Diversos móviles generan los conflictos sociales, aunque muchos de ellos están alentados por un exclusivo componente electorero. Lo peor resulta cuando los mismos representantes del Estado, obligados a respetar y hacer cumplir la ley, se suman a los revoltosos haciendo causa común. Por ejemplo, alcaldes y presidentes regionales –pocos por suerte– apenas escuchan que un pueblo se levanta contra el gobierno central se suben al carro de la protesta, más que nada por miedo a perder apoyo popular, cálculo político y mera conveniencia. Especial irresponsabilidad ha sido la manifestada por el presidente regional de Iquitos, quien en medio del bloqueo de carreteras, de ataques al oleoducto nororiental y cuando el aislamiento de pueblos selváticos se agudizaba más, no encontró mejor idea que encabezar una marcha por la capital de su región avalando el radicalismo contra ocho decretos legislativos evacuados por el Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas por el Parlamento nacional. Este fácil expediente de protestar en lugar de interceder ante los revoltosos a fin de que depongan las medidas extremistas que sólo constituyen un boicot contra el desarrollo del país y la tranquilidad pública, simplemente pone al descubierto la cobardía de algunas autoridades para ejercer la política con un criterio de docencia popular y como ejercicio de tolerancia.
No basta que los alcaldes, regidores o presidentes regionales estén atentos a las listas que sistemáticamente difunde la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales, para sumarse a la revuelta, sino que lo urgente es que ejerzan sus cargos con altura e inspiración de estadistas, para coadyuvar a dar solución a los mismos y no para aprovecharse de ellos. Si esas autoridades han aceptado incursionar en política y han resultado elegidos en las ánforas para liderar en sus circunscripciones, entonces deberían ser parte de la solución y no del problema. ¿Cuándo entenderán los gobernantes de gestión descentralizada que deben sumarse a una praxis política superior en la que no se puede soslayar la educación política del soberano (el pueblo), y peor incurrir frente a la población con ejemplos negativos de divisionismo y caos?
Apelamos al sentido responsable de los políticos en las regiones. Si quincenal o mensualmente se hablan de cien o doscientos conflictos sociales, estamos seguros que muchos de ellos podrían evitarse si es que las autoridades locales pusieran más de su parte, por lo menos para no agravarlos ni alentarlos, como ha sucedido en relación con las protestas de las comunidades nativas, o como lo ha hecho irresponsablemente el presidente regional de Iquitos. Pedimos a partir de este mal ejemplo, que las autoridades ejerzan sus deberes con madurez y voluntad unitaria a favor del país y la estabilidad democrática, pues ha sido lamentable la actitud del gobernante de Iquitos al salir muy orondo a protestar a pesar de que él no cumple con aquello que le manda la ley: invertir el 5% del canon petrolero en las comunidades indígenas (dicho sea de paso, él no ha invertido en ellas ni el 1%). Por ello creemos que antes de protestar hay que cumplir con las obligaciones que emanan del cargo que se ejerce.
expreso
No basta que los alcaldes, regidores o presidentes regionales estén atentos a las listas que sistemáticamente difunde la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales, para sumarse a la revuelta, sino que lo urgente es que ejerzan sus cargos con altura e inspiración de estadistas, para coadyuvar a dar solución a los mismos y no para aprovecharse de ellos. Si esas autoridades han aceptado incursionar en política y han resultado elegidos en las ánforas para liderar en sus circunscripciones, entonces deberían ser parte de la solución y no del problema. ¿Cuándo entenderán los gobernantes de gestión descentralizada que deben sumarse a una praxis política superior en la que no se puede soslayar la educación política del soberano (el pueblo), y peor incurrir frente a la población con ejemplos negativos de divisionismo y caos?
Apelamos al sentido responsable de los políticos en las regiones. Si quincenal o mensualmente se hablan de cien o doscientos conflictos sociales, estamos seguros que muchos de ellos podrían evitarse si es que las autoridades locales pusieran más de su parte, por lo menos para no agravarlos ni alentarlos, como ha sucedido en relación con las protestas de las comunidades nativas, o como lo ha hecho irresponsablemente el presidente regional de Iquitos. Pedimos a partir de este mal ejemplo, que las autoridades ejerzan sus deberes con madurez y voluntad unitaria a favor del país y la estabilidad democrática, pues ha sido lamentable la actitud del gobernante de Iquitos al salir muy orondo a protestar a pesar de que él no cumple con aquello que le manda la ley: invertir el 5% del canon petrolero en las comunidades indígenas (dicho sea de paso, él no ha invertido en ellas ni el 1%). Por ello creemos que antes de protestar hay que cumplir con las obligaciones que emanan del cargo que se ejerce.
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