Por donde se mire la actuación del ex dueño de Petro-Tech, William Kallop, y de sus principales ejecutivos como Alberto Varillas Cueto o Rosy Gadea, demuestra una descarada cadena de sucesos cuestionables y de malas prácticas empresariales.
Así de claro ha puesto las cosas la comisión investigadora de la venta de acciones de Petro-Tech a un consorcio colombo-coreano, presidida por el congresista Jhonny Peralta y de destacada labor en su metodología y en el respeto a la confidencialidad de la investigación, religiosamente mantenida tal como lo prometió el referido congresista hasta cumplir el plazo dado para su informe final.
Ni las influencias, ni los silencios tímidos o interesados de algunos periodistas vinculados sentimental o amicalmente, por ejemplo, a Varillas Cueto, ni los enjuagues jurídicos de importantes bufetes en contacto con funcionarios públicos que ocuparon cargos en Petroperú, Perupetro o en el Ministerio de Energía y Minas, durante el fujimorismo, el paniaguato y el régimen toledano, pudieron obstaculizar la labor de un conjunto de legisladores que desde un principio marcó una ruta firme de indagaciones para encontrar la verdad detrás de Petro-Tech, y lo hizo proscribiendo protagonismos, figuración y el vedettismo político. Así es como deben trabajar todas las comisiones congresales, guardando la cordura, actuando sin ánimos subalternos, cuidando la reserva de las pesquisas y documentando todas y cada una de sus principales conclusiones.
Pues bien, en el caso de Petro-Tech la comisión Peralta recomienda puntualmente la renegociación del contrato firmado por esa petrolera con el Estado peruano el año 1992 para explorar y explotar el Lote Z-2B. Ante tantas irregularidades descubiertas, la comisión evidencia la perpetración de los delitos de defraudación tributaria y corrupción de funcionarios, proponiendo procesar al ciudadano estadounidense Willim Kallop y a los ciudadanos peruanos Alberto Varillas y Rosy Gadea. En relación con estos personajes, cabe preguntarnos qué catadura moral pueden tener ellos si, como sostiene la comisión investigadora, hicieron que la mencionada firma petrolera les entregara tarjetas de crédito con las que se compraron zapatos y licores para luego pasar sus egresos personales como gastos financieros que debían ser asumidos por el Estado, es decir eran pagos que nada tenían que ver con la producción petrolera del lote.
Pero este hecho es un “chancay” de diez céntimos si se tiene en cuenta que se maquinó en distintos escenarios (político, fiscal y empresarial) para que el Estado no pudiera cobrar una deuda por más de US$ 2 millones que le tenía Petro-Tech y que había sido apelada. Es más, en el colmo del cinismo de los operadores de esa petrolera, el Estado tuvo que devolverle el dinero cobrado y con más montos encima que al final sobrepasaron los US$ 3 millones a favor de la referida empresa. Sin duda las cosas estaban de cabeza, el mundo al revés, como cuando el propio contrato con el Estado nunca se aprobó en sesión del Consejo de Ministros tal como lo exigía ley. En general, para la Comisión Peralta, Petro-Tech ha causado daños al Perú por más de US$ 480 millones. Y lo más revelador es que se ha descubierto que esa petrolera, cuyo gerente legal era Varillas Cueto, financió el año 2008 viajes de Giselle Giannotti y Martín Fernández Virhuez (miembros de la empresa Business Track involucrada en la interceptación telefónica) a la sede de Petro-Tech en Piura.
EXPRESO
Así de claro ha puesto las cosas la comisión investigadora de la venta de acciones de Petro-Tech a un consorcio colombo-coreano, presidida por el congresista Jhonny Peralta y de destacada labor en su metodología y en el respeto a la confidencialidad de la investigación, religiosamente mantenida tal como lo prometió el referido congresista hasta cumplir el plazo dado para su informe final.
Ni las influencias, ni los silencios tímidos o interesados de algunos periodistas vinculados sentimental o amicalmente, por ejemplo, a Varillas Cueto, ni los enjuagues jurídicos de importantes bufetes en contacto con funcionarios públicos que ocuparon cargos en Petroperú, Perupetro o en el Ministerio de Energía y Minas, durante el fujimorismo, el paniaguato y el régimen toledano, pudieron obstaculizar la labor de un conjunto de legisladores que desde un principio marcó una ruta firme de indagaciones para encontrar la verdad detrás de Petro-Tech, y lo hizo proscribiendo protagonismos, figuración y el vedettismo político. Así es como deben trabajar todas las comisiones congresales, guardando la cordura, actuando sin ánimos subalternos, cuidando la reserva de las pesquisas y documentando todas y cada una de sus principales conclusiones.
Pues bien, en el caso de Petro-Tech la comisión Peralta recomienda puntualmente la renegociación del contrato firmado por esa petrolera con el Estado peruano el año 1992 para explorar y explotar el Lote Z-2B. Ante tantas irregularidades descubiertas, la comisión evidencia la perpetración de los delitos de defraudación tributaria y corrupción de funcionarios, proponiendo procesar al ciudadano estadounidense Willim Kallop y a los ciudadanos peruanos Alberto Varillas y Rosy Gadea. En relación con estos personajes, cabe preguntarnos qué catadura moral pueden tener ellos si, como sostiene la comisión investigadora, hicieron que la mencionada firma petrolera les entregara tarjetas de crédito con las que se compraron zapatos y licores para luego pasar sus egresos personales como gastos financieros que debían ser asumidos por el Estado, es decir eran pagos que nada tenían que ver con la producción petrolera del lote.
Pero este hecho es un “chancay” de diez céntimos si se tiene en cuenta que se maquinó en distintos escenarios (político, fiscal y empresarial) para que el Estado no pudiera cobrar una deuda por más de US$ 2 millones que le tenía Petro-Tech y que había sido apelada. Es más, en el colmo del cinismo de los operadores de esa petrolera, el Estado tuvo que devolverle el dinero cobrado y con más montos encima que al final sobrepasaron los US$ 3 millones a favor de la referida empresa. Sin duda las cosas estaban de cabeza, el mundo al revés, como cuando el propio contrato con el Estado nunca se aprobó en sesión del Consejo de Ministros tal como lo exigía ley. En general, para la Comisión Peralta, Petro-Tech ha causado daños al Perú por más de US$ 480 millones. Y lo más revelador es que se ha descubierto que esa petrolera, cuyo gerente legal era Varillas Cueto, financió el año 2008 viajes de Giselle Giannotti y Martín Fernández Virhuez (miembros de la empresa Business Track involucrada en la interceptación telefónica) a la sede de Petro-Tech en Piura.
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