Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
A ver, que Yehude vaya a ver qué está pasando.
Esta tarde que por fin se reúnen el premier Yehude Simon y Aidesep –en representación de los nativos amazónicos– debiera ser la oportunidad para establecer un mecanismo efectivo de diálogo entre el gobierno central y esa zona alejada de la capital donde el Estado peruano brilla por su ausencia.
Las comunidades iniciaron un paro general hace 33 días con el fin de solucionar el problema que ellas perciben en el cambio que hizo el gobierno en los mecanismos de propiedad, sin la cortesía elemental de conversar antes con ellas. Estaban tan embalados por poner en práctica la filosofía presidencial contra los perros del hortelano que no había tiempo que perder.
Pero como esa zona está tan alejada de la capital –y no solo geográficamente–, en Lima no le dieron atención al paro a pesar de que diferentes voces advertían que ‘algo raro’ estaba sucediendo. Los obispos de la amazonía han emitido un comunicado que solicita al gobierno proteger los derechos indígenas, dialogar con las comunidades, y derogar los decretos porque no contribuyen al desarrollo integral de la región.
La huelga empezó hace más de un mes y las comunidades sienten que, como tituló ayer este diario, las están meciendo. La capital –el aparato político, la burocracia pública y hasta la mayoría de medios– se ha acostumbrado a recién ocuparse de las bombas regionales cuando ya explotaron.
Sucedió no hace mucho en Moquegua cuando la población ya había capturado el puente por un reclamo vinculado al canon minero y Lima ni se dio por enterada hasta que tomaron de rehén al jefe de la Policía. O cuando en Puerto Maldonado quemaron las instalaciones del gobierno regional.
Es evidente que no se puede apoyar en modo alguno este tipo de expresiones de violencia. Pero también se debe condenar la indolencia de las autoridades que recién se ocupan de los problemas regionales cuando la sangre llega al río. Esto es grave en un contexto en el que la Defensoría del Pueblo identificó en abril pasado 250 conflictos sociales en todo el país.
Y cuando la bomba explota, el gobierno central solo atina a la declaración del estado de emergencia –como lo hizo anteayer en seis regiones de la selva– como expresión de lo que no hizo a tiempo.
Hay quienes ven en este reclamo de las comunidades amazónicas un ladrido ultra de los perros del hortelano del presidente. Hay quienes, por el contrario, ven un reclamo legítimo por sus derechos. Pero, ¿al menos ‘el señor gobierno’ podría tener la amabilidad de recibirlas para conversar sin dejar pasar tanto tiempo, proyectando la impresión de que le interesa un pepino lo que pasa por allá?
LA REPUBLICA
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
A ver, que Yehude vaya a ver qué está pasando.
Esta tarde que por fin se reúnen el premier Yehude Simon y Aidesep –en representación de los nativos amazónicos– debiera ser la oportunidad para establecer un mecanismo efectivo de diálogo entre el gobierno central y esa zona alejada de la capital donde el Estado peruano brilla por su ausencia.
Las comunidades iniciaron un paro general hace 33 días con el fin de solucionar el problema que ellas perciben en el cambio que hizo el gobierno en los mecanismos de propiedad, sin la cortesía elemental de conversar antes con ellas. Estaban tan embalados por poner en práctica la filosofía presidencial contra los perros del hortelano que no había tiempo que perder.
Pero como esa zona está tan alejada de la capital –y no solo geográficamente–, en Lima no le dieron atención al paro a pesar de que diferentes voces advertían que ‘algo raro’ estaba sucediendo. Los obispos de la amazonía han emitido un comunicado que solicita al gobierno proteger los derechos indígenas, dialogar con las comunidades, y derogar los decretos porque no contribuyen al desarrollo integral de la región.
La huelga empezó hace más de un mes y las comunidades sienten que, como tituló ayer este diario, las están meciendo. La capital –el aparato político, la burocracia pública y hasta la mayoría de medios– se ha acostumbrado a recién ocuparse de las bombas regionales cuando ya explotaron.
Sucedió no hace mucho en Moquegua cuando la población ya había capturado el puente por un reclamo vinculado al canon minero y Lima ni se dio por enterada hasta que tomaron de rehén al jefe de la Policía. O cuando en Puerto Maldonado quemaron las instalaciones del gobierno regional.
Es evidente que no se puede apoyar en modo alguno este tipo de expresiones de violencia. Pero también se debe condenar la indolencia de las autoridades que recién se ocupan de los problemas regionales cuando la sangre llega al río. Esto es grave en un contexto en el que la Defensoría del Pueblo identificó en abril pasado 250 conflictos sociales en todo el país.
Y cuando la bomba explota, el gobierno central solo atina a la declaración del estado de emergencia –como lo hizo anteayer en seis regiones de la selva– como expresión de lo que no hizo a tiempo.
Hay quienes ven en este reclamo de las comunidades amazónicas un ladrido ultra de los perros del hortelano del presidente. Hay quienes, por el contrario, ven un reclamo legítimo por sus derechos. Pero, ¿al menos ‘el señor gobierno’ podría tener la amabilidad de recibirlas para conversar sin dejar pasar tanto tiempo, proyectando la impresión de que le interesa un pepino lo que pasa por allá?
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