En medio de los tira y afloja que aún parecen poner en riesgo los intentos de prevención de conflictos en el país, resulta muy oportuno el llamado que la Conferencia Episcopal Peruana ha hecho al Gobierno y demás partes involucradas en esos problemas para restablecer el diálogo, a fin de evitar tragedias similares a la de Bagua.
El pronunciamiento de la Iglesia Católica, con ocasión de la Asamblea Extraordinaria 94 de Obispos, es claro: “Las autoridades deben escuchar los justos reclamos de los ciudadanos y estos han de emplear los medios legítimos en un Estado de derecho, por las vías del diálogo y respeto mutuos, excluyendo la violencia que, lejos de alcanzar algún bien, acarrea siempre peores consecuencias”. Se trata, sin duda, de una señal de alerta frente a las escalofriantes estadísticas de la Defensoría del Pueblo que han mostrado la tendencia ascendente del número de conflictos sociales, los que se han multiplicado aproximadamente nueve veces entre el 2005 y el 2009: de 33 hemos pasado a 272, de los cuales 223 se encuentran activos y 49 en estado latente.
Por eso tiene razón la Conferencia Episcopal cuando reconoce que la constitución de la mesa de diálogo entre el Gobierno y las comunidades amazónicas constituye una salida esperanzadora a los reclamos de esos grupos, siempre que las autoridades participen activamente en ella, con suficiente voluntad política, urgencia u oportunidad para ir al fondo de las demandas.
Evidentemente, a estas alturas, el Gobierno se equivocaría si da la espalda a la negociación o si minimiza el diálogo frente a problemas socioambientales provocados, principalmente, por conflictos relacionados con actividades mineras, el manejo de hidrocarburos, de residuos sólidos, energéticos e hídricos, en los que prevalece el temor de la población por una posible afectación ambiental o una supuesta contaminación en su entorno.
En segundo lugar, como también puntualiza el comunicado de los obispos, debe recurrirse a todos los mecanismos que establece el Estado de derecho, para no que haya más pérdida de vidas humanas y se sancionen los excesos, vengan de donde vengan.
“Todos tenemos algo que aportar para evitar nuevas desgracias y mejorar la situación”, dice el pedido eclesial. Y es cierto, porque las responsabilidades están plenamente identificadas: por ejemplo, de los 125 conflictos socioambientales registrados en julio pasado, 41 están relacionados con los gobiernos locales, 26 comprometen al Gobierno Central, 15 a las comunidades, 14 son enfrentamientos por demarcación territorial, 10 conciernen a problemas de índole regional, entre otros.
Es claro, pues, que la preocupación de la Iglesia Católica va más allá de cualquier intromisión política. Refleja lo que el papa Benedicto XVI ha escrito en su última carta encíclica “Caritas in veritate” (número 72), cuando señala: “También la paz corre a veces el riesgo de ser considerada un producto de la técnica, fruto exclusivamente de los acuerdos entre los gobiernos o de iniciativas tendentes a asegurar ayudas económicas eficaces []. No obstante, para que esos esfuerzos produzcan efectos duraderos, es necesario que se sustenten en valores fundamentados en la verdad de la vida. Es decir, es preciso escuchar la voz de las poblaciones interesadas y tener en cuenta su situación para poder interpretar de manera adecuada sus expectativas”.
EL COMERCIO
El pronunciamiento de la Iglesia Católica, con ocasión de la Asamblea Extraordinaria 94 de Obispos, es claro: “Las autoridades deben escuchar los justos reclamos de los ciudadanos y estos han de emplear los medios legítimos en un Estado de derecho, por las vías del diálogo y respeto mutuos, excluyendo la violencia que, lejos de alcanzar algún bien, acarrea siempre peores consecuencias”. Se trata, sin duda, de una señal de alerta frente a las escalofriantes estadísticas de la Defensoría del Pueblo que han mostrado la tendencia ascendente del número de conflictos sociales, los que se han multiplicado aproximadamente nueve veces entre el 2005 y el 2009: de 33 hemos pasado a 272, de los cuales 223 se encuentran activos y 49 en estado latente.
Por eso tiene razón la Conferencia Episcopal cuando reconoce que la constitución de la mesa de diálogo entre el Gobierno y las comunidades amazónicas constituye una salida esperanzadora a los reclamos de esos grupos, siempre que las autoridades participen activamente en ella, con suficiente voluntad política, urgencia u oportunidad para ir al fondo de las demandas.
Evidentemente, a estas alturas, el Gobierno se equivocaría si da la espalda a la negociación o si minimiza el diálogo frente a problemas socioambientales provocados, principalmente, por conflictos relacionados con actividades mineras, el manejo de hidrocarburos, de residuos sólidos, energéticos e hídricos, en los que prevalece el temor de la población por una posible afectación ambiental o una supuesta contaminación en su entorno.
En segundo lugar, como también puntualiza el comunicado de los obispos, debe recurrirse a todos los mecanismos que establece el Estado de derecho, para no que haya más pérdida de vidas humanas y se sancionen los excesos, vengan de donde vengan.
“Todos tenemos algo que aportar para evitar nuevas desgracias y mejorar la situación”, dice el pedido eclesial. Y es cierto, porque las responsabilidades están plenamente identificadas: por ejemplo, de los 125 conflictos socioambientales registrados en julio pasado, 41 están relacionados con los gobiernos locales, 26 comprometen al Gobierno Central, 15 a las comunidades, 14 son enfrentamientos por demarcación territorial, 10 conciernen a problemas de índole regional, entre otros.
Es claro, pues, que la preocupación de la Iglesia Católica va más allá de cualquier intromisión política. Refleja lo que el papa Benedicto XVI ha escrito en su última carta encíclica “Caritas in veritate” (número 72), cuando señala: “También la paz corre a veces el riesgo de ser considerada un producto de la técnica, fruto exclusivamente de los acuerdos entre los gobiernos o de iniciativas tendentes a asegurar ayudas económicas eficaces []. No obstante, para que esos esfuerzos produzcan efectos duraderos, es necesario que se sustenten en valores fundamentados en la verdad de la vida. Es decir, es preciso escuchar la voz de las poblaciones interesadas y tener en cuenta su situación para poder interpretar de manera adecuada sus expectativas”.
EL COMERCIO
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