La investigación judicial sobre el caso de los “petroaudios” se está convirtiendo en otro ícono escandaloso de lenidad e ineficiencia, que no puede ser casual, y evidenciaría que subsisten peligrosos niveles de interferencia política en ciertas instancias del Poder Judicial.
Es indignante y absurdo que ¡en siete meses! no se haya podido revisar la computadora de Rómulo León Alegría y que recién ahora se insista en pedir peritos. Además, falta tomar declaraciones a importantes involucrados.
En tal contexto, recién ayer, en la víspera del vencimiento del plazo ampliatorio, el juez Jorge Barreto decidió declarar complejo el proceso, lo que implica una nueva prórroga. ¿Y por qué no lo hizo desde el primer momento a sabiendas de lo intrincado del proceso? ¿Luego, se avanzará algo ahora o, seis meses después, tendremos que volver a lamentar la misma inercia y falta de resultados?
Lo cierto es que el Tercer Juzgado Anticorrupción, a cargo del juez Barreto, está dejando muy mal parado al Poder Judicial y a todo el sistema anticorrupción.
Lo que la ciudadanía percibe es que, sobre todo en este caso, la lentitud y las trabas son digitadas desde el poder político y que finalmente, a pesar de las consistentes evidencias, hasta ahora el partido va siendo ganado por la impunidad.
En tal estado de cosas, se da también una pésima señal a los testigos que han empezado a declarar y que sienten que no tienen garantías y podrían ser fácilmente intimidados u obligados a retractarse.
Lo mismo pasa con las investigaciones sobre el caso del “chuponeo”, en el ámbito judicial, entre inhibiciones y cambios de jueces, además de sospechosos retrasos en las diligencias, confrontación de procesados y revisión del material incautado en la empresa Business Track.
La alerta está dada. Y no solo por la prensa independiente y las procuradurías anticorrupción, sino también por los representantes del Ministerio Público que, siguiendo las directivas de la doctora Gladys Echaíz, actúan de un modo diametralmente distinto a los jueces, con diligencia y rapidez.
¿Qué está pasando aquí? Los jueces no pueden eludir su obligación constitucional de deslindar responsabilidades e impartir justicia objetivamente y en tiempo oportuno. Y si no cumplen su función, pues deben ser denunciados ante los órganos competentes como la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), para separarlos y aplicar las severas sanciones a que se hagan merecedores.
Esta vergonzosa situación no puede continuar. Ayer mismo, el presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein, ha hecho un enérgico llamado a los magistrados que irresponsablemente retrasan algunos casos. ¿Y qué decir de los que ven los casos de corrupción e interceptación telefónica, que deben investigar y sancionar ejemplarmente a quienes medran con los recursos del Estado o afectan de modo tan artero los derechos a la privacidad y la intimidad?
¡Tiene que imponerse la ley y el sentido común, para cerrarle el paso a la corrupción y la impunidad!
EL COMERCIO
Es indignante y absurdo que ¡en siete meses! no se haya podido revisar la computadora de Rómulo León Alegría y que recién ahora se insista en pedir peritos. Además, falta tomar declaraciones a importantes involucrados.
En tal contexto, recién ayer, en la víspera del vencimiento del plazo ampliatorio, el juez Jorge Barreto decidió declarar complejo el proceso, lo que implica una nueva prórroga. ¿Y por qué no lo hizo desde el primer momento a sabiendas de lo intrincado del proceso? ¿Luego, se avanzará algo ahora o, seis meses después, tendremos que volver a lamentar la misma inercia y falta de resultados?
Lo cierto es que el Tercer Juzgado Anticorrupción, a cargo del juez Barreto, está dejando muy mal parado al Poder Judicial y a todo el sistema anticorrupción.
Lo que la ciudadanía percibe es que, sobre todo en este caso, la lentitud y las trabas son digitadas desde el poder político y que finalmente, a pesar de las consistentes evidencias, hasta ahora el partido va siendo ganado por la impunidad.
En tal estado de cosas, se da también una pésima señal a los testigos que han empezado a declarar y que sienten que no tienen garantías y podrían ser fácilmente intimidados u obligados a retractarse.
Lo mismo pasa con las investigaciones sobre el caso del “chuponeo”, en el ámbito judicial, entre inhibiciones y cambios de jueces, además de sospechosos retrasos en las diligencias, confrontación de procesados y revisión del material incautado en la empresa Business Track.
La alerta está dada. Y no solo por la prensa independiente y las procuradurías anticorrupción, sino también por los representantes del Ministerio Público que, siguiendo las directivas de la doctora Gladys Echaíz, actúan de un modo diametralmente distinto a los jueces, con diligencia y rapidez.
¿Qué está pasando aquí? Los jueces no pueden eludir su obligación constitucional de deslindar responsabilidades e impartir justicia objetivamente y en tiempo oportuno. Y si no cumplen su función, pues deben ser denunciados ante los órganos competentes como la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), para separarlos y aplicar las severas sanciones a que se hagan merecedores.
Esta vergonzosa situación no puede continuar. Ayer mismo, el presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein, ha hecho un enérgico llamado a los magistrados que irresponsablemente retrasan algunos casos. ¿Y qué decir de los que ven los casos de corrupción e interceptación telefónica, que deben investigar y sancionar ejemplarmente a quienes medran con los recursos del Estado o afectan de modo tan artero los derechos a la privacidad y la intimidad?
¡Tiene que imponerse la ley y el sentido común, para cerrarle el paso a la corrupción y la impunidad!
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