral para buscar soluciones, la misma que empezará por evaluar el impacto de la minería informal e incluirá a siete ministerios, lo que evidencia la complejidad del problema.
Lo importante ahora es el cambio de actitud, es decir que el Estado haya dejado atrás la inacción de antaño. Pero estos anuncios y acciones no pueden ser flor de un día, sino que deben responder a la firme y permanente voluntad de desterrar esta lacra que envenena el ecosistema con total impunidad, y a veces con la complicidad o lenidad de las autoridades locales.
Se da la absurda y enervante circunstancia de que el mismo presidente regional de Madre de Dios, Santos Kaway, ha llegado a declarar que nada puede hacer para contener a las miles de personas que buscan oro y destruyen bosques a punta de motosierras y mercurio, lo que sería un abdicación de la autoridad.
A esta falta de voluntad política se agrega la escasa capacidad técnica, logística y presupuestal para afrontar el tema de la pequeña minería y la minería informal, lo que hace aún más exigible la intervención del Poder Ejecutivo al más alto nivel.
No se puede esperar más. Como reseña el informe periodístico, en esta región de la Amazonía se han destruido alrededor de 150 mil hectáreas de bosques debido a la actividad minera informal. Según la Dirección Regional de Energía y Minas, de las 2.800 concesiones mineras registradas solo 16 cuentan con sus respectivos estudios de impacto ambiental y el resto se desenvuelve en un mar de desorden.
En las localidades de Delta 1, Huepetuhe y Guacamayo hay ciertamente más movimiento económico, pero la otra cara de la medalla es la destrucción irreversible de suelos y ríos y humedales (convertidos en relaves mineros o desagües), así como la contaminación y el deterioro de los bosques, ya que se utilizan entre 40 y 70 toneladas de mercurio al año para extraer el oro.
Adicionalmente, hay graves problemas sociales conexos a la minería informal, como la prostitución, el alcoholismo, la tugurización y la explotación infantil y otros, que deben ser atendidos urgentemente en la estrategia por trazar.
El problema es antiguo, complejo y amplio y muy arraigado, por lo que no será fácil erradicarlo. Pero no valen pretextos cuando se envenenan ríos y se pone en serio peligro el ecosistema y la vida y salud de cientos de miles de compatriotas.
Llegó la hora de actuar. Saludamos, en tal contexto, la determinación del ministro Brack para empezar esta lucha contra la venenosa minería informal, en lo que debe contar con el respaldo político del presidente Alan García y el apoyo de todas las instancias del Gobierno, para lograr resultados concretos y pronto.
EL COMERCIO
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