Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El aprofujimorismo sigue la vendetta en el Congreso.
Jorge Mufarech debe estar contento porque el sector aprista que se siente perjudicado por la difusión de los ‘petroaudios’, con la ayuda entusiasta del fujimorismo, arremetió contra Fernando Rospigliosi.
El ex ministro fue la nueva víctima de la vendetta desatada hace unos meses por algunos apristas. La Comisión Permanente del Congreso –presidida por esa ‘eminencia’ jurídica que es Martha Moyano– lo acusó constitucionalmente e inhabilitó de la función pública por un lustro.
El motivo de la acusación prestigia a Rospigliosi y enloda al Congreso: suscribir, hace siete años, un convenio con Pro Ética –integrado por entidades decentes como Transparencia, Adex, IPYS y la Comisión Andina de Juristas–, sin pago alguno, para combatir a la corrupción en las compras policiales.
Eso no les gustó a los mafiosos que siempre se benefician indebidamente en estos procesos, y la emprendieron con una serie de leguleyadas y amenazas propias de cuchilleros prostibularios que ya todos conocen.
Dicha pretensión coincidió con el afán de venganza de los perjudicados por la inmundicia de los ‘petroaudios’. Aurelio Pastor, experto aprista en operativos de baja policía, y quizá el parlamentario más vinculado a Jorge del Castillo –a quien habrán salvado legalmente pero a quien nadie le quitará el baldón de sus sospechosas visitas a la suite del pi***
dominicano–, reavivó la acusación contra Rospigliosi.
Esta se concretó ayer en la Comisión Permanente gracias a la confluencia del aprofujimorismo y la participación entusiasta de parlamentarios cuya ineptitud es imposible de camuflar. Pruebe, nomás, escuchar por un par de minutos a Karina Beteta y podrá constatarlo.
En la acusación también se quiere implicar a José Ugaz, quien, con Rospigliosi, participó en la denuncia de los ‘petroaudios’. Hoy, ambos son perseguidos por el sector aprista incómodo por esas revelaciones. Es la misma mano detrás de las hostilidades a Rosa María Palacios o de los despidos de los periodistas que investigaron y publicaron las denuncias.
¿Tendrá Confiep, ahora que Ricardo Briceño proclama que durante su presidencia el gremio les dará prioridad a la ética y al estado de derecho, algún comentario sobre esto que está ocurriendo, o se quedará en silencio como cuando Alan García dijo que él decidirá quién no será presidente?
¿Mario Vargas Llosa, a quien el Jefe del Estado escucha ahora con tanta atención, podría invitar al supremo a que pare esta vendetta que no es democrática ni decente? Y, por último, ¿qué hace Yehude Simon metido en medio de toda esta porquería?
LA REPUBLICA
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El aprofujimorismo sigue la vendetta en el Congreso.
Jorge Mufarech debe estar contento porque el sector aprista que se siente perjudicado por la difusión de los ‘petroaudios’, con la ayuda entusiasta del fujimorismo, arremetió contra Fernando Rospigliosi.
El ex ministro fue la nueva víctima de la vendetta desatada hace unos meses por algunos apristas. La Comisión Permanente del Congreso –presidida por esa ‘eminencia’ jurídica que es Martha Moyano– lo acusó constitucionalmente e inhabilitó de la función pública por un lustro.
El motivo de la acusación prestigia a Rospigliosi y enloda al Congreso: suscribir, hace siete años, un convenio con Pro Ética –integrado por entidades decentes como Transparencia, Adex, IPYS y la Comisión Andina de Juristas–, sin pago alguno, para combatir a la corrupción en las compras policiales.
Eso no les gustó a los mafiosos que siempre se benefician indebidamente en estos procesos, y la emprendieron con una serie de leguleyadas y amenazas propias de cuchilleros prostibularios que ya todos conocen.
Dicha pretensión coincidió con el afán de venganza de los perjudicados por la inmundicia de los ‘petroaudios’. Aurelio Pastor, experto aprista en operativos de baja policía, y quizá el parlamentario más vinculado a Jorge del Castillo –a quien habrán salvado legalmente pero a quien nadie le quitará el baldón de sus sospechosas visitas a la suite del pi***
dominicano–, reavivó la acusación contra Rospigliosi.
Esta se concretó ayer en la Comisión Permanente gracias a la confluencia del aprofujimorismo y la participación entusiasta de parlamentarios cuya ineptitud es imposible de camuflar. Pruebe, nomás, escuchar por un par de minutos a Karina Beteta y podrá constatarlo.
En la acusación también se quiere implicar a José Ugaz, quien, con Rospigliosi, participó en la denuncia de los ‘petroaudios’. Hoy, ambos son perseguidos por el sector aprista incómodo por esas revelaciones. Es la misma mano detrás de las hostilidades a Rosa María Palacios o de los despidos de los periodistas que investigaron y publicaron las denuncias.
¿Tendrá Confiep, ahora que Ricardo Briceño proclama que durante su presidencia el gremio les dará prioridad a la ética y al estado de derecho, algún comentario sobre esto que está ocurriendo, o se quedará en silencio como cuando Alan García dijo que él decidirá quién no será presidente?
¿Mario Vargas Llosa, a quien el Jefe del Estado escucha ahora con tanta atención, podría invitar al supremo a que pare esta vendetta que no es democrática ni decente? Y, por último, ¿qué hace Yehude Simon metido en medio de toda esta porquería?
LA REPUBLICA
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