Van siete meses del destape que puso al descubierto a una red de “chuponeadores” y a los tristemente célebres “petroaudios”, sin que hasta ahora se tenga a la vista una decidida participación de las autoridades jurisdiccionales para cumplir lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga: evitar la lentitud procesal y las dilaciones injustificadas.
A propósito, más de un hecho –incluyendo sindicaciones de algunos involucrados en ese affaire– abonó en que la autoría intelectual de la interceptación telefónica y su financiamiento provenía de la empresa Petro-Tech.
Apenas se desató el escándalo, los directivos de esa compañía pusieron pie en polvorosa. El principal accionista, ni tonto ni perezoso, se fue del país y vendió la empresa justo cuando empezaban a hacerse públicas las malas artes de esta sociedad, investigada por la Contraloría el año 2003 pero cuyos resultados –que cuestionaban a Petro-Tech– fueron inexplicablemente ignorados por las autoridades toledistas y apristas. De otro lado, cuando la policía capturó a los autores materiales del “chuponeo”, también incautó equipos de escucha, computadoras, discos duros, etc. Sin embargo dicho material no es sometido aún al análisis exhaustivo que debería arrojar luces sobre la identidad de los financistas que contrataron –manifiesta o soterradamente– a Business Track para realizar el espionaje a un conjunto de personalidades de la actividad pública y privada del país. Todo ha pasado a manos del Poder Judicial donde duerme el sueño de los justos. Esa demora, sin la menor duda, es inaceptable y sospechosa.
Ahora, en medio de idas y vueltas judiciales, los trabajadores de Petroperú están exigiendo más decisión de las autoridades para fiscalizar debidamente a Petro-Tech. En especial hoy que están instalados los nuevos propietarios, el consorcio colombo-coreano que pagó US$ 900 millones al propietario anterior, sin que el Estado peruano reciba un dólar por impuestos de esa transacción. Por supuesto que una de las razones que esgrimen quienes acusan a Petro-Tech de estar detrás del espionaje telefónico, estriba en su permanente rivalidad y animadversión contra Petroperú. Las autoridades deberían prestarle atención a aquel hecho, ya que pone de manifiesto la trayectoria de Petro-Tech, por ejemplo, al momento de traspasar lotes petroleros entre privados sin la participación del Estado.
Igualmente, cuando se trata de la adjudicación de lotes del Zócalo Continental a favor de Petro-Tech, los contratos respectivos necesitan ser revisados para verificar el cumplimiento de las normas en aquel proceso. Y en el caso específico del Lote Z2B, cuya investigación por parte de la Contraloría demoró seis años, las pesquisas apuntan a que existirían causales para inhabilitarlo. Es más, para los trabajadores de Petroperú dicho lote debe revertir al Estado. Y, dicho sea de paso, este gremio también exige a la Comisión de Investigación del Proceso de Venta de Petro-Tech a Ecopetrol y a Korea National Oil Corporation (KNOC), que el Congreso dictamine sobre el particular, concluyendo en sancionar a los propietarios de Petro-Tech –entre otras causales– por aquella operación.
EXPRESO
A propósito, más de un hecho –incluyendo sindicaciones de algunos involucrados en ese affaire– abonó en que la autoría intelectual de la interceptación telefónica y su financiamiento provenía de la empresa Petro-Tech.
Apenas se desató el escándalo, los directivos de esa compañía pusieron pie en polvorosa. El principal accionista, ni tonto ni perezoso, se fue del país y vendió la empresa justo cuando empezaban a hacerse públicas las malas artes de esta sociedad, investigada por la Contraloría el año 2003 pero cuyos resultados –que cuestionaban a Petro-Tech– fueron inexplicablemente ignorados por las autoridades toledistas y apristas. De otro lado, cuando la policía capturó a los autores materiales del “chuponeo”, también incautó equipos de escucha, computadoras, discos duros, etc. Sin embargo dicho material no es sometido aún al análisis exhaustivo que debería arrojar luces sobre la identidad de los financistas que contrataron –manifiesta o soterradamente– a Business Track para realizar el espionaje a un conjunto de personalidades de la actividad pública y privada del país. Todo ha pasado a manos del Poder Judicial donde duerme el sueño de los justos. Esa demora, sin la menor duda, es inaceptable y sospechosa.
Ahora, en medio de idas y vueltas judiciales, los trabajadores de Petroperú están exigiendo más decisión de las autoridades para fiscalizar debidamente a Petro-Tech. En especial hoy que están instalados los nuevos propietarios, el consorcio colombo-coreano que pagó US$ 900 millones al propietario anterior, sin que el Estado peruano reciba un dólar por impuestos de esa transacción. Por supuesto que una de las razones que esgrimen quienes acusan a Petro-Tech de estar detrás del espionaje telefónico, estriba en su permanente rivalidad y animadversión contra Petroperú. Las autoridades deberían prestarle atención a aquel hecho, ya que pone de manifiesto la trayectoria de Petro-Tech, por ejemplo, al momento de traspasar lotes petroleros entre privados sin la participación del Estado.
Igualmente, cuando se trata de la adjudicación de lotes del Zócalo Continental a favor de Petro-Tech, los contratos respectivos necesitan ser revisados para verificar el cumplimiento de las normas en aquel proceso. Y en el caso específico del Lote Z2B, cuya investigación por parte de la Contraloría demoró seis años, las pesquisas apuntan a que existirían causales para inhabilitarlo. Es más, para los trabajadores de Petroperú dicho lote debe revertir al Estado. Y, dicho sea de paso, este gremio también exige a la Comisión de Investigación del Proceso de Venta de Petro-Tech a Ecopetrol y a Korea National Oil Corporation (KNOC), que el Congreso dictamine sobre el particular, concluyendo en sancionar a los propietarios de Petro-Tech –entre otras causales– por aquella operación.
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