DE LA DISCRIMINACIÓN Y SUS DEMONIOS
Por: Fernando Berckemeyer Abogado
La discriminación suele ser señal de subdesarrollo. Es lógico: cuanto más peso tienen en una sociedad los contextos grupales del individuo, menos relevancia posee su libertad y, consiguientemente, menos motivos tienen sus esfuerzos e, incluso, su conciencia.
Discriminar, pues, es además de un atropello moral, un error, sin importar las intenciones detrás: discrimina tanto quien condena como quien aprueba las acciones o ideas de una persona fijándose no en aquellas, sino en sus circunstancias sociales. En ambos casos, se le niega la oportunidad al ser humano.
De ahí que preocupen los argumentos que tan homogéneamente proliferaron sobre el reportaje acerca del nivel educativo de la congresista Hilaria Supa. Todo el mundo habló de quien lo publicó y de quien es la aludida, y de sus grupos sociales: de “limeños”, “blanquitos”, “derechistas”, “campesinos”, “desfavorecidos”, “quechuahablantes” y demás. Pero nadie parece haberse hecho la única pregunta pertinente si se quiere ir a los hechos y no a las personas (es decir, no discriminar): ¿Es relevante para ejercer la función congresal tener una buena instrucción? Porque lo que la nota aludida enfocaba (si bien en un tono discutible) era la ausencia de instrucción en la congresista, que maneja tan mal el español, no por ser quechuahablante (que no en vano un pináculo del castellano es Garcilaso, un quechuahablante), sino por no tener siquiera educación primaria completa.
Si legislar supone esencialmente, con asesores o no, discutir, leer y redactar (en español, por cierto) las reglas con las que toda una sociedad tiene que regir su multifacética y compleja vida, la respuesta a la pregunta anterior fluye sola. Lo que, obviamente, no implica decir que una buena instrucción garantice algo: demasiados doctores tontos, tramposos y miserables han habido y demasiados títulos vacíos dan nuestras universidades. Pero que un requisito (ser bien instruido) no sea suficiente para algo (ser buen legislador) no implica que no sea necesario para lo mismo.
No se trata, naturalmente, de hacer como que no existieran enormes grupos tan largamente maltratados, a los que se les niega sistemáticamente una educación y, consecuentemente, una oportunidad en la vida. Se trata de saber si erigir al resultado de esta injusticia en gobierno sea la mejor fórmula para lograr que la misma se deje de perpetuar. Un símbolo viviente de cómo no lo es lo constituye la propia congresista Supa, con su apoyo al descabellado ideario humalista y a los cocales que en más de 90% sirven al narcotráfico.
El que en nuestro país aún exista tanta discriminación en un sentido no quiere decir que su rebote inverso sea menos erróneo y menos una distorsión. Una distorsión como esas que, deberíamos saberlo ya, no acaba ayudando ni a discriminadores ni a discriminados, ni, ciertamente, al país que los contiene a los dos.
EL COMERCIO
Por: Fernando Berckemeyer Abogado
La discriminación suele ser señal de subdesarrollo. Es lógico: cuanto más peso tienen en una sociedad los contextos grupales del individuo, menos relevancia posee su libertad y, consiguientemente, menos motivos tienen sus esfuerzos e, incluso, su conciencia.
Discriminar, pues, es además de un atropello moral, un error, sin importar las intenciones detrás: discrimina tanto quien condena como quien aprueba las acciones o ideas de una persona fijándose no en aquellas, sino en sus circunstancias sociales. En ambos casos, se le niega la oportunidad al ser humano.
De ahí que preocupen los argumentos que tan homogéneamente proliferaron sobre el reportaje acerca del nivel educativo de la congresista Hilaria Supa. Todo el mundo habló de quien lo publicó y de quien es la aludida, y de sus grupos sociales: de “limeños”, “blanquitos”, “derechistas”, “campesinos”, “desfavorecidos”, “quechuahablantes” y demás. Pero nadie parece haberse hecho la única pregunta pertinente si se quiere ir a los hechos y no a las personas (es decir, no discriminar): ¿Es relevante para ejercer la función congresal tener una buena instrucción? Porque lo que la nota aludida enfocaba (si bien en un tono discutible) era la ausencia de instrucción en la congresista, que maneja tan mal el español, no por ser quechuahablante (que no en vano un pináculo del castellano es Garcilaso, un quechuahablante), sino por no tener siquiera educación primaria completa.
Si legislar supone esencialmente, con asesores o no, discutir, leer y redactar (en español, por cierto) las reglas con las que toda una sociedad tiene que regir su multifacética y compleja vida, la respuesta a la pregunta anterior fluye sola. Lo que, obviamente, no implica decir que una buena instrucción garantice algo: demasiados doctores tontos, tramposos y miserables han habido y demasiados títulos vacíos dan nuestras universidades. Pero que un requisito (ser bien instruido) no sea suficiente para algo (ser buen legislador) no implica que no sea necesario para lo mismo.
No se trata, naturalmente, de hacer como que no existieran enormes grupos tan largamente maltratados, a los que se les niega sistemáticamente una educación y, consecuentemente, una oportunidad en la vida. Se trata de saber si erigir al resultado de esta injusticia en gobierno sea la mejor fórmula para lograr que la misma se deje de perpetuar. Un símbolo viviente de cómo no lo es lo constituye la propia congresista Supa, con su apoyo al descabellado ideario humalista y a los cocales que en más de 90% sirven al narcotráfico.
El que en nuestro país aún exista tanta discriminación en un sentido no quiere decir que su rebote inverso sea menos erróneo y menos una distorsión. Una distorsión como esas que, deberíamos saberlo ya, no acaba ayudando ni a discriminadores ni a discriminados, ni, ciertamente, al país que los contiene a los dos.
EL COMERCIO
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