Nuevamente debemos abordar el complejo caso de la empresa minera Doe Run, para rechazar la forma en la que viene presionando al Gobierno de modo que se le apruebe un polémico plan de salvataje.
Es comprensible todo el esfuerzo que se despliega para atender el problema social y laboral conexo. Entendemos la prioridad del factor humano, para mantener en actividad, y dentro de lo posible, la fuente principal de trabajo de todo un pueblo. Pero, el Estado no puede precipitarse con una empresa que muestra tan poca consideración por el medio ambiente, al punto que La Oroya es una de las diez ciudades más contaminadas del mundo. Además, un salvataje laxo sentaría un precedente sumamente nefasto para la actividad empresarial y la cultura ambiental.
Lo que el Gobierno y los peruanos debemos hacer es defender el interés nacional y preservar los recursos naturales, para que, igual que nosotros, sean disfrutados por las generaciones futuras. ¿Y es que acaso no vemos ahora las consecuencias del abuso contra la naturaleza, a través del calentamiento global y los deshielos, inundaciones y cambios climáticos rarísimos que perjudican la agricultura, la economía y la salud de los ciudadanos?
Tal es la preocupación de fondo que motiva nuestras campañas contra los depredadores de algas del sur chico y los dinamiteros que se presentan como seudopescadores artesanales, nuestro apoyo a la campaña mundial por una hora sin luz eléctrica y, entre otras cosas, nuestra denuncia contra la tardía reacción de Sedapal ante el escandaloso aniego en la Costa Verde.
En el caso de Doe Run, se trata de una empresa que ha venido contaminando inmisericordemente la región Junín y a la que reiteradamente se le ha dado oportunidades de adaptar sus operaciones a los estándares mundiales compatibles con la preservación del ecosistema y el respeto a la salud de la población.
Por lo mismo, así como exigimos el respeto a los contratos y a la seguridad jurídica de las empresas mineras, tenemos que ser inflexibles para exigir la aplicación estricta de los Programas de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA), que han sido incumplidos escandalosamente por Doe Run, cuyo historial internacional es ciertamente polémico.
En tal coyuntura, el Gobierno cometería un grave error si aprueba sin mayores condicionamientos el plan de salvataje de Doe Run y encima le prorroga, otra vez, el PAMA. Optar por esta alternativa significaría la abdicación de la razón y del Estado de derecho, con lo cual todos perderíamos a largo plazo, salvo los dueños de una empresa que seguiría lucrando con la salud de miles de pobladores y el envenenamiento del medio ambiente.
En todo caso, lo que podría hacerse es estudiar el esquema habitual de las juntas de acreedores para salvar a empresas privadas de la insolvencia o la quiebra.
Y por el nivel de destrucción del ecosistema, corresponde al Estado Peruano nombrar interventores que pueden ser del sector privado, de la sociedad civil o representantes del Gobierno por grados de especialidad. Ellos podrían asumir una especie de cogerencia, de modo que el salvataje financiero, de ser aprobado, se haga con un mínimo de garantías y bajo responsabilidad compartida.
En suma, así como defendemos la democracia, la libertad económica y la inclusión social, para El Comercio la conservación y preservación del medio ambiente es una cuestión de principios no transable. Como lo explicamos en nuestras Propuestas para una Agenda de Gobierno 2006, “el medio ambiente está para ser usado, pero no abusado”.
EDITORIAL EL COMERCIO
Es comprensible todo el esfuerzo que se despliega para atender el problema social y laboral conexo. Entendemos la prioridad del factor humano, para mantener en actividad, y dentro de lo posible, la fuente principal de trabajo de todo un pueblo. Pero, el Estado no puede precipitarse con una empresa que muestra tan poca consideración por el medio ambiente, al punto que La Oroya es una de las diez ciudades más contaminadas del mundo. Además, un salvataje laxo sentaría un precedente sumamente nefasto para la actividad empresarial y la cultura ambiental.
Lo que el Gobierno y los peruanos debemos hacer es defender el interés nacional y preservar los recursos naturales, para que, igual que nosotros, sean disfrutados por las generaciones futuras. ¿Y es que acaso no vemos ahora las consecuencias del abuso contra la naturaleza, a través del calentamiento global y los deshielos, inundaciones y cambios climáticos rarísimos que perjudican la agricultura, la economía y la salud de los ciudadanos?
Tal es la preocupación de fondo que motiva nuestras campañas contra los depredadores de algas del sur chico y los dinamiteros que se presentan como seudopescadores artesanales, nuestro apoyo a la campaña mundial por una hora sin luz eléctrica y, entre otras cosas, nuestra denuncia contra la tardía reacción de Sedapal ante el escandaloso aniego en la Costa Verde.
En el caso de Doe Run, se trata de una empresa que ha venido contaminando inmisericordemente la región Junín y a la que reiteradamente se le ha dado oportunidades de adaptar sus operaciones a los estándares mundiales compatibles con la preservación del ecosistema y el respeto a la salud de la población.
Por lo mismo, así como exigimos el respeto a los contratos y a la seguridad jurídica de las empresas mineras, tenemos que ser inflexibles para exigir la aplicación estricta de los Programas de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA), que han sido incumplidos escandalosamente por Doe Run, cuyo historial internacional es ciertamente polémico.
En tal coyuntura, el Gobierno cometería un grave error si aprueba sin mayores condicionamientos el plan de salvataje de Doe Run y encima le prorroga, otra vez, el PAMA. Optar por esta alternativa significaría la abdicación de la razón y del Estado de derecho, con lo cual todos perderíamos a largo plazo, salvo los dueños de una empresa que seguiría lucrando con la salud de miles de pobladores y el envenenamiento del medio ambiente.
En todo caso, lo que podría hacerse es estudiar el esquema habitual de las juntas de acreedores para salvar a empresas privadas de la insolvencia o la quiebra.
Y por el nivel de destrucción del ecosistema, corresponde al Estado Peruano nombrar interventores que pueden ser del sector privado, de la sociedad civil o representantes del Gobierno por grados de especialidad. Ellos podrían asumir una especie de cogerencia, de modo que el salvataje financiero, de ser aprobado, se haga con un mínimo de garantías y bajo responsabilidad compartida.
En suma, así como defendemos la democracia, la libertad económica y la inclusión social, para El Comercio la conservación y preservación del medio ambiente es una cuestión de principios no transable. Como lo explicamos en nuestras Propuestas para una Agenda de Gobierno 2006, “el medio ambiente está para ser usado, pero no abusado”.
EDITORIAL EL COMERCIO
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